Ebrard: Iztapalapa llegó a un límite

El conflicto político desatado por la decisión de Rafael Acosta Juanito de retomar el control de la delegación Iztapalapa se acentuó ayer cuando tomó posesión de su oficina y anunció el cese de Clara Brugada como directora general de Jurídico y Gobierno.
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, advirtió que la situación en la demarcación “ya llegó a un límite”, por lo que se solicitará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una alternativa de solución que garantice los servicios públicos, que operan a la mitad de su capacidad.
Por la tarde, la fracción perredista dio a conocer que hoy iniciará el proceso para destituir a Acosta al presentar una solicitud de remoción ante la Comisión Jurisdiccional de la ALDF.
Los argumentos que se utilizarán contra el delegado en funciones serán “propiciar el desorden” y llevar a Iztapalapa a la “ingobernabilidad”.
El vocero de la bancada perredista, Alejandro Sánchez, previó que el dictamen lo tendrá la Comisión en dos o tres semanas y será entonces cuando se presente ante el pleno.
El domingo pasado el gobierno de la ciudad mencionó que el conflicto quedaría superado ayer lunes.
La vía que impulsa el PRD en la Asamblea es la misma que previeron las autoridades: el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del DF establece que la ALDF, a solicitud del jefe de gobierno o de los diputados, podrá remover a delegados “por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten el funcionamiento de la administración pública”.
Para presentar la solicitud de remoción sólo se necesitan las firmas de 22 legisladores y para avalarla se requiere mayoría absoluta (44 votos). Los perredistas suman 34 y si se considera a los petistas la cifra sube a 40, por lo que aún tienen que negociar con otros partidos.

SME llama a usarios a no pagar consumo de luz

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), invitó a los usuarios de energía eléctrica de las entidades donde tenía influencia Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a que se amparen y no paguen el servicio del suministro hasta en tanto no se resuelva el conflicto jurídico entorno a esa empresa.
Los secretarios del Interior y Exterior, de esa organización, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, respectivamente señalaron que los ciudadanos podrán interponer un amparo de forma gratuita para lo cual trabajan en un formato y darán asesoría en coordinación con el SME integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En conferencia de prensa, Amezcua sostuvo que los usuarios pueden “quitar y tirar a la basura” el medidor que les cambie la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el de LyFC, pues con quien hicieron el contrato es con esta última y no con la primera, la cual se está dando a la tarea de realizar esa acción ilegalmente.
Los dirigentes de electricistas coincidieron en que en virtud de que no hay quien tome lectura de medidores y quien les cobre, que no paguen y que se amparen, pues además previeron que cuando se les exija que cumplan con el pago de la energía utilizada, este será muy elevado.
Por oto lado, recordaron la realización deun paro cívico nacional para el próximo 11 de noviembre al cumplirse un mes del decreto de extinción de LyFC, en el que se prevé la participación de varias organizaciones sindicales, campesinas y sociales, en el marco del cual se realizará una “mega marcha” por la tarde.
Reiteraron hoy asambleístas del PRD, PT y Convergencia, presentarán una controversia constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de San Lázaro en contra del citado decreto.
Lo anterior, paralelamente a otra controversia constitucional que interpondrá el municipio de Tetepango, Hidalgo, cuyo alcalde Marco Aurelio Estrada Flores, es primo de Martín Esparza.
Por la tarde de hoy, se realizará un mitin en la explanada del Monumento a la Revolución, a donde asistirán además de ex trabajadores, intelectuales, profesores, políticos y estudiantes, con quienes iniciará una recolección de firmas en contra de la extinción de LyFC.
El jueves próximo, integrantes del SME realizarán una “huelga política”, en protesta por el “despido injustificado” y “el intento de desaparecer LyFC”, en cuyas instalaciones se pondrán banderas rojinegras.
Para el viernes 6 del presente mes, entregarán en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda por despido injustificado de las más de 44 mil personas que prestaban sus servicios en esa empresa, al tiempo que exigirán el pago de salarios caídos y la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
Ese mismo día convocaron a todos los integrantes del SME a que acudan a manifestarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la audiencia sobre el amparo de suspensión provisional respecto al decreto en cuestión.(El Universal)

Amnistía Internacional demanda libertad de indígena Jacinta

Amnistía Internacional (AI) calificó como “presa de conciencia” a la indígena mexicana Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales, y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostiene que Jacinta Francisco está encarcelada “únicamente por su situación social marginal y pobre”, lo que ha limitado su capacidad de responder ante la Justicia de los hechos que se le imputan.
En concreto, la indígena fue detenida el 3 de agosto de 2006, acusada de participar en el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigaciones del país norteamericano durante una operación contra vendedores de DVD piratas en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
El conflicto estalló cuando los agentes entraron a este mercado e intentaron confiscar los productos de varios vendedores, a lo que éstos respondieron pinchándoles las ruedas de algunos vehículos.
A pesar de que la tensión tan sólo duró unas horas, los agentes denunciaron esa misma noche ante la Procuraduría General que habían sido secuestrados durante varias horas, aunque en ningún momento de su declaración mencionaron a la acusada.
Sin embargo, después de que un diario local publicase una foto del incidente en la que la indígena aparecía tras uno de ellos, los agentes reconocieron a Francisco.
Fue entonces cuando la indígena fue llevada a comisaría, donde se le acusó formalmente del delito.
“El caso de Jacinta es un escándalo”, manifestó el investigador de Amnistía para México, Rupert Knox, que añade que este caso es “un ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas”.
Así, AI denuncia que en el momento de su detención y su posterior traslado al Centro de Readaptación de San José El Alto, la indígena hablaba muy poco español, pese a lo cual no se le asignó ningún intérprete.
Además, la organización censura que su abogado defensor nunca habló con Francisco para explicarle la situación y que, según el testimonio de la propia acusada, tan sólo se limitaba a permanecer sentado en un rincón de la sala mientras a ella le obligaban a firmar papeles “que no entendía”.
Asimismo, AI asegura que la única prueba que se presentó en el juicio contra la indígena fue la instantánea aparecida en prensa y que, ni siquiera, los agentes implicados comparecieron para proceder a su reconocimiento en persona.
“Lo que le ha ocurrido a Jacinta -prosigue Knox- demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social”.
Por su parte, Jacinta Francisco, que lleva ya tres años entre rejas, ha confesado a la organización la impotencia que sintió cuando ingresó en la cárcel “sin haber hecho nada malo”.
“En ese momento -afirma la indígena- lloré, lloré y dije ¿ahora qué? Cuando escuchaba las puertas abrirse pensaba que ojalá me dejaran ir, pero no ocurría”.
En la actualidad, Jacinta Francisco continúa encarcelada a la espera de que se celebre un nuevo juicio, después de que el pasado 17 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México admitiese que se habían detectado “graves irregularidades” y que se habían presentado “pruebas falsas” en el proceso.
El Universal

México anula las condenas por la matanza de indígenas en Chiapas

La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México anuló este miércoles por deficiencias en el proceso las penas de cárcel impuestas a una veintena de condenados por la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida en Acteal, en el sureño estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
La decisión implica que los reos, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y a unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
“No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad”, dijo el magistrado Juan Silva Meza.
La Sala Primera de la SCJN celebró el miércoles una sesión en la que, por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, optó por declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas.
La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que “de manera inmediata se ponga en libertad” a los hasta hoy condenados por delitos relacionados con la masacre.
Repetición de juicios
Pese al anuncio, el Supremo deja aún en el aire el destino de otros 32 encarcelados, cuyos recursos dependen del magistrado, y obliga a la repetición del juicio de 9 sentenciados más, dijo Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.
La matanza en Acteal de 45 indígenas pertenecientes a la comunidad religiosa ‘Las Abejas’ cuando estaban orando, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, conmovió en su momento a México y a la opinión pública internacional por la forma en que fue realizada y porque ocurrió en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con grupos paramilitares.
Críticas a la instrucción penal
Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso que fue considerado endeble en su investigación e instrucción penal.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un “crimen de Estado” del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y al ex presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, dijo el martes que los condenados por la matanza de Acteal “fueron injustamente acusados” y pidió su puesta en libertad.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró sobre la base de los testimonios aportados que los condenados eran culpables, y sostuvo que liberarlos dejaba “en la impunidad” un “crimen de lesa humanidad”.
El Mundo

Costa Rica mediará en Honduras

EE UU se convirtió ayer en el epicentro de los esfuerzos diplomáticos para zanjar la crisis hondureña. El destituido presidente Manuel Zelaya se reunió con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en el encuentro de mayor nivel hasta el momento con la Administración Obama. A la salida de la reunión, Clinton declaró que existía un entendimiento entre todas las partes para “evitar la violencia” y dijo haber recomendado a Zelaya hacer todo lo posible para evitar una situación como la del domingo, cuando el mandatario sobrevoló el país. Los disturbios causaron un muerto.
“Tiene que haber un mejor camino”, manifestó Clinton a las puertas del Departamento de Estado en Washington. “Instamos a todas las partes a evitar actos de violencia y a buscar una solución constitucional pacífica y duradera a las serias divisiones de Honduras a través del diálogo”, declaró Clinton.
Insistió en que había llegado la hora de iniciar “el diálogo” y manifestó su apoyo a que el presidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, sea el mediador. El arbitraje de Arias fue aceptado tanto por el Gobierno de hecho de Roberto Micheletti como por Zelaya, que viajó a Costa Rica desde Washington. [Como mediador, el presidente costarricense anunció anoche que las conversaciones para solucionar el conflicto hondureño comenzarán mañana en San José con la presencia de Zelaya y de Roberto Micheletti, informa Efe].
Horas antes de la entrevista, un alto funcionario de la Administración Obama declaró que una opción era tratar de forjar un compromiso entre Zelaya, el presidente de hecho Micheletti y las Fuerzas Armadas para que el depuesto mandatario pudiera retornar y terminar los seis meses de Gobierno que le quedan con poderes limitados y claramente definidos. A cambio, Zelaya abandonaría sus aspiraciones de reformar la Constitución con el fin de lograr la reelección. Ayer, tras la reunión con Clinton, Zelaya dijo que no descartaba un adelanto de las elecciones como posible solución a la crisis, aunque dejó claro que el actual Gobierno de hecho “no está legitimado para convocarlas”.
Mientras tanto, en Tegucigalpa, Xiomara Castro, la esposa del presidente Zelaya, que permanecía escondida desde que los militares secuestraron a su marido y lo expulsaron del país, se puso ayer al frente de una gran manifestación de condena al golpe de Estado. En un momento de la marcha, los manifestantes se toparon con una barrera de policías que había recibido la orden de no dejarlos pasar. La multitud los dejó a un lado sin que se produjeran enfrentamientos y la primera dama se acercó a ellos para abrazarlos y agradecerles su actitud pacífica.
No fue la única manifestación que ayer recorrió las calles de Tegucigalpa. Los partidarios del Gobierno de facto también hicieron notar su fuerza y volvieron a ocupar el Parque Central. La noticia más comentada tanto en una como en otra marcha fue la propuesta formulada ayer mismo por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera: “El Congreso podría conceder una amnistía a Manuel Zelaya por los delitos de que se le acusa y así él podría volver al país sin temor a ser detenido”.
El País

Reconoce el SITEM la respuesta del gobierno estatal

El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios (SITEM), Joel Murgo Huerta, destacó la respuesta que recibió de parte del Gobierno del Estado para levantar el plantón que mantuvieron durante algunos días integrantes de esa organización frente a Palacio de Gobierno.
“Sé que la intención del Gobernador era ésta, dialogar, porque ya nos dio respuesta en este sentido”, comentó.
“Con ésta solución que nos da el gobierno estatal, a través de sus funcionarios, entramos en otra etapa de trabajo, y no nada más con nosotros, sino con las autoridades estatales y municipales”, agregó.
Asimismo Murgo Huerta externó su reconocimiento al Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez.
“El doctor siempre ha sido un hombre bien intencionado, y hoy sacó esa buena voluntad para promover los acuerdos necesarios para que llegara a buen término este conflicto”, dijo.

Muere italiana que causó encendido debate sobre la eutanasia

Eluana Englaro, la mujer de 38 años de edad que llevaba 17 en coma vegetativo, falleció, anunció este lunes el ministro de Salud italiano, Maurizio Sacconi, a los senadores reunidos para examinar un proyecto de ley que buscaba impedir la suspensión de la alimentación autorizada por la justicia.
Los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de Eluana Englaro, fallecida tres días después de que los médicos retiraran las sondas que la alimentaban e hidrataban.
El padre de Eluana logró que los doctores suspendieran el viernes pasado la alimentación e hidratación de su hija, luego de que la Corte Suprema del país votó a su favor. Sin embargo, después de este triunfo comenzó el conflicto político.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, emitió un decreto en el que obligaba a los médicos a continuar todos los procedimientos para mantener viva a Eluana, mientras que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien tiene capacidad para vetar los decretos ejecutivos, se negó a firmar el decreto del primer ministro.
Posteriormente la crisis se trasladó a la camara alta, donde comenzaron esta semana los debates sobre el caso, y esta noche el Senado italiano estaba reunido de urgencia para examinar un proyecto de ley presentado por el gobierno del conservador Silvio Berlusconi para impedir la muerte de la mujer.
La familia de Eluana consiguió en diciembre pasado una autorización judicial para dejarla morir. El viernes los médicos dejaron de alimentarla y de hidratarla y se limitaban a administrarle sedantes para que no sufriera.
“Que el Señor la acoja y perdone a los que la llevaron hasta aquí”, comentó a la prensa local el ministro de Salud del Vaticano, Javier Lozano Barragán.
La eutanasia está prohibida en Italia y no existe un acuerdo sobre la voluntad de individuos que autorizan la desconexión de sustento artificial en caso de caer en coma.
La Jornada

Emerge magnitud de la destrucción en Gaza

La escala de la devastación en la Franja de Gaza después de tres semanas de ofensiva israelí se está poniendo de manifiesto, luego de que Israel y la organización militante palestina Hamas declararan cese el fuego.

EL CONFLICTO EN CIFRAS
1.300 palestinos muertos
13 israelíes muertos
4.000 casas destruidas
Decenas de miles de desplazados

El director de operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), John Ging, dijo que medio millón de personas han estado sin agua desde que comenzó el conflicto y que muchas tampoco tienen electricidad.
Según las autoridades palestinas, 1.300 palestinos murieron durante el conflicto. El gobierno de Israel dijo que 13 de sus ciudadanos perdieron la vida.
Cerca de 4.000 casas fueron destruidas y decenas de miles de personas se han quedado sin hogar. Muchas de ellas buscaron refugio en escuelas de la ONU en Gaza.
Ging señaló que lo más importante es llevar suministros básicos a la Franja de Gaza.
“Tenemos una gran operación de recuperación y de reconstrucción por delante, pero nada será posible, por supuesto, en ninguna escala, hasta que se abran los pasos fronterizos”, le dijo el funcionario a la BBC. (Redacción. BBC Mundo)

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