FCH pide suprimir la policía municipal

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear una comisión que revise el modelo de organización policial en el país, luego de que el presidente Felipe Calderón pidió examinar el esquema actual “para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados”.
El mandatario recordó que la sociedad civil y los gobiernos estatales han planteado la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, en muchos casos superadas por la delincuencia organizada. Calderón inauguró ayer la sesión 27 del Consejo.
Propuso analizar la posibilidad de tener cuerpos policiales “más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que los actuales”.
Calderón reconoció que las policías municipales enfrentan serias limitaciones ante el poder de intimidación del crimen, por lo que se requiere fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana.
Un diagnóstico preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública afirma que unas mil 200 corporaciones municipales no tienen más de 30 integrantes, por lo que las funciones de seguridad que cumplen podrían ser absorbidas por la policía estatal.
La dependencia estimó que el nuevo modelo, que plantea unir las aproximadamente 2 mil 100 corporaciones municipales en 32 grupos estatales, podría funcionar a más tardar en 18 meses.
El proyecto plantea la creación de policías estatales fuertes y sólidas, pero también prevé mantener en operación las corporaciones municipales sólo si cumplen esas características, pero bajo control de los cuerpos de los estados, y con la cobertura de la Policía Federal.
Los gobernadores de Tabasco, Andrés Granier; de Veracruz, Fidel Herrera, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyaron la propuesta. Recomendaron tomar en cuenta experiencias de policías unitarias exitosas, como la Montada de Canadá, los carabineros de Chile y la Nacional de España.

UNA COLORADA

Procuración de justicia
Por: Lilia Cisneros Luján

El caso de Jacinta Francisco Marcial, y otras dos mujeres indígenas habitantes del estado de Querétaro, es emblemático más allá del mediano interés puesto en el mismo por algunos reporteros de medios electrónicos, a los cuales seguramente alguien de sus socios le otorgará un premio. A esta ciudadana se le acusó falsamente por agentes de la PGR y la AFI, cuya conducta ilícita y prepotente fue repelida, por habitantes de un pueblo cansado de sufrir abusos. ¿Quién fue el responsable de organizar el supuesto secuestro y la repulsa a estos criminales de uniforme? Sin duda ¡Fuente ovejuna Señor! Pero los AFIS no estaban dispuestos a tragarse lo que ellos visualizaron como una afrenta y se la cobraron, a una mujer, con serias limitaciones para comprender el español y aun más los procedimientos de ministerios públicos que, lejos de salvaguardar los derechos de quienes se presumen inocentes, utilizan la representación social no para investigar, muchos menos para procurar justicia y ni pensar que lo hagan para perseguir a delincuentes.
Lo más grave del caso de Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán es que, como ellas, cientos si no es que miles de ciudadanos somos víctimas de estos pseudo representantes sociales. Si acaso Usted es el agraviado por un defraudador que le vendió una casa mal construida, un ratero que se llevó su bolsa, el coche o entró a su casa a ver que hurtaba; de entrada tiene que soportar un interrogatorio en la mesa del MP que se afana más por asentar en su denuncia, si el denunciante es vicioso, si desconfía de alguien de su familia o si puede identificar enemigos. Con un poco de buena suerte encuentra un abogado serio y comprometido que desde el primer momento fija sus honorarios –altos porque debe incluir los gastos “solicitados” por el MP, para no enviar su expediente al “no ejercicio” o la reserva- aunque ni esto lo salva desde el primer momento, de la advertencia generalizada, acerca de las fuertes dificultades para que prospere su caso porque “le falta un documento” o “no tiene testigos”, aun cuando se trate de violación, homicidio o lesiones. Ah, pero los malos, esos que le siembran droga, le fabrican delitos –molestos contra el pequeño empresario que descubrió el robo hormiga en su empresa, o el funcionario honesto que los denuncia ante las contralorías y hasta el acosador rechazado por la secretaria- esos si se entienden $$$ muy bien con esta ralea de “investigadores” cuya riqueza es por demás explicable como resultado de una impunidad sin límites.
En estricto derecho, los AFIS que acusaron a Jacinta y sus dos vecinas, los ministerios públicos que integraron y consignaron el expediente y hasta los jueces que las privaron de su libertad, deberían ser responsables de muchos delitos, empezando por falsedad en declaración, y todas las que resulten de una conducta vengativa, prepotente o cuando menos negligente. ¿Se puede llamar justicia, la simple excarcelación de una de estas tres mexicanas después de tres años de prisión derivados de un proceso amañando, en el cual ellas no fueron advertidas nunca de lo que se les imputaba? ¿A cuantas personas conoce, presas en reclusorios, acusadas de un homicidio no cometido? Sé, del caso de un joven en esta condición en el penal de Barrientos. Se le amenazó con recluir a la madre para obligarle a firmar su confesión. A esta madre se le imputaba “haber salido corriendo para ocultar el arma homicida”, solo que dicha señora tiene secuelas de polio que casi le impiden movilizarse y el hijo lleva encerrado mucho más tiempo que Jacinta. Todos saben que el homicida fue un agente pero que “al muchacho le tocó estar en el lugar y la hora equivocados y se convirtió en chivo expiatorio” Es lamentable escuchar que en México el riesgo más grave de un ciudadano es, ser inocente y resulta trágico asumir que solo quienes están conectados con las altas esferas pueden aspirar a la justicia.
En la inauguración del Seminario Permanente de Actualización Política convocado por la organización Constitución y República Nuevo Milenio, en la cámara de diputados para plantear una agenda legislativa con la opinión ciudadana, el doctor en derecho Cesar Garizurieta, lamentó reconocer que en nuestro país “la justicia es una mercancía”. Su costo es alto –dijo- se oferta al mejor postor, no al que tenga la razón ni conozca la verdad, sino al que más pague. Y el pago, lo sabemos todos, no solo es en dinero, sino en prebendas. ¿Por qué no se juzga y castiga a los responsables de asesinar 12 mujeres diariamente? Preguntó el jurista luego de analizar la exclusión del derecho a la salud de mujeres imposibilitadas de atender su cáncer por el alto costo de las medicinas y; el mismo razonamiento podríamos extender a todos aquellos “con seguro popular” o sin éste, que fallecen de diabetes o de toda suerte de enfermedades provocadas por una alimentación chatarra. El delito, raya en cinismo cuando “un maldito gen” recién descubierto como supuesto precursor de estas enfermedades en el mexicano, se utiliza como excusa para exonerar a quienes han convertido a México en el país con más obsesos del planeta.
Cuando además de excarcelar a Jacinta se deje en libertad a las otras dos señoras otomíes, se les repare el daño a las tres y se encierren a quienes fueron los actores de esta infamia, tal vez podamos hablar de justicia. Estaremos más cerca de la justicia, cuando las contralorías internas sancionen y luego separen de los puestos, a los MP que piden dinero para aceitar su investigación. Habrá justicia cuando los agentes investigadores –judiciales, AFIS o como quiera que se les rebautice- sean severamente sancionados por extorsionar tanto culpables como agraviados; los jueces juzguen en vez de legislar con cada caso que resuelven y los MP realicen su trabajo de investigación con seriedad, gratuidad e imparcialidad.
Hasta en tanto esto no ocurra, podrán aumentarse hasta el infinito los recursos generados con el trabajo del pueblo para pagar policías, fiscales y juzgadores; porque México seguirá siendo el país de la impunidad, la inseguridad jurídica o física y el reino de la maldad.

Justicia y reconocimiento a trabajadores de salud

En un acto de justicia, el Gobernador Ney González Sánchez entregó 374 adscripciones definitivas a igual número de trabajadores de la Secretaría de Salud, “sin condiciones de ningún tipo, ya que nadie les tiene que decir que se afilien a un partido o que voten por un partido, ni nada de eso; ustedes se lo ganaron con el esfuerzo, y el gobierno tiene la obligación de darles una respuesta”, dijo.
Acompañado del Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez, y del Secretario de Salud, Omar Reynoso, el mandatario nayarita entregó las plazas a los trabajadores, y comentó que “este es un paso importante para la familia; un poco más de estabilidad para la familia, y que sea un estímulo también del gobierno para ustedes”.
El Gobernador Ney González manifestó que el primer mensaje es de felicitación por este logro, por alcanzar una meta, “y que de aquí se sigan fijando nuevas metas”.
Asimismo, les aclaró que cuando entró de Gobernador recibió un problema, “porque nunca se firmaron las actas, ya que sólo estaba la firma del titular de la Secretaría de Salud, antecesor de Roberto Mejía, por lo que existieron irregularidades muy serias”.
“Así basificaron a 34 personas; con una semana, otra cantidad; con dos semanas, otra cantidad; ya pasó, ya está hecho —señaló—; les puedo dar nombres de los que tenían unas horas, un día; nombres y apellidos de quienes ustedes ya saben, eran los que estaban en la oficina; eran los chipocludos, si no reconocen el nombre es porque era el hijo del que estaba a cargo de esta oficina, o a veces ellos personalmente”.
Comentó el mandatario que con Mejía Pérez —cuando ocupaba el cargo de Secretario de Salud—, y con el dirigente de los trabajadores anterior, “me comprometí a hacer un plan de ataque para resolver el problema”.
“No llegué a gobernador escondiéndome; llegué a gobernador con una filosofía: los problemas son para resolverlos y no para crear más problemas; así se debe trabajar en la vida; así que les hice un plan: vamos a resolverlos gradualmente, porque no quedó en el presupuesto ni un peso”, indicó.
Explicó que se hizo un plan gradual para que, “en el tiempo de período de Ney González, en el 2011, todos los trabajadores basificados, los que se lo merecían y los que no se lo merecían también, tengan el cien por ciento de las prestaciones, como el resto de los trabajadores; cuentas claras, amistades largas, esto es lo que tenemos”, puntualizó.

Costa Rica mediará en Honduras

EE UU se convirtió ayer en el epicentro de los esfuerzos diplomáticos para zanjar la crisis hondureña. El destituido presidente Manuel Zelaya se reunió con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en el encuentro de mayor nivel hasta el momento con la Administración Obama. A la salida de la reunión, Clinton declaró que existía un entendimiento entre todas las partes para “evitar la violencia” y dijo haber recomendado a Zelaya hacer todo lo posible para evitar una situación como la del domingo, cuando el mandatario sobrevoló el país. Los disturbios causaron un muerto.
“Tiene que haber un mejor camino”, manifestó Clinton a las puertas del Departamento de Estado en Washington. “Instamos a todas las partes a evitar actos de violencia y a buscar una solución constitucional pacífica y duradera a las serias divisiones de Honduras a través del diálogo”, declaró Clinton.
Insistió en que había llegado la hora de iniciar “el diálogo” y manifestó su apoyo a que el presidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, sea el mediador. El arbitraje de Arias fue aceptado tanto por el Gobierno de hecho de Roberto Micheletti como por Zelaya, que viajó a Costa Rica desde Washington. [Como mediador, el presidente costarricense anunció anoche que las conversaciones para solucionar el conflicto hondureño comenzarán mañana en San José con la presencia de Zelaya y de Roberto Micheletti, informa Efe].
Horas antes de la entrevista, un alto funcionario de la Administración Obama declaró que una opción era tratar de forjar un compromiso entre Zelaya, el presidente de hecho Micheletti y las Fuerzas Armadas para que el depuesto mandatario pudiera retornar y terminar los seis meses de Gobierno que le quedan con poderes limitados y claramente definidos. A cambio, Zelaya abandonaría sus aspiraciones de reformar la Constitución con el fin de lograr la reelección. Ayer, tras la reunión con Clinton, Zelaya dijo que no descartaba un adelanto de las elecciones como posible solución a la crisis, aunque dejó claro que el actual Gobierno de hecho “no está legitimado para convocarlas”.
Mientras tanto, en Tegucigalpa, Xiomara Castro, la esposa del presidente Zelaya, que permanecía escondida desde que los militares secuestraron a su marido y lo expulsaron del país, se puso ayer al frente de una gran manifestación de condena al golpe de Estado. En un momento de la marcha, los manifestantes se toparon con una barrera de policías que había recibido la orden de no dejarlos pasar. La multitud los dejó a un lado sin que se produjeran enfrentamientos y la primera dama se acercó a ellos para abrazarlos y agradecerles su actitud pacífica.
No fue la única manifestación que ayer recorrió las calles de Tegucigalpa. Los partidarios del Gobierno de facto también hicieron notar su fuerza y volvieron a ocupar el Parque Central. La noticia más comentada tanto en una como en otra marcha fue la propuesta formulada ayer mismo por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera: “El Congreso podría conceder una amnistía a Manuel Zelaya por los delitos de que se le acusa y así él podría volver al país sin temor a ser detenido”.
El País