IFAI ordena a PGR revelar gasto en testigos

En tres años de 2004 a 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha destinado al menos 36 millones de pesos en la aplicación del Programa de Protección de Testigos.
Y ahora, por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia tendrá que dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009, así como el gasto ejercido para su seguridad.
El pleno del instituto revocó la clasificación de información de PGR, que argumentó que al revelarse esto representaría un “perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia… estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado”, como señala el artículo 16 del Código Federal Penal.
La ponencia de la comisionada Sigrid Arzt Colunga consideró que la información solicitada por un ciudadano, a través de la Ley Federal de Transparencia, era “estadística” que no impide las acciones para evitar la comisión de delitos, ni forma parte de averiguaciones previas.
En su análisis, la comisionada dijo que era inadmisible que la PGR haya clasificado la información cuando en ocasiones previas ha hecho público en boletines de prensa y en solicitudes de información el número de testigos protegidos y los gastos destinados para su seguridad.
Arzt Colunga aseguró que tras una búsqueda de información se confirmó que la “inexistencia” de datos que dio PGR sobre el número de testigos a quienes se les hubiera cambiado la identidad, así como del sueldo que perciben, pues tanto las remuneraciones económicas como los cambios de identidad no son figuras jurídicas que se contemplen en la Ley.
Así el órgano garante de la transparencia ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano administrativo de la Procuraduría, que debe tener la información estadística concentrada y la entregue al recurrente. (EL UNIVERSAL)

PGR inicia averiguación previa contra El JJ

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa contra José Jorge Balderas Garza, alias El JJ o El Modelo, presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas.
Autoridades de la dependencia informaron que en lo que corresponde al fuero federal se abrió la indagatoria SIEDO/UEIORPIFAM/AP/23/2010 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el momento no se ha solicitado a la Interpol que gire la ficha roja, pero podría ocurrir en los próximos días, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó el expediente sin detenido, lo cual abre la posibilidad de que un Juez emita la orden de aprehensión en contra de El JJ.
Precisaron que la investigación iniciada es independiente a la que actualmente lleva a cabo la procuraduría local por la agresión que sufrió Salvador Cabañas el 25 de enero en el Bar Bar.
En días pasados, la PGR informó que Estados Unidos tiene una señal de alerta para ubicar a Balderas Garza, ya que existen indicios de que podría encontrarse en ese país, específicamente en el estado de Texas.
La dependencia sigue trabajando en la búsqueda y localización de Balderas Garza y su escolta Francisco ‘N’, identificados como presuntos agresores del futbolista paraguayo, quien continúa internado en un hospital, al sur de la ciudad de México.

AMPF Consigna a probables responsables de delitos de delincuencia organizada

El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado la averiguación previa AP/PGR/NAY/TEP-IV/042/2010, contra Fausto Javier Rivera Cantú, José Antonio Valdez Lugo, Álvaro Ramírez Carranza, José Carrillo de la Cruz y/o José Luis Ortega de la Cruz, y Norberto Garibay Betancourt, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con el expediente, estas personas se encuentran relacionadas con el enfrentamiento con armas de fuego registrado el pasado 31 de enero del año en curso, sobre la avenida Insurgentes y la calle Laureles y Góngora, en la ciudad de Tepic, donde autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron a los inculpados, así como diversas armas y cartuchos de grueso calibre, que quedaron a disposición del Representante Social de la Federación, quien luego de desahogar diversas diligencias consignó el expediente.
Cabe señalar que Carrillo de la Cruz, Garibay Betancourt y Valdéz Lugo fueron internados en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, en tanto que Rivera Cantú y Ramírez Carranza se encuentran hospitalizados, todos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

Senado llama también a Gómez Mont por caso Juárez

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó extender el llamado a comparecer al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, junto con los demás titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP, con el fin de que expliquen la estrategia del combate al crimen y la iniciativa Mérida.
En entrevista, el senador Santiago Creel confirmó que el encuentro con los funcionarios federales se llevará a cabo en privado al seno de la Junta de Coordinación Política- que aglutina a los coordinadores parlamentarios- y la comisión bicamaral de Seguridad Nacional.
El lunes, el pleno del Senado acordó llamar a comparecer a los secretarios de la Defensa, general Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.
Lo anterior, ante el clima de violencia registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Torreón, Coahuila.
Los senadores pedirán resultados de la estrategia contra el crimen y de la Iniciativa Mérida.
Este miércoles, los coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron citar también a Gómez Mont y que el encuentro sea en privado.

PGR justifica controversia contra bodas gays

El recurso de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte contra los matrimonios gay y la adopción de menores por esas parejas en el Distrito Federal no está basado en consideraciones sociales, políticas o religiosas.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, sostuvo que se trata de un asunto eminentemente jurídico que está contemplado a la luz de la Constitución y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine lo que proceda.
Comentó que en las reformas del Código Civil para el Distrito Federal se encontraron detalles que contravienen el principio de legalidad, ya que por ejemplo se apartan del fin constitucional de protección de la familia concebida por el Poder Constituyente Permanente en 1974.
‘Por esta y otras razones se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que permiten a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños’, precisó.
En entrevista, Nájera Herrera indicó que la PGR cuenta con una Subprocuraduría Jurídica y una Dirección General de Constitucionalidad, pues ante todo y bajo cualquier circunstancia debe hacerse respetar lo asentado en la Carta Magna.
Comentó que los derechos de los mexicanos, la vigencia de la supremacía constitucional y del Estado de derecho son fundamentales, por lo que se presentó la acción de inconstitucionalidad. (EL UNIVERSAL)

Dan 40 días más de arraigo a Los Cadetes

Guadalupe Tijerina Peña, líder del grupo musical los Cadetes de Linares, será arraigado por otros 40 días, al igual que otros seis músicos detenidos junto con él por presuntos nexos con el cartel de los Beltrán Leyva, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Hace una semana Lupe Tijerina, de 70 años, fue hospitalizado de emergencia por complicaciones relacionadas con la diabetes que padece. Sus abogados solicitaron a la PGR levantar el arraigo debido a su condición médica, como ocurrió con Ramón Ayala, vocalista del grupo “los Bravos del Norte”, quien fue liberado el 23 de diciembre.
En el caso de Tijerina, por el contrario, la PGR decidió ampliar la medida cautelar para continuar las investigaciones sobre su posible responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y lo que resulte.
El arraigo también se amplía para Gustavo Guerrero García, Jorge Luis Verástegui Lerma, José Francisco García Cortéz, Rolando Ávila Muñoz y José Carlos Salinas Rodríguez, integrantes de “Los Cadetes de Linares” del grupo musical “Torrente”.
Todos ellos fueron detenidos el 11 de diciembre en Tepoztlán. Morelos, cuando amenizaban una fiesta organizada presuntamente por integrantes del cartel de los Beltrán Leyva. (EL UNIVERSAL)

Escoltas de Adame, ligados a los Beltrán Leyva

La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga una denuncia que relaciona a escoltas del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, con los cárteles del narcotráfico.
La acusación señala que dos elementos provenían de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo ex director, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido por presuntamente brindar protección y mantener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 refiere que los dos policías habilitados como escoltas utilizaban por las noches sus cargos y vehículos oficiales al servicio del gobernador, en tareas de apoyo a la delincuencia organizada.
Los nombres de los presuntos infiltrados del crimen no fueron revelados en la denuncia anónima, pero se señala que ambos estaban al cuidado de la familia del gobernador Adame.
La SIEDO ha abierto investigaciones sobre el narcotráfico a partir de denuncias anónimas que han culminado en amplios operativos contra la delincuencia.
En el mismo mes que recibió la denuncia anónima, en mayo, la Policía Federal realizó un despliegue en la quinta conocida como “El Limoncito”, a escasos 100 metros de la Casa de Gobierno de Morelos. En esa ocasión se detuvo a Salomón Pineda, padre de los extintos capos y hermanos, Alberto y Mario Pineda, El Borrado y El MP, respectivamente. (EL UNIVERSAL).

PGR apela sentencias en caso Wallace

La Procuraduría General de la República (PGR) se inconformó contra la sentencia condenatoria que dictó el Juez Décimo Sexto de Distrito en materia penal a cuatro de los involucrados en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, por considerar insuficiente la penalidad impuesta a los procesados.
Por medio del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, la dependencia interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, dentro de la causa penal 35/2006 instruida contra César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, Alberto Castillo Cruz, Antonio Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí.
Además, también apeló la decisión del juez de ordenar la devolución de 23 mil 800 pesos que se encuentran depositados en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de una institución bancaria, así como de un vehículo marca Ford.
La PGR recordó que los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, fueron sentenciados a 39 años, nueve meses de prisión y multa de cuatro mil 31 días por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Juana Hilda González Lomelí fue condenada a 28 años de prisión y dos mil 295 días multa por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
A César Freyre Morales, o José Antonio Hernández Lozano, se le sentenció a 47 años, tres meses de prisión y multa equivalente a nueve mil 212 días, por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. (ELUNIVERSAL)

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