Convocan a marchas mundiales contra Chávez

Los creadores del grupo “No más Chávez” en las redes sociales Facebook y Twitter convocaron para el viernes 4 de septiembre a una marcha mundial contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, publica hoy la prensa local.
“Estamos cansados de que el presidente Chávez nos insulte, insulte a Latinoamérica y al mundo, y nos trate de imponer a punta de mentiras, de miedo y de mala educación, su revolución anacrónica y delirante”, señalan los creadores del grupo en su convocatoria.
Entre los convocantes figura un grupo de colombianos, que precisa que “la marcha es contra Chávez” y en favor de los “hermanos venezolanos, colombianos y latinoamericanos. Sólo contra Chávez”.
Asimismo, los colombianos que integran el colectivo señalan que están cansados de ver como nadie “es capaz de parársele de frente a Chávez y decirle: ¡Ya no más!”.
“Por esa razón el viernes 4 de septiembre será el pueblo el que le dirá a Chávez: ¡Ya no más!, saldremos todos en una multitudinaria y pacífica marcha para decir a una sola voz que estamos cansados de Chávez”, añaden los organizadores, que también cuentan con la página web www.nomaschavez.org
Los colombianos fueron citados a la concentración en los mismos puntos de las principales ciudades del país donde el 4 de febrero de 2008 se realizaron las marchas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convocada también por Facebook.
Según el diario bogotano El Tiempo, el próximo lunes se realizará una reunión preparatoria en la sede de la Fundación Un Millón de Voces, que convocó a la marcha de febrero de 2008, “en la que participará el congresista Simón Gaviria, quien no forma parte del comité organizador”.
Excélsior

Detenida la cónsul colombiana en Caracas

La guardia venezolana ha detenido a la cónsul de Colombia en Caracas, María Elvira Cabello, junto con otros 50 compatriotas, cuando realizaban labores de documentación con residentes colombianos, según ha informado la cancillería de ese país y los medios locales.
La cónsul ha denunciado a la emisora colombiana Caracol Radio que se ha producido una violación de la inmunidad diplomática. Según Cabello, los policías decomisaron documentos y equipos del consulado y luego trasladaron al grupo a una comisaría. “Se violó la inmunidad diplomática al detenernos los computadores y la papelería de nosotros, al solicitarnos que les entregáramos nuestros documentos de identificación donde dicen que éramos diplomáticos y nos los devolvieron cuando llegamos a la sede de la policía de Caracas”, ha asegurado la diplomática.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió recientemente congelar las relaciones con Colombia a raíz del acuerdo de este país con Washington para el uso de sus bases militares por fuerzas estadounidenses y de las acusaciones sobre un supuesto desvío de armas venezolanas a la guerrilla colombiana de las FARC.
El País

El dinero perdido de las FARC

El archivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asedia al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y ha puesto al rojo vivo las relaciones entre Bogotá y Quito. Primero los ordenadores de Raúl Reyes, número dos de la guerrilla; luego, un vídeo del Mono Jojoy, su jefe militar, y ahora un supuesto diario personal del propio Reyes dan cuenta de las relaciones clandestinas de la guerrilla con el equipo de Correa y la financiación de su campaña electoral en 2006.
Un mensaje de Raúl Reyes, muerto en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador, anuncia, en octubre de 2006, la aportación de 400.000 dólares. La cifra coincide con las sumas ingresadas en efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País, la formación del entonces candidato Correa, y con los gastos de campaña no justificados ante las autoridades electorales.
El presidente ecuatoriano ha rechazado con vehemencia cualquier contacto o aportación de las FARC. Pero con unas evidencias cada vez más comprometedoras, Correa, que en 10 días iniciará un nuevo periodo presidencial, parece estar cambiando de estrategia: sugiere que alguien pudo haber usado su nombre para sacarle dinero a la guerrilla, que maneja fondos cuantiosos gracias a sus actividades en el narcotráfico, y ha ido cortando por lo sano con los colaboradores más señalados por los documentos incautados.
Se trata de un grupo que mantenía relaciones con las FARC mucho antes de que Correa se lanzara a la batalla política, y que se integra después en su círculo cercano. Entre ellos está el general René Vargas, actual embajador en Caracas; el coronel Jorge Brito o el ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea y su asesor José Ignacio Chauvín, adscritos a la izquierda radical y admiradores de Hugo Chávez. En nombre de Correa, negociaron donaciones o acuerdos con la guerrilla.
Un análisis del conjunto de los correos electrónicos hallados en los ordenadores de Raúl Reyes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, permite reconstruir la bitácora de los contactos con bastante precisión.
La primera mención a Rafael Correa aparece en septiembre de 2006, apenas un mes antes de la primera vuelta electoral. Las FARC, fieles a su tradición intervencionista en la política ecuatoriana, aún no habían decidido a qué candidato de la izquierda prestar su apoyo, tanto financiero como de movilización de votos en las provincias fronterizas. Les buscaban León Roldós y Lucio Gutiérrez, pero Reyes se había fijado en Correa. “Bien valdría la pena hacerle monitoreo”, le dice a una de sus más conspicuas corresponsales, alias Alicia (identificada por Colombia como María Augusta Calle, luego diputada de Alianza País).
El interés de la guerrilla aumenta tras la visita del coronel Brito al campamento base de Reyes, instalado de forma estable en Sucumbíos, al norte de Ecuador. Brito le explica los compromisos de campaña de Correa: cerrar la base estadounidense de Manta, “disminuir las tropas en la frontera con Colombia, establecer relaciones con las FARC al más alto nivel y convenir formas de colaboración recíproca”, además de convocar una asamblea constituyente, entre otros puntos. “Como es obvio solicitan nuestro aporte en motivar a la gente de la frontera y alguna ayuda económica. Respondimos con el cuidado requerido”, escribe Reyes el 24 de septiembre de 2006.
Las FARC se hacen de rogar. No acaban de confiar en el joven candidato. “Realmente le falta consistencia política e ideológica”, escribiría Reyes aún después de haber decidido ayudarle. Pero “pese a sus inconsistencias y de carecer de un pasado revolucionario, sí ha expresado posiciones antiimperialistas, amistosas con Cuba, Venezuela, Bolivia y la lucha revolucionaria de las FARC”.
Las críticas de Correa al Plan Colombia contra el narcotráfico y las fumigaciones de cultivos ilícitos en zona fronteriza animan a las FARC. Un rápido intercambio de consultas entre los dirigentes del Secretariado desemboca en la decisión, anunciada por Pedro Marín, Tirofijo, máximo jefe de las FARC, el 12 de octubre de 2006, de donar 100.000 dólares recolectados entre los diferentes bloques de la guerrilla.
“El 13 de los corrientes me entrevisté nuevamente con el coronel Jorge Brito y el Médico Ayala, les transmití el saludo del Jefe y del Secretariado deseándoles éxitos en el día de las elecciones y la decisión de aportarles cien mil dólares, más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a votar por ellos”, escribe Raúl Reyes a sus compañeros de las FARC el 14 de octubre de 2006, un día antes de la primera vuelta electoral en Ecuador. “De una vez le hice entrega de dicha cantidad al Coronel, quien emotivamente agradeció a nombre del candidato Rafael Correa. Edgar me hizo el préstamo. Amigos del Frente 48 hicieron una recolecta de otros 300 mil dólares para la misma campaña, me dice Edgar” [Se trata de Edgar Tovar, jefe del Frente 48, que controla la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador].
A lo largo de los días siguientes, la cuenta única abierta por Alianza País en el Banco de Machala registró depósitos en efectivo por un total de 487.848 dólares, según un informe de las autoridades electorales. Además, la auditoría realizada a los gastos de campaña, publicada por el diario El Comercio, no pudo establecer la procedencia de 412.000 dólares gastados por Alianza País en la segunda vuelta electoral, celebrada el 26 de noviembre y que llevó a Correa a la presidencia.
El expediente no tuvo recorrido. En octubre de 2008, a punto de ser disuelto por la nueva la Asamblea Constituyente, el Tribunal Electoral dio carpetazo al asunto. Sin embargo, la espinosa cuestión de la financiación ilegal a la campaña de Alianza País volvería a explotar poco después, tras la ofensiva llevada a cabo por la fiscalía antinarcóticos ecuatoriana contra el cartel de los hermanos Ostaiza, que opera en el norte del país y comercializa la droga de las FARC. Jefferson, Edison y Miguel Ostaiza eran, de hecho, los principales clientes del Frente 48. La inteligencia colombiana cree que los Ostaiza son, precisamente, la fuente de esa recolecta de 300.000 dólares que menciona Reyes en su mensaje.
Sobre todo después de que las investigaciones de la fiscalía ecuatoriana destaparan una turbia red de contactos que tiene como eje a José Ignacio Chauvín, amigo de los Ostaiza, de Raúl Reyes y del entonces ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, que lo nombró subsecretario. Según testigos y grabaciones en poder de la fiscalía, Chauvín aseguraba que los Ostaiza “querían contribuir con mucha plata al proceso” electoral.
El escándalo provocó la salida de Gustavo Larrea del Gobierno, justo después de que Colombia diera a conocer su reunión con Raúl Reyes en enero de 2008. Larrea justificó el encuentro como un intento de mediación para la liberación de los rehenes de las FARC, pero el mensaje que Reyes dejó escrito en su ordenador el 18 de enero de 2008, añade otros datos inquietantes. Larrea expone el “interés del presidente Correa de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC”, su “disposición a coordinar actividades sociales e intercambio de información en la frontera”, “cambiar a los mandos de la fuerza pública con comportamientos hostiles” y demandar a Colombia por las fumigaciones… “Tienen claro que Uribe representa los intereses de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías y es peligroso para la región”, concluye Reyes.
La complicidad entre los amigos de Correa y las FARC no termina ahí. Chauvín y Larrea utilizaban a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) para dar cobertura a los guerrilleros. Chauvín les facilitaba carnés y documentación de esa ONG, muy conocida en Suramérica, para que pudieran moverse libremente en la frontera y organizaba redes de información camufladas en organizaciones de “solidaridad campesina”.
Mientras todo esto ocurría, las autoridades colombianas se desesperaban ante la falta de colaboración de sus pares ecuatorianos. El general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, insiste en que ellos pasaron puntual información a Quito sobre la ubicación de los campamentos de las FARC en Ecuador, incluido el de Raúl Reyes, sin que nunca obtuvieran respuesta. El coronel ecuatoriano Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, asegura que esas coordenadas nunca llegaron a los mandos sobre el terreno. Esa falta de confianza fue la que llevó a Colombia a ocultar al Gobierno ecuatoriano su intención de atacar el campamento de Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008.
¿Cuál es el papel de Rafael Correa en toda red de contactos con las FARC? ¿Sabía lo que hacían sus colaboradores? El presidente ecuatoriano ha mantenido desde el principio una postura muy beligerante contra el Gobierno de Álvaro Uribe. Rompió relaciones con Colombia tras el bombardeo contra el campamento de Reyes, por la violación del territorio ecuatoriano, y ha llevado la batalla al terreno comercial, al instaurar unos aranceles especiales a más de 1.300 productos colombianos.
Sin embargo, al mismo tiempo, se ha ido desmarcando de los colaboradores más polémicos. José Ignacio Chauvín fue encarcelado (aunque poco después recuperó la libertad por “irregularidades en el procedimiento”). Gustavo Larrea perdió el ministerio y vio frustrada su intención de convertirse en diputado de la Asamblea Constituyente, lo que le hubiera garantizado la inmunidad. Correa, además, asegura que el general Jorge Brito nunca formó parte de su equipo de campaña. Y no ha dudado en retirar la inmunidad a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, cuyos dirigentes se han volatilizado.
¿Ha sido Correa víctima de un abigarrado sector militar y civil, vinculado a las FARC y al narcotráfico, que ha estado actuando a sus espaldas? Así lo cree el ex jefe de inteligencia ecuatoriano Mario Pazmiño. En una entrevista a la revista Semana, Pazmiño asegura que Correa está siendo engañado. La inteligencia colombiana lo duda: varios testimonios y documentos indican que Correa sí estuvo de acuerdo en solicitar apoyo electoral a las FARC. Aunque tal vez, admiten estas fuentes, algunos miembros de su equipo llevaron las cosas “demasiado lejos”.
El País

Reservan su derecho a declarar dos mexicanos acusados de nexos con las FARC

Dos mexicanos acusados de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se reservaron hoy viernes el derecho a declarar, al comparecer en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
“Nos estamos reservando el derecho de declarar. Solamente estamos tomando nota y sabiendo de qué cosa se está acusando”, dijo Enoc Escobar, abogado defensor de Ángel Fermín García Lara y Margarita Villanueva Gallegos. “Vamos a presentar una declaración por escrito con pruebas documentales y testimoniales”.
García Lara y Villanueva Gallegos forman parte de un grupo de 15 personas, entre ellos Lucía Morett, demandados por dos organizaciones civiles mexicanas por supuesto apoyo a las FARC.
Morett y un grupo de mexicanos, de los cuales cuatro murieron, se encontraban en un campamento de las FARC en Ecuador atacado el 1 de marzo de 2008 por el Ejército de Colombia, en un bombardeo en el que murió Raúl Reyes, el segundo en la jerarquía de la guerrilla.
De acuerdo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México, José Antonio Ortega, que es uno de los demandantes, todos ellos formaban parte de una red de apoyo a las FARC.
García Lara es, según la acusación, el Fermín que aparece en correos electrónicos encontrados en la computadora de Reyes.
“Definitivamente, nadie ha participado en hechos delictivos, menos como parte de las FARC, ni en recibir dinero ni en correos electrónicos. Eso es una gran mentira”, aseguró el abogado defensor.
“Esta es una falsa acusación. Se basa en recortes de periódicos, en testigos de oídas. Los hechos que se investigan tienen que ser hechos comprobables, no presuncionales (sic)”, agregó.
Escobar confió en que el procedimiento ante la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO concluya en esta etapa “porque no hay pruebas”.
Además, anunció que presentará una contrademanda contra las dos organizaciones que presentaron la acusación, hace un año.
“Nosotros estamos ya actuando en materia internacional pero sobre todo nos estamos dirigiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que resguarde los derechos fundamentales no sólo de Morett, sino de todos”.

Confirma FARC que liberarán a dos secuestrados

Las FARC ratificaron que liberarán a dos militares secuestrados y entregarán los restos de un tercero fallecido en cautiverio, a la vez que saludaron la autorización dada por el gobierno a la senadora Piedad Córdoba para que reciba a los uniformados, se informó el sábado.
“Recibimos con expectativa la autorización que le otorgó el gobierno…es el pleno reconocimiento oficial a la seriedad de sus gestiones humanitarias”, dijeron las FARC en un mensaje enviado a la senadora Córdoba y que la legisladora divulgó el sábado a la prensa en un correo electrónico.
La senadora Córdoba se encuentra en una visita a Nicaragua y no retorna al país sino hasta el domingo, informó su oficina de prensa.
Los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijeron además que si el gobierno del presidente Alvaro Uribe había facultado a Córdoba para recibir a los rehenes, era porque “seguramente muy pronto (el gobierno) nos hará conocer una propuesta acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, sus delegados y los nuestros, van a poder precisar los términos de un acuerdo de canje” o intercambio de secuestrados por guerrilleros en prisión.
El pronunciamiento rebelde, sin embargo, no explicó las razones por las cuales las FARC creían que el gobierno estaba dispuesto a discutir ese canje, un intercambio siempre rechazado por Uribe.
“Mientras se produce ese pronunciamiento presidencial podemos organizar para que reciba (Córdoba) al cabo Pablo Emilio Moncayo, al soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez y los restos del capitán (Julián) Guevara tal como lo comunicamos” en declaraciones conocidas en abril y junio pasado.
El cabo del ejército Moncayo está en poder de las FARC desde diciembre de 1997, el soldado Calvo fue capturado en abril último, mientras Guevara, quien estaba retenido desde noviembre de 1998, murió en cautiverio, según han dicho ex rehenes.
Tras varios meses sin mencionar el asunto, Uribe anunció el pasado 8 de julio que Córdoba, miembro del opositor Partido Liberal, contaba con el permiso y respaldo oficial para ir a recibir a los rehenes, pero que debía ser de los 24 uniformados y no sólo alguno de ellos.
Córdoba ha dicho que espera reunirse con Uribe para discutir detalles de las liberaciones, pero el gobierno aún no anuncia si recibirá o no a la senadora. La congresista ha gestionado y recibido en el pasado a por lo menos media docena de secuestrados tras obtener de las FARC, de forma confidencial, las coordenadas del sitio en que los recoge en la selva usando helicópteros civiles y en compañía de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Un jefe de las FARC asegura que la guerrilla financió a Correa

En un vídeo difundido este viernes por la agencia AP, el jefe guerrillero de las FARC, Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, asegura que la organización terrorista contribuyó a la financiación de la campaña presidencial del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, en 2006.
La noticia de un supuesto vínculo entre las FARC y Correa no es nueva. El gobierno colombiano asegura que cuando incautó el famoso ordenador de Raúl Reyes, difunto líder guerrillero, encontró hasta cuatro documentos de 2006 en los que algunos jefes de las FARC mencionaban pagos a la campaña de Correa.
El vídeo muestra a Briceño frente a un ordenador portátil en medio de la selva, dirigiéndose a un grupo de unos 250 combatientes. El jefe guerrillero reconoce que muchos de los secretos de su organización han quedado al descubierto debido a las operaciones de las autoridades colombianas. Entre estos menciona la “ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos”.
El vídeo, no obstante, supone un episodio más en las difíciles relaciones entre Quito y Bogotá. A principios de julio el juez ecuatoriano Daniel Méndez ordenó la detención del ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, acusado de ser el artífice de la Operación Fénix, desarrollada en territorio del país vecino, que en marzo de 2008 terminó con la muerte de Raúl Reyes, cabecilla de las FARC, y 25 personas más. La operación militar supuso un duro golpe para el grupo guerrillero y una victoria importante para Colombia, pero provocó que las relaciones con Ecuador se quebraran. Álvaro Uribe, presidente colombiano, ha afirmado que no tiene intención de entregar a Santos.
Por otra parte está el reciente acuerdo entre Colombia y Estados Unidos por el que el último podrá utilizar algunas bases militares del país sudamericano. Con este acuerdo EE UU pretende reemplazar las operaciones que hasta ahora llevaba a cabo en la base ecuatoriana de Manta. El cambio de bases, según algunos políticos colombianos, podría aumentar la tensión con los vecinos Ecuador y Venezuela.
En el vídeo, que dura aproximadamente una hora, el guerrillero también confirma la muerte de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, líder fundador de las FARC, que murió el 26 de marzo de 2008 de un infarto. Según han informado fuentes de la fiscalía colombiana, el documento fue encontrado por la policía en un registro el pasado 29 de mayo en una casa de Bogotá, donde fue arrestada la presunta guerrillera Adela Pérez.
Ecuador responde
La respuesta de Quito a las acusaciones no ha tardado en llegar. El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, ha negado lo dicho por Briceño en el vídeo y ha asegurado que el ejecutivo de su país “no tiene ninguna relación” con la guerrilla. Para Carvajal, la acusación forma parte de una “ofensiva política” orquestada desde Bogotá y un intento más por justificar el bombardeo de 2008 en territorio ecuatoriano. El propio Correa ha negado en varias ocasiones que su gobierno tenga algo que ver con las FARC.
El País

Las armas ilegales desangran Latinoamérica

Los recientes juicios contra dos de los más conocidos traficantes de armas, el ruso Víktor Bout -alias El Mercader de la Muerte- en Tailandia (pendiente de extradición a EE UU para agosto) y el sirio Monser al Kassar (condenado en febrero a 30 años de prisión en Nueva York), han revelado lo sencillo que es meter armas ilegalmente en América Latina, el papel crucial que desempeña Centroamérica, en especial Nicaragua, en este negocio, y la amenaza que supone que un país como Venezuela fabrique sus propios fusiles y municiones.
Para detener a Bout y Al Kassar, la agencia antidroga estadounidense alegó que ambos intentaron vender lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ruta prevista para ambas operaciones era similar: las armas partían desde Rumania o Bulgaria y entraban por Nicaragua. Desde el país centroamericano se iban a arrojar con paracaídas sobre territorio colombiano.
“No hay pruebas de que el Gobierno de Ortega sea cómplice del tráfico, pero sin duda el país tiene enormes lagunas legales que facilitan el tráfico ilegal”, dice Roberto Orozco, experto nicaragüense del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. “Es verdad que no se puede afirmar que Managua esté directamente involucrada, pero hay que recordar que Ortega ha dado cobijo a narcoterroristas de las FARC”, replica el colombiano Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia en Bogotá.
Los puertos nicaragüenses están entre los mayores coladeros de armas en la región, según fuentes de Defensa de EE UU. “En especial el puerto de Corinto”, apunta Orozco. “Es el único de aguas profundas y está controlado por el Ejército y la policía, que hace la vista gorda. No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de barcos que atracan allí, pero no hay que pensar en veinte o treinta, con dos o tres bien cargados es suficiente para abastecer al mercado de miles de armas”, añade.
Hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina, según el Centro para la Información de Defensa (CID) de Washington. Cualquier criminal, hasta el más imbécil, tiene acceso a una pistola y hasta a un fusil. Ni hablar de las narcoguerrillas y el crimen organizado, éstos se hacen con un lanzacohetes como cualquier español con una barra de pan.
Los datos son brutales. La tasa de homicidios -140.000 al año, según el Banco Mundial- es más del doble del promedio mundial. Varios países tienen un índice de crímenes por cada 100.000 habitantes más que alarmante: Brasil, 28; Colombia, 65; El Salvador, 45; Guatemala, 50; Venezuela, 35. La violencia también golpea a la economía latinoamericana. El coste de esta lacra se estima en un 14,2% del PIB regional. según el informe Crimen y Violencia en el Desarrollo del Banco Mundial.
Además, el tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico. En Perú, hace unos meses, saltaron todas las alarmas cuando el Ejército comprobó que los resquicios de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, hoy dedicada a la producción y venta de cocaína, tenían en su poder lanzacohetes RPG-7, ametralladoras pesadas y fusiles Kaláshnikov, todos de origen ruso. El rearme senderista ya ha costado la vida a medio centenar de soldados peruanos en 12 meses.
A finales de abril, los senderistas intentaron derribar el helicóptero en el que viajaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Contreras. El coronel Jorge de Lama iba en el aparato. “Nos dispararon dos granadas de RPG, pero por suerte cayeron lejos. No creo que supieran que iba el general Contreras, simplemente apuntaron a un helicóptero militar que estaba en su zona”, relata De Lama, refiriéndose al valle de los ríos Apurimac y Ene, la inaccesible zona de Ayacucho donde Sendero ha estado desde que se creó en los ochenta. El Ejército peruano se resiste a revelar las rutas de abastecimiento de armas de los senderistas, pero no se atreve a negar que el puerto amazónico de Iquitos es un agujero negro para la seguridad del país. A esta ciudad estaban destinados los 50.000 Kaláshnikov que Vladimiro Montesinos, el siniestro ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el Gobierno de Fujimori, compró en Jordania. Sin embargo, 10.000 de esas armas acabaron en manos de las FARC. El resto nunca se entregó porque Ammán detuvo la operación.
Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil, el golfo de Urabá, que une Colombia y Panamá, el triple límite entre Paraguay, Brasil y Argentina -zona donde Hezbolá tiene una fuerte influencia-, son algunos de los principales puntos de contrabando en la región. Sin embargo, Centroamérica y, en especial Guatemala y Nicaragua, han adquirido en los últimos años especial relevancia como puerta de entrada de los cargamentos.
Rangel recuerda que así como Nicaragua ya es clave en el comercio ilegal, Venezuela desempeña un papel relevante. Como buena parte de las armas que acaban en el mercado negro proceden de la policía y el Ejército -robadas o vendidas por los propios agentes o militares-, hay serios temores de que parte de los 100.000 Kaláshnikov que Caracas compró a Rusia acaben en manos de los narcos. Sin embargo, el mayor peligro, apunta Rangel, lo constituirá la fábrica venezolana, bajo licencia, de armas y municiones rusas.
Mientras que las armas abundan en la zona, las municiones escasean. El calibre 7,62 mm, que usan los fusiles rusos AK-103 adquiridos por Venezuela, es el más deseado por la región y en especial por las FARC, que aún poseen al menos 5.000 armas que necesitan esta munición. Hoy se consigue en Perú y Bolivia, pero en poca cantidad. La fabricación de este calibre en Venezuela ofrecerá a las narcoguerrillas una fuente ilimitada de municiones dentro del continente.
Aparte de los canales de tráfico de armas que se remontan a la época de auge de las guerrillas, en los setenta y ochenta, se han afianzado en la región aquellos controlados por el crimen organizado. Los intercambios de droga por armas que los carteles de la droga colombianos inauguraron a mediados de los noventa con la mafia rusa han proliferado. Así como la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren el mismo camino en sentido contrario.
Adelaida Vásquez y Carolina Gabea son testigos casi a diario de este tráfico. Ambas son fiscales de Ciudad del Este, la urbe paraguaya pegada a Brasil y Argentina y uno de los mayores focos de contrabando de armas de Suramérica y paso del tráfico desde Brasil hacia Perú y Colombia. Tienen una queja común: pocos recursos y el enemigo en casa. “La policía nacional no sólo no nos ayuda, nos boicotea. Tenemos un grupo de agentes especiales, pero son pocos ante tanto delito”, explica Vázquez, que sobre drogas y armas lo ha visto todo. “Una vez confiscamos una ametralladora antiaérea a unos narcos… no me lo podía creer”, añade. Vázquez es de Ciudad del Este, pero Gabea lleva en la ciudad cuatro años, es de Asunción. “Es peligroso ser legal y trabajar acá, pero ¿sabe qué?, si uno se mantiene limpio el narco no suele meterse con uno. Es parte del juego”, dice Gabea.
El País

Cae en México un presunto jefe de las FARC

La policía mexicana ha detenido este viernes a Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Jaime Cienfuegos, presunto miembro de la comisión internacional de las FARC. Su captura ha sido posible gracias a la información hallada en los ordenadores de Raúl Reyes, número dos del grupo terrorista, abatido en Ecuador en una operación militar del ejército colombiano en marzo de 2008. Tras su captura, el Gobierno mexicano ha ordenado la inmediata expulsión del jefe guerrillero a su país de origen.
El director de la policía colombiana, el general Oscar Naranjo, ha asegurado que tras su captura el detenido ha sido deportado a Colombia. Sin embargo, las autoridades mexicanas han contradicho esta información afirmando que Cienfuegos fue expulsado del país por no “cumplir con los requisitos migratorios”. En cualquier caso, el presunto jefe tenía “un perfil terrorista bastante sofisticado”, como ha sugerido Naranjo. Y es que Cienfuegos no era un guerrillero cualquiera. La Policía le acusa de gestionar recursos para las FARC en otros países y de escribir artículos de opinión a través de la página electrónica de Anncol, un portal de difusión del grupo terrorista. Además, según ha informado el diario colombiano El Tiempo, el presunto cabecilla ejercía como profesor en la Universidad Autónoma Nacional de México, al parecer con documentos falsos.
México fue un importante centro de operaciones para las FARC durante la década de los noventa. Sus principales líderes encontraron en el país norteamericano un lugar donde moverse con facilidad.
El País

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