UNA COLORADA

Procuración de justicia
Por: Lilia Cisneros Luján

El caso de Jacinta Francisco Marcial, y otras dos mujeres indígenas habitantes del estado de Querétaro, es emblemático más allá del mediano interés puesto en el mismo por algunos reporteros de medios electrónicos, a los cuales seguramente alguien de sus socios le otorgará un premio. A esta ciudadana se le acusó falsamente por agentes de la PGR y la AFI, cuya conducta ilícita y prepotente fue repelida, por habitantes de un pueblo cansado de sufrir abusos. ¿Quién fue el responsable de organizar el supuesto secuestro y la repulsa a estos criminales de uniforme? Sin duda ¡Fuente ovejuna Señor! Pero los AFIS no estaban dispuestos a tragarse lo que ellos visualizaron como una afrenta y se la cobraron, a una mujer, con serias limitaciones para comprender el español y aun más los procedimientos de ministerios públicos que, lejos de salvaguardar los derechos de quienes se presumen inocentes, utilizan la representación social no para investigar, muchos menos para procurar justicia y ni pensar que lo hagan para perseguir a delincuentes.
Lo más grave del caso de Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán es que, como ellas, cientos si no es que miles de ciudadanos somos víctimas de estos pseudo representantes sociales. Si acaso Usted es el agraviado por un defraudador que le vendió una casa mal construida, un ratero que se llevó su bolsa, el coche o entró a su casa a ver que hurtaba; de entrada tiene que soportar un interrogatorio en la mesa del MP que se afana más por asentar en su denuncia, si el denunciante es vicioso, si desconfía de alguien de su familia o si puede identificar enemigos. Con un poco de buena suerte encuentra un abogado serio y comprometido que desde el primer momento fija sus honorarios –altos porque debe incluir los gastos “solicitados” por el MP, para no enviar su expediente al “no ejercicio” o la reserva- aunque ni esto lo salva desde el primer momento, de la advertencia generalizada, acerca de las fuertes dificultades para que prospere su caso porque “le falta un documento” o “no tiene testigos”, aun cuando se trate de violación, homicidio o lesiones. Ah, pero los malos, esos que le siembran droga, le fabrican delitos –molestos contra el pequeño empresario que descubrió el robo hormiga en su empresa, o el funcionario honesto que los denuncia ante las contralorías y hasta el acosador rechazado por la secretaria- esos si se entienden $$$ muy bien con esta ralea de “investigadores” cuya riqueza es por demás explicable como resultado de una impunidad sin límites.
En estricto derecho, los AFIS que acusaron a Jacinta y sus dos vecinas, los ministerios públicos que integraron y consignaron el expediente y hasta los jueces que las privaron de su libertad, deberían ser responsables de muchos delitos, empezando por falsedad en declaración, y todas las que resulten de una conducta vengativa, prepotente o cuando menos negligente. ¿Se puede llamar justicia, la simple excarcelación de una de estas tres mexicanas después de tres años de prisión derivados de un proceso amañando, en el cual ellas no fueron advertidas nunca de lo que se les imputaba? ¿A cuantas personas conoce, presas en reclusorios, acusadas de un homicidio no cometido? Sé, del caso de un joven en esta condición en el penal de Barrientos. Se le amenazó con recluir a la madre para obligarle a firmar su confesión. A esta madre se le imputaba “haber salido corriendo para ocultar el arma homicida”, solo que dicha señora tiene secuelas de polio que casi le impiden movilizarse y el hijo lleva encerrado mucho más tiempo que Jacinta. Todos saben que el homicida fue un agente pero que “al muchacho le tocó estar en el lugar y la hora equivocados y se convirtió en chivo expiatorio” Es lamentable escuchar que en México el riesgo más grave de un ciudadano es, ser inocente y resulta trágico asumir que solo quienes están conectados con las altas esferas pueden aspirar a la justicia.
En la inauguración del Seminario Permanente de Actualización Política convocado por la organización Constitución y República Nuevo Milenio, en la cámara de diputados para plantear una agenda legislativa con la opinión ciudadana, el doctor en derecho Cesar Garizurieta, lamentó reconocer que en nuestro país “la justicia es una mercancía”. Su costo es alto –dijo- se oferta al mejor postor, no al que tenga la razón ni conozca la verdad, sino al que más pague. Y el pago, lo sabemos todos, no solo es en dinero, sino en prebendas. ¿Por qué no se juzga y castiga a los responsables de asesinar 12 mujeres diariamente? Preguntó el jurista luego de analizar la exclusión del derecho a la salud de mujeres imposibilitadas de atender su cáncer por el alto costo de las medicinas y; el mismo razonamiento podríamos extender a todos aquellos “con seguro popular” o sin éste, que fallecen de diabetes o de toda suerte de enfermedades provocadas por una alimentación chatarra. El delito, raya en cinismo cuando “un maldito gen” recién descubierto como supuesto precursor de estas enfermedades en el mexicano, se utiliza como excusa para exonerar a quienes han convertido a México en el país con más obsesos del planeta.
Cuando además de excarcelar a Jacinta se deje en libertad a las otras dos señoras otomíes, se les repare el daño a las tres y se encierren a quienes fueron los actores de esta infamia, tal vez podamos hablar de justicia. Estaremos más cerca de la justicia, cuando las contralorías internas sancionen y luego separen de los puestos, a los MP que piden dinero para aceitar su investigación. Habrá justicia cuando los agentes investigadores –judiciales, AFIS o como quiera que se les rebautice- sean severamente sancionados por extorsionar tanto culpables como agraviados; los jueces juzguen en vez de legislar con cada caso que resuelven y los MP realicen su trabajo de investigación con seriedad, gratuidad e imparcialidad.
Hasta en tanto esto no ocurra, podrán aumentarse hasta el infinito los recursos generados con el trabajo del pueblo para pagar policías, fiscales y juzgadores; porque México seguirá siendo el país de la impunidad, la inseguridad jurídica o física y el reino de la maldad.

Una Colorada

¿Quien Puede? 

Por Lilia Cisneros Luján

Ante una realidad de delincuencia generalizada -el soborno incluye no solo al que recibe sino al que da, la complicidad alcanza aun a los que por temor no denuncian etc.- más que insistir en la investigación del origen de este fenómeno, no exclusivo de México por cierto, deberíamos encaminar nuestros esfuerzos a la búsqueda de soluciones, para librarnos de las consecuencias del poder que ejerce sobre la humanidad en general, toda conducta apartada de los valores universales y contraria a la naturaleza, el amor y el servicio. ¿Será la diarrea legislativa el antídoto a la violación de las leyes y los derechos del hombre? ¿Que tanto ha reflexionado la legión de asesores del Congreso acerca de lo propuesto en normas fuera del contexto social y cultural de nuestro pueblo? ¿Tienen conciencia, los procuradores de justicia -con toda la cauda de ministerios públicos que les auxilian- que su responsabilidad primordial es la de constituirse en investigadores de los elementos del delito, para finalmente, en representación de la sociedad, castigar a los delincuentes?
Quizá la materia penal es una de las que con más agudeza ejemplifica el caos que estamos viviendo ¿Porque la víctima de un fraude, debe entregar además de lo ya perdido, x miles de pesos para que el MP ordene actuaciones periciales de las cuales depende la integración del delito? ¿Que seguimiento se da a las miles de denuncias con retratos hablados de perpetradores de robo con o sin violencia? ¿Alguna vez se ha retenido el pago de honorarios o salarios de estos pseudo representantes sociales, cuyas investigaciones han sido suplidas por la acción directa de víctimas, como los padres de Silvia Vargas Escalera o Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo fue secuestrado hace ya varios años sin resultado? ¿Cuantos ciudadanos, sin acceso a los medios de comunicación, pueden tener la confianza en la representación social de los fiscales? ¿Como se resuelve la impotencia del que no puede dar dinero a actuarios, policías judiciales o secretarios de barandilla o se rehusa a entregarlo porque sabe que no es legítimo hacerlo? Si bien es cierto que en términos de las diversas interpretaciones religiosas, la tendencia al mal y la infracción es algo inherente a la naturaleza misma del hombre, también lo es que las sociedades se han organizado para ceder parte de su libertad en instituciones que deberían poner coto a estos impulsos negativos.
En términos de los abundantes diagnósticos que ponen el acento en la impunidad, el castigo debería empezar por todos aquellos que, debiendo desempeñar una función, no cumplen con éste compromiso ¿Cuantos casos conoce de sanción a funcionarios incompetentes para utilizar un presupuesto subejercido? ¿Que castigo se da a quienes por comodidad y flojera envían una denuncia de hechos al “no ejercicio” después de haber recibido 5 o 10 mil pesos -y mucho más porque según el sapo es la pedrada- por parte del presunto responsable? ¿Cuantos abogados litigantes han sido limitados en el ejercicio de su profesión por ser partícipes de estos “usos y costumbres” contrarios a la máxima constitucional que establece una justicia gratuita? ¿Se documenta y se castiga al que calumniosamente señala a un inocente por motivos de venganza o intención ventajosa? Las empresas privadas a la cuales se le ha concesionado el manejo de servicios como el vinculado con el agua ¿han sido sancionadas alguna vez por cobros excesivos o cortes injustificados? ¿Será la solución, encarcelar o matar a todos los presuntos responsables? En la simplicidad y el sentido común, si se empezara a sancionar pecuniariamente a autoridades o a empresas concesionarias de la función pública y el uso de los bienes de la Nación que incurran en tales desviaciones, los índices de impunidad bajarían considerablemente. La figura del servicio social, como pena para infracciones menores, tal vez nos permitiría tener una ciudad con calles más limpias, bardas con menos graffiti y luminarias que funcionaran en su totalidad. ¿Porqué los centros penitenciarios de alta seguridad no se construyen en los desiertos y a estas personas se le impone la obligación de participar en obras de recuperación ecológica? ¿Que programas ofrecen los partidos que habrán de contender el próximo año, para darles opciones a los jóvenes reclutados de forma tan eficaz por los criminales? ¿Podrán los ejecutivos federales y locales con humildad reconocer las graves equivocaciones en las políticas agropecuarias que han hecho más rentable sembrar precursores de droga que alimentos? La encuestas “preelectorales” parecen encaminadas a validar la imposibilidad de hacer algo -solo el 3% de los criminales llegan a las mesas de los administradores de justicia- y convencer a la gente de conformarse con el hecho de no haber sido víctima de una daño mayor. Sin embargo, el reto va más allá de inhibir un alto abstencionismo. Quienes aspiran a representarnos -como diputados federales y locales- deben garantizar que si pueden restituir al pueblo la certeza de un eficaz enfrentamiento a la actividad criminal, con la consecuente erradicación de esa sensación de desamparo que nos agobia.