CNDH priorizará seguridad y atención a víctimas

Los temas de seguridad pública y de atención a víctimas del delito serán dos de las prioridades que atenderá la CNDH, en coordinación con todos los grupos, instancias e instituciones de los tres niveles de gobierno, expuso Raúl Plascencia.
En entrevista el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló que el tema de Seguridad Pública “es muy importante que lo atendamos para evitar que la injusticia siga extendiéndose”.
Destacó que el hecho de que se tenga sólo 2% de eficiencia institucional en materia de investigación de delitos “deja muy claro que tiene que trabajarse de manera importante”.
Además la CNDH también trabajará con organismos de la sociedad civil para conocer de qué forma se atienden sus problemas, cómo están trabajando con las autoridades, cómo se previenen las violaciones a los derechos humanos y cómo se dan solución a diferentes problemas.
De esta forma, informó el ombudsman nacional, se promoverá una correlación entre las necesidades sociales y las políticas públicas, y sobre todo que la injusticia disminuya.
El titular de la CNDH, indicó “que la ineficiencia de investigación permite que sólo dos de cada 100 delincuentes estén en prisión”, lo que se puede superar para lograr una eficiencia más aceptable.
En el caso de la participación de las fuerzas castrenses en materia de Seguridad Pública, refirió que “sin duda el Ejército no tiene porqué estar cumpliendo funciones de policía”.
“Lamentablemente lo está haciendo ahora por una cuestión de emergencia en materia de seguridad pública. Buscaremos que a la brevedad los policías puedan hacerse cargo de la función que les corresponde”, comentó.
En cuanto al tema de atención a las víctimas de delito frente al uso y abuso del poder, el trabajo de la CNDH y el de las dependencias de los tres niveles de gobierno se deberá orientar a ayudar, proteger y atender debidamente a las víctimas.
Respecto al área especial para atender a las víctimas de secuestro, reveló que actualmente 20 personas en promedio han estado trabajando muy vinculadas con las víctimas y con las personas desaparecidas.
De esa manera se pretende optimizar los recursos y aprovechar al personal que ya desempeña una función de apoyo a las víctimas y a la sociedad en general.
Plascencia Villanueva mencionó que entre los grupos vulnerables se encuentran los niños, las mujeres, los migrantes, las comunidades y los pueblos indígenas, las personas de las tercera edad, así como los individuos con discapacidad de algún tipo, entre otros.
Expresó que el diseño de la CNDH tiene la virtud de ser 100% autónoma, por lo que “buscaremos en buena medida defender la autonomía y trabajar en beneficio de la sociedad”.
De la misma forma el próximo año se trabajará sobre todo en los temas de la reestructuración de la institución y en la evaluación de cada una de sus áreas, respecto a cómo se están desempeñando.
Otro ángulo en el que la CNDH estará enfocado es el trabajo con organizaciones nacionales e internacionales; en lo sucesivo también se promoverá una mayor comunicación con los tres niveles de gobierno.
Además se hará un reporte de rendición de cuentas y de la eficacia de los funcionarios por lo menos cada tres meses para que la transparencia sea total, inclusive aprovechando la tecnología, como lo es la propia página electrónica de la Comisión.
Esto, agregó, servirá para que se pueda conocer hacia dónde se está orientando el ejercicio presupuestal y “que no haya duda alguna de que se está ejerciendo con la máxima responsabilidad”.
También se trabaja en un diagnóstico de los derechos humanos, instrumento que partirá de la experiencia y del trabajo que se ha hecho, pero también de las problemáticas que han detectado en varios lugares del país, abundó el titular de la CNDH.
“Es muy distinto lo que sucede en el sur de la República que en el norte, en la zona urbana que en la zona rural, e identificando la problemática lugar a lugar podemos también diseñar estrategias de actuación para cada circunstancia”, añadió.
Se calcula que en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Senadores se presenten las propuestas correspondientes para las reformas legislativas, para que exista una sanción a los funcionarios que se nieguen a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Por otra parte, explicó que con la reducción del presupuesto confía en que no tenga que haber despidos de personal y se intentará que el impacto de esa disminución de recursos no genere una baja en el desempeño de esta institución. (EL UNIVERSAL)

Ciudad Juárez: el dolor por los abusos

Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.
“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.
El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.
Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.
La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.
En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.
El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.
“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.
Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.
La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.
De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.
“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.
Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.
En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.
Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.
El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.
La ciudad se ha nutrido durante dos años de este tipo de historias de “limpieza”. El desconsuelo ciudadano aumenta porque hasta ahora ningún funcionario ha sido castigado por los delitos que comete, dice Hugo Almada, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembro del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social AC.
“Cuando miles de ciudadanos son testigos de cómo se cometen excesos y no existe castigo ni voluntad siquiera de las autoridades para admitir tales ilegalidades, es muy difícil guardar algún tipo de esperanza”. Por el contrario, quienes señalan los excesos son acusados de ser cómplices de los narcotraficantes.
“Los señalamientos en su mayoría son ciertos y están documentados. Pero la posibilidad de que te acusen de trabajar para intereses de alguna organización criminal es grande; con ello descalifican o pretenden descalificar los señalamientos en contra”.
La política de rechazo a cualquier señalamiento en contra de la Operación Conjunta nace desde las más altas instancias de gobierno.
A mediados de noviembre, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, culpó a los juarenses de su situación. “La ola de violencia por la que atraviesa Juárez se debe atribuir a la apertura que algunos sectores sociales dieron a los negocios ‘lícitos’ del crimen organizado y a las relaciones de ‘cooperación’ con grupos delincuenciales que ahora se vuelven en contra de la ciudad”, declaró el 19 de noviembre.
Gómez Mont jamás hizo mención de excesos de las fuerzas federales, a pesar de las constantes denuncias, muchas presentadas ante el Ministerio Público.
En marzo, unos 50 agentes de la Policía Federal fueron acusados formalmente de extorsión por vendedores de autos usados y yonkeros de una zona comercial conocida como La Curva.
Los oficiales exigieron mil dólares a cada comerciante. La extorsión fue atestiguada por reporteros de un diario local que circunstancialmente entrevistaban a uno de los vendedores. Semanas después, sólo uno de los oficiales fue presentado ante el Ministerio Público.
Quienes han hecho señalamientos directos en contra de las fuerzas federales por lo regular son amedrentados mediante llamadas telefónicas, dice el visitador Gustavo de la Rosa. Esa es la causa predominante para que muchos de los afectados guarden silencio.
“Está cabrón, porque el mensaje es muy claro: si tú te atreves a denunciarme, te irá mal. ¿Qué se puede hacer cuando un sistema opera de tal forma para reprimir a una sociedad?”.
En julio, Javier González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL que jueces y ministerios públicos fabricaban juicios a inculpados presentados por los militares, así fueran inocentes.
Eran las tres de la madrugada del 11 de junio de 2008 cuando un comando de soldados irrumpió en la casa de Yolanda. “Estuvieron esculcando, vaciaron el refrigerador y encontraron mil 800 pesos en la mochila de mi hijo. En la casa no encontraron droga ni armas, pero de todas formas se llevaron a mi esposo”.
En el exterior, uno de sus hijos escuchó cuando un militar le decía al jefe del grupo: “No les encontramos nada, ¿para qué nos lo llevamos?”, a lo que el mando contestó: “Después vemos qué hacemos con él, algo ha de saber”.
Jesús fue presentado ante el Ministerio Público federal el 15 de junio. El parte militar reportó que el arresto se realizó el 14 de junio y que le decomisaron 3 kilos 200 gramos de mariguana.
En su denuncia Yolanda señala que su esposo estuvo incomunicado tres días en los que fue brutalmente golpeado. Sostiene que los vecinos del barrio fueron testigos de la detención militar. Sin embargo, a Jesús se le acusa de portación de drogas cuando en su casa no se encontró nada.
Hasta el 15 de septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Quejas documentaron mil 200 quejas por cateos ilegales del Ejército como parte del Operativo Conjunto Chihuahua.
Adicionalmente mantienen abiertas investigaciones por presunta participación de militares en la muerte y desaparición de 21 personas —20 hombres y una mujer—, todos menores de 35 años. Entre ellos están dos hombres que desaparecieron el 31 de enero de 2009.
En la última comunicación de Carlos con su novia, éste le comentó que iba a encontrarse con unos militares que tenían retenido a un hombre por portación de mariguana y que le estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, señala el expediente.
Carlos, en su calidad de gestor, intervendría legalmente en el caso. Pero su compañera sentimental, quien pide el anonimato por seguridad, señala que desde las 13:00 horas de ese día no ha vuelto a saber nada de él.
Un hombre, quien se identificó como Delta, denunció que en el cuartel militar, en la calle Barranco Azul, había dos detenidos muy golpeados quienes prácticamente no podían moverse. La descripción de estas dos personas coincide con la de Carlos y su amigo.
Mediante una llamada telefónica, Delta señaló que sentía lástima por las dos personas porque llevaban días sometidos a constantes interrogatorios y torturas. “Por favor traten de hacer algo por ellos”, dijo. Carlos y su amigo continúan desaparecidos. (El Universal)

El Apá murió por un infarto al miocardio: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que Sergio Humberto Ortiz, alias El Apá, falleció a las 21:47 horas del jueves víctima de un infarto al miocardio en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos.
En un comunicado la dependencia precisó que Ortiz Juárez fue ingresado al Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por presentar múltiples patologías y un severo deterioro en su salud.
Mencionó que autoridades del Gobierno del Distrito Federal solicitaron a esta dependencia su ingreso al Centro Federal, para que el detenido fuese atendido en condiciones de seguridad por su delicado estado de salud desde diciembre de 2008.
El Apá, quien fuera considerado presunto líder de la banda La Flor, fue detenido en el Distrito Federal y quedó a disposición del juez 32 Penal, dentro de la causa penal 292/2008 por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio y robo.
Durante el tiempo que estuvo recluido en dicho centro, añade el texto, se le facilitaron los cuidados necesarios y se le brindó tratamiento y atención médica en instalaciones hospitalarias externas cuando fue requerido.
Asimismo se proporcionaron las facilidades necesarias para ser visitado por sus familiares hasta el día de su muerte. El deceso fue informado a sus deudos a efecto de que lleven a cabo las gestiones correspondientes para sus funerales. (El Universal)

Alertan sobre magnitud de trata de personas en AL

La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral afecta gravemente a América Latina, advirtió hoy la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Chile.
Este delito ha ido ‘in crescendo’, por lo que Naciones Unidas ’se ha visto obligada a crear una convención en la que los países miembros se comprometen a combatirlo y proteger las víctimas’, indicó la jefa de la OIM en Chile, Gabriela Rodríguez.
Señaló que la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado transnacional, tras el tráfico de drogas y de armas, además de que representa un grave problema de violación a los derechos humanos.
Esa situación explica la preocupación internacional y la necesidad de que los Estados actúen con prontitud y eficiencia en el combate contra las bandas que operan en la región.
Indicó que el carácter del delito, la vulnerabilidad de las víctimas y la situación de precariedad en que se encuentran no permite tener una visión clara de la cantidad de personas afectadas y de los recursos que se mueven en beneficio de los traficantes.
Las propias víctimas a veces no se reconocen como tales, o no testifican por temor o por vivir en permanente secuestro, violencia o manipulación criminal, señaló.
Rodríguez dijo que en general la víctima no tiene control sobre su vida, no tiene documentación porque el traficante le quita su documentación, tiene deudas que nunca logran ser pagadas, es presionada o vinculada a otros delitos como el narcotráfico.
Las mujeres caen en las redes de explotación sexual comercial y los menores caen en pornografía, explotación laboral, mendicidad o en adopciones ilegales.
La representante en Chile de la OIM indicó que también hay hombres víctimas de la trata de personas, en su mayoría con fines de explotación laboral.
Las modalidades de la trata son muy diversas, ya que además de los fines ya señalados, está también la venta de órganos, subrayó Rodríguez.
La funcionaria declinó precisar cifras sobre las víctimas, aunque algunas organizaciones no gubernamentales hablan de cinco millones de personas en América Latina.
Otras fuentes estiman que los traficantes ganan entre cuatro mil y cinco mil dólares de acuerdo con el lugar de origen de la víctima y al lugar de destino.
Notimex

Secuestro de inmigrantes es una práctica común: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) admitió que los secuestros de inmigrantes, principalmente de centroamericanos, se han convertido en una práctica constante en este país, por donde cruzan decenas de miles de indocumentados en busca de llegar a Estados Unidos.
“Los secuestros a inmigrantes (…) se han convertido en una práctica común, y es por ello que hemos empezado a emitir los lineamientos concretos para atender esta situación”, dijo en rueda de prensa la comisionada del INM, Cecilia Romero.
También lamentó que muchas de las víctimas “no aceptan ayuda para levantar una denuncia y prefieren regresar a sus lugares de origen”.
Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que mensualmente son secuestrados más de mil 600 inmigrantes que atraviesan por territorio mexicano hacia Estados Unidos y que además son sometidos a vejaciones que suelen quedar impunes por la corrupción de las autoridades.
El INM “asume su responsabilidad” de garantizar el respeto a los derechos humanos de los indocumentados y como parte de su “obligación” participa en un Informe gubernamental sobre secuestros de indocumentados en México y que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad, conformado por diversos ministerios mexicanos.
“El INM está reforzando y participando en este informe en el que además se ha comenzado a trabajar a nivel Gobierno (federal) para atender este problema”, añadió a la prensa.
Romero iba a comparecer este martes ante legisladores pero el acto fue cancelado por falta de quórum.
La funcionaria insistió en que la responsabilidad del INM es ofrecer protección y brindar apoyo a las personas que fueron víctimas de algún acto delictivo facilitándoles acceso a la justicia y castigar los actos de corrupción.
Datos de la CNDH aseguran que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 ocurrieron 198 casos de secuestros masivos a inmigrantes que afectaron a un total de 9 mil 758 personas.
El Universal

Calderón y Sarkozy crean una comisión sobre la francesa condenada por secuestro

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y Francia, Nicolas Sarkozy, anunciaron ayer la creación de una comisión binacional que revisará el caso de la francesa Florence Cassez, de 34 años, condenada por la justicia mexicana a 60 años de prisión por secuestro. Sarkozy inició ayer su primera visita oficial a México.
Después de recibir la bienvenida oficial en el Palacio Nacional de la capital mexicana, Sarkozy declaró que había hablado por teléfono con Cassez, quien le informó de que pedirá su traslado a una prisión francesa bajo el amparo del Tratado de Estrasburgo, que dispone que los extranjeros sentenciados requieran la extradición a su país de origen para cumplir la condena. Cassez fue detenida en diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, Israel Vallarta, el presunto líder de la banda Los Zodiaco, acusada de varios secuestros.
La francesa alega inocencia, aun cuando dos de las víctimas le han identificado como uno de los miembros de la banda.Cristina Ríos, que junto con su hijo de 11 años permaneció cautiva tres meses en la casa que compartían Vallarta y Cassez, la señala como “la mujer cuya voz escuché en innumerables ocasiones”, según detalla en una carta reproducida en varios medios mexicanos.
Sarkozy promete atención
Sarkozy dejó claro que no impugnará “las decisiones de la justicia mexicana”, pero explicó que debía abogar por su compatriota. El presidente francés recibió a los padres de Cassez la semana pasada, y les garantizó que daría “la mayor de las atenciones” al asunto.
En México, varias organizaciones de víctimas de la violencia han manifestado su rechazo a la posible extradición de la joven. “Que Florence Cassez sea oriunda de una provincia del norte francés es irrelevante. Cometió un gravísimo error al ser parte de una banda de secuestradores, aunque lo niegue y proclame su inocencia”, comenta en un comunicado Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS) y padre de Fernando Martí, un joven de 14 años que fue asesinado por los secuestradores pese a que su familia había pagado el rescate. Para el presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, “si se cometió un delito en México, el juzgado y el veredicto deben darse en este país”, según explica en una entrevista concedida al periódico mexicano El Universal.
Por su parte, el presidente mexicano explicó que el análisis del caso busca no sólo cumplir las obligaciones de su Gobierno con tratados y convenios internacionales, sino garantizar la tranquilidad de las víctimas que, aseguró, “no merecen sufrir además la terrible injusticia de la impunidad”. Agregó que nadie en México, “independientemente de su condición social, económica o nacionalidad”, puede burlar la ley. La comisión que revisará el caso estará formada por especialistas que designarán los dos Gobiernos.
El País

Crean Movimiento blanco contra inseguridad

Integrado por 18 organizaciones, Isabel Miranda de Wallace y otros líderes ciudadanos se creó una nueva agrupación denominada “Movimiento Blanco”, con el objetivo de movilizar a la sociedad civil y afrontar la inseguridad, el desempleo y la educación.

Entre algunas de sus acciones destaca la vigilancia de los aspirantes a los cargos de elección popular y puestos públicos, a través de sus fichas curriculares, de la información que los vecinos puedan sobre ellos y de datos conseguidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Con esta medida se pretende una ciudadanización de la política y evitar que el narcotráfico permeé los puestos públicos.
En un acto realizado en el Ángel de la Independencia, los integrantes del Movimiento Blanco informaron que también pretenden llevar una prevención en todo el país por el consumo de drogas, así como para combatir la violencia intrafamiliar.
En materia de educación, buscarán un compromiso nacional de respetar el calendario escolar y que en todas las escuelas públicas y privadas se conformen consejos promotores de educación de calidad y la capacitación de profesores.
Asimismo, otro de los objetivos de este movimiento será emprender actividades para combatir el desempleo, así como la gestión de y asesoría en todos aquellos casos en los que siguen desparecidas personas por secuestro, levantamiento o extravío.
Durante el acto, los integrantes de esta alianza ciudadana, quemaron tres muñecos de cartón pintados de negro y blanco y que simbolizan la inseguridad, el paro de clases y la falta de empleo.