Denunciar en México, una tarea peligrosa

La prensa mexicana revivió ayer las palabras que llevaron a la tumba a Benjamín Franklin Le Barón: “Aunque nos duele en el alma no vamos a pagar, preferimos ver a mi hermano muerto hoy, a que nos sigan matando a nuestros muchachos y en un año sean diez”. Así se pronunció el 3 de mayo pasado, horas después de que Érick Le Barón fuera secuestrado. Pedían un millón de dólares por él. En vez de ceder, Benjamín organizó a la comunidad mormona de la que era miembro activo, presionaron al Gobierno y, acorralados, los secuestradores cedieron… sólo para vengarse dos meses después de quien los desafió.
No pasa con cada secuestro. Pero de algunos de ellos surgen líderes que no pueden volver a su vida anterior. Tras el secuestro de su hermano, Benjamín encabezó dos luchas: la de no pagar los rescates y la de obligar a las autoridades a hacer su trabajo. Una foto en el periódico El Universal muestra a Benjamín, el pasado 1 de julio, reclamándole al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza (PRI), que el Estado proteja a quien denuncia. Quizá le pidió ayuda a la persona equivocada. Según datos del periódico Milenio, de 769 muertes violentas que hubo en México tan sólo en junio, 325 fueron en suelo chihuahuense, una extensión tan grande que podría ser un país aparte.
El mensaje de los criminales no pudo ser más explícito: la madrugada del martes derribaron las puertas y las ventanas de la casa de Benjamín Le Barón. Éste creía que eran soldados que lo iban a proteger de las amenazas que había recibido, porque iban vestidos como militares. Lo torturaron delante de sus hijos y tras llevárselo, junto con un cuñado que quiso ayudarle, dejaron una nota junto a los cuerpos asesinados: “Para que ora sí crean, va como venganza de los 25 jóvenes levantados y detenidos en Nicolás Bravo”. Firma: El General”. O sea, el narcotráfico. El crimen que ya no sólo trafica con estupefacientes sino que extorsiona y secuestra, en este caso en los alrededores de Galeana, Chihuahua, a 188 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Crímines ignorados
“El asesinato del señor Le Barón es terrible, ya que además implica que es una osadía que los ciudadanos salgamos a quejarnos de la inseguridad y a exigir que las autoridades actúen para que los criminales nos dejen de lastimar”, dice a EL PAÍS María Elena Morera, que en octubre de hace ocho años sufrió el secuestro de su esposo. Morera empezó desde entonces una cruzada para presionar a las autoridades.
Como Morera, Isabel Miranda de Wallace también vive una batalla que nunca pidió. El 11 de julio de 2005 secuestraron a su hijo Alberto. Las autoridades se desentendieron del caso, como pasa en el 99% de las ocasiones, ya que según las cifras sólo uno de cada 100 crímenes es debidamente castigado. Wallace no se conformó. En estos cuatro años ha logrado averiguar el paradero de los culpables en México y en Estados Unidos, al margen de los policías locales y federales que nunca quisieron investigar sobre el secuestro de su hijo. “El mensaje de la muerte del señor Le Barón es uno de impunidad de los criminales y de apatía e ineficacia por parte de los Gobiernos. Pero también uno de mucha valentía por parte de la sociedad”, explica por teléfono Wallace, quien reconoce que el asesinato del activista chihuahuense es un mensaje que busca generar miedo. “Pero yo ya crucé una frontera en la que ya no hay vuelta para atrás sino hasta que el país cambie”.
Wallace no volvió a ver a su hijo. Morera sí recuperó a su esposo. Sobre el mensaje que llega a los activistas con la muerte de Le Barón ella comenta: “No tengo miedo, mientras la sociedad se haga más fuerte las acciones de la criminalidad tendrán que bajar, aunque si el Estado no protege esto seguirá”.
Las noticias son que la comunidad mormona de Galeana tomará la justicia por su propia mano. Wallace y Morera, en cambio, son partidarias, a pesar de todo, de denunciar y exigir resultados. Por eso Pedro Galindo, el marido de la segunda, tras haber sido liberado grabó un anuncio de televisión en el que demanda acciones para esclarecer los al menos 500 secuestros que ocurren cada año en México. “Y si necesitan manos [ayuda])”, comenta el ex secuestrado, “les presto las mías”. Pedro Galindo muestra entonces las manos, a las que les falta cuatro dedos amputados por los secuestradores.
El País

UNA COLORADA

Encono y venganza

Lilia Cisneros Luján / El clamor, reiterado -y machacón en su difusión mediática- pidiendo cabezas de culpables en casos como jóvenes muertos en una discoteca o los niños calcinados en Sonora, casi siempre está envuelto en la palabra ¡Justicia! pero ¿realmente se busca este alto valor o promover la venganza social? Abundan, en la historia de muy diversos países, reveses para gobiernos incapaces de eliminar las causas de la injusticia y proclives en cambio, a encarcelar, flagelar y hasta matar a individuos “desobedientes al sistema que encabezan o los intereses creados que protegen. La opinión pública es convencida de que los infractores –por supuestamente causar daños en propiedad ajena en una manifestación o daño moral al expresar libremente sus opiniones e incluso daño a la salud por estar involucrados en crímenes diversos- etc.- han sido castigados, sólo porque se les sometió a un proceso e incluso por dictárseles una sentencia condenatoria.
Convencer a las masas, es una tarea relativamente fácil en esta época de comunicación eminentemente impersonal. Con el influjo de la comercialización publicitaria, propaganda política y manipulación de la mente, son pocos los que reflexionan acerca de la posibilidad de que el encarcelado o el desparecido, sean víctimas. Aun cuando el tiempo permita que un hombre de color privado por muchos años de su libertad llegue a ser presidente de Sud África o se demuestre cualquier suerte de inocencia de aquel señalado como guerrillero, comunista o terrorista, es difícil que tales casos puedan contener emociones subconscientes de animadversión y mucho menos rectificarlas; si acaso serán reprimidas las reacciones de odio para evitar la condena de los más lúcidos. Al igual que ocurrió durante el nacionalsocialismo nazi, los individuos son conducidos por un entramado de regulaciones altamente punibles respecto de actos que el gobernante en turno define como lesivos; esto, en la inmediatez, controla conductas intencionalmente agresivas pero, no previene la gestación de las peores emociones, como es el resentimiento, la ira, el odio, la rabia, el rencor y la enemistad. Ninguna de estas animadversiones se castigan en términos jurídicos; sin embargo son en sí mismas los elementos para un estallido violento, si son los pueblos quienes obedecen de forma reactiva a situaciones que no pueden controlar o al autoritarismo si rigen el actuar de quien gobierna y responde “auto defensivamente” de forma vengativa.
En una sociedad, donde el que tiene que comer –burócratas, trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas- roba impunemente –papelería, insumos del comedor de empleados, gastos de la caja chica etc.- el que tiene que investigar el delito holgazanea y el que tiene que servir o juzgar se colude con los que más tienen para atesorar en pocas manos lo que debiera ser de muchos, la ausencia de equidad produce necesariamente sentimientos de furia. Si tal virulencia –que es solo síntoma pero no causa- se generaliza, las manifestaciones que expresan inconformidad pueden convertirse en el estallido violento, en el cual se mezclen por igual, dolores confusos y situaciones no resueltas en lo individual, que el ensañamiento social por la victimización del perseguido sin causa, el ofendido sin reparación del daño y a veces sin siquiera la mínima atención de su caso, y hasta del inteligente excluido de las oportunidades de participación y desarrollo.
La crueldad rompe todo límite de piedad. Cuando el delito aumenta y la justicia se ausenta, las heridas personales y sociales se enconan, sin importar cuantas más cárceles se construyan. Las acciones implementadas en contra del crimen y para abatir la pobreza son ineficaces en México, porque tienen como sustento el desquite por medio del ajuste de cuentas y no al Estado de Derecho. Por no actualizar –legislativamente ni en su cumplimento- las leyes rectoras de las instituciones protectoras de la vida y los bienes de las personas, hemos vuelto al ojo por ojo y la ley de la jungla. Como si se tratara de una manada de bestias en lugar de una sociedad de humanos civilizados, parecen imponerse quienes consideran “dulce” a la venganza; pero si todos comprendiéramos que esta es la forma primaria de pensar del resentido, quizá rechazáramos hacerles el juego a personas que aspiran algo sin poder alcanzarlo. Necesidades no satisfechas –de aceptación, reconocimiento, identidad, logro y desarrollo integral- pueden producir “ideales” negativos. La venganza es el ideal del amargado, su amargura alimenta los rencores de otros y todo ello produce insatisfacción e infelicidad en quienes le rodean. Solo un debate franco entre sociedad y gobernantes, directo y sin los equívocos adyacentes a los intereses mediáticos o de grupo, puede detener el incremento de la tensión personal y social, traducida en sabotajes tácitos a todo lo que cualquiera propone. Si realmente tenemos la intención de mantener a México como nación libre, fuerte y soberana, es necesario hacer un alto en este drama sangriento, que hoy por hoy ha cobrado la vida de miles de ciudadanos, dejando sin empleo a millones, expulsando a nuestros mejores cerebros y brazos hacia otras latitudes y dejando aquí a un pueblo de resentidos que, por su misma condición es fácilmente manipulable. Tenemos derecho a ser felices. Clamemos por un cuestionamiento estructural, maduro y honesto, para recuperar el Estado de Derecho vulnerado por el bestial incremento de la saña entre todos los miembros de la sociedad. Los retos que en si mismos entrañan venganza, no son el mejor camino para el afecto, la simpatía y la armonía. Recuperemos los valores personales y sociales que nos han arrebatado, no solo el crimen, sino la incompetencia. Si como afirmó Epicuro: “La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”, propongámonos ser humanos y no bestias ávidas de matar a cualquiera que le represente amenaza

La guerra al ‘narco’ multiplica las denuncias contra el Ejército mexicano

Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: “Pinches putas, al final es lo que les gusta…”. Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: “Ni la Virgencita te va a salvar”. En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron…
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 “crímenes atroces” cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
“Una de las principales causas”, señala el informe, “de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente”.
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?…
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. “El Gobierno federal”, explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (…) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos”. Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados… Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: “Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares”.
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: “Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas”.
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?
El País