Blake ofrece lucha anticrimen más democrática

El nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, señaló como una de sus prioridades construir acuerdos con todas las fuerzas políticas que permitan el desarrollo y progreso del país.
Nombrado ayer por el presidente Felipe Calderón en sustitución de Fernando Gómez Mont, Blake se comprometió a mantener interlocución constante con los demás poderes de la Unión, los gobernadores y las organizaciones sociales.
En entrevistas radiofónicas, el funcionario señaló que la lucha contra el crimen será más democrática y participativa.
“Serán mis valores y principios rectores del diálogo, la tolerancia, la justicia y el respeto a la pluralidad. Privilegiaré siempre el diálogo con las diversas fuerzas políticas y los actores sociales en búsqueda de las rutas comunes de trabajo y entendimiento”, afirmó para Enfoque.
El ex secretario de Gobierno de Baja California señaló que en materia de seguridad buscará hacer labor de equipo con las entidades federativas y los municipios del país.
“En el tema de la seguridad todos tenemos algo que aportar, la sociedad organizada en su conjunto, para poder consolidar de alguna manera más estratégica la recuperación de la lucha por la tranquilidad en nuestro país.
“Se trata de consolidarla, de hacerla más participativa, de poder establecer compromisos más sólidos entre los poderes de la Unión”, dijo en charla con W Radio.
El nuevo integrante del gabinete tiene una relación personal con el Presidente Calderón. Ambos han compartido proyectos comunes dentro del Partido Acción Nacional y estuvieron juntos conmo diputados federales durante la 58 Legislatura, de 2000 a 2003. (EL UNIVERSAL)

Docente Carlos Rea Rodríguez nuevo doctor en la UAN

Se congratula el Programa de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por la obtención del grado de doctor de Carlos Rafael Rea Rodríguez y el acto de titulación del primer estudiante de la generación 2005-2009, Sergio Alejandro Hernández.
Carlos Rafael Rea Rodríguez, es licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara. Maestro en sociología política por el Instituto Doctor José María Luís Mora. Maestro en sociología por el Centro de Análisis y de Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS) y ahora doctor en Sociología por la misma institución.
Actualmente se encuentra adscrito al área de Ciencias Sociales y Humanidades, donde labora el Programa Académico de Ciencia Política. Además Coordina en Nayarit el proyecto de investigación “Pro-regiones”, coordinado a nivel nacional por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los temas generales de su interés son: acción colectiva y movimientos sociales, identidades colectivas, cultura política y sustentabilidad.
Al regreso de Paris, Francia, Carlos Rafael Rea Rodríguez, informó sobre su estancia en dicha ciudad, la cual fue para presentar la defensa de su tesis doctoral. Así, Rea Rodríguez ostenta ya el grado de Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Paris.
A lo anterior se suma, el evento que se desarrolló en la sala de Juntas del Edificio de Ciencias Sociales y Humanidades, se llevó a cabo el acto de titulación, bajo la opción de promedio general, de Sergio Alejandro Hernández Carillo, egresado del programa de Ciencia Política.
Sergio es el primer egresado del programa de Ciencia Política, de la generación 2005–2009, en obtener el grado, a los pocos días de haber concluido sus estudios. En la sesión resaltó su participación en la cual externó importantes comentarios acerca del plan de estudios y cuestiones que desde su perspectiva requieren modificaciones, a fin de formar politólogos con mayor consistencia teórica. Este evento contribuye a mejorar los indicadores de calidad del programa educativo.

Colombia cierra el pacto militar con EE UU, pese a las reticencias regionales

Colombia y Estados Unidos cerraron ayer las negociaciones del acuerdo que permitirá al Pentágono utilizar al menos siete bases militares colombianas para perseguir el narcotráfico en la región a pesar de la fuerte oposición de países vecinos como Ecuador y Venezuela. El presidente de este último país, Hugo Chávez, advirtió recientemente a Bogotá de que una decisión semejante podría ser considerada como una agresión bélica.
“El texto acordado pasa ahora a la revisión técnica por las instancias gubernamentales de cada país para su posterior firma”, aclaró ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia en un comunicado. El Pentágono, por su parte, rechazó que el acuerdo signifique un rearme en la zona. “No significa que vayamos a incrementar nuestra presencia militar allí”, añadió desde Washington el asistente del secretario de Defensa para Asuntos Americanos, Frank Mora, a la agencia Associated Press. “Es una simple formalización de lo que ya tenemos en marcha”. En este momento, Estados Unidos dispone de unos 250 soldados en Colombia, una cifra que se espera que aumente hasta 400 a finales de año.
El polémico acuerdo, de 10 años de duración, permitirá a EE UU utilizar bases militares colombianas, desde las que fletar aviones de vigilancia destinados sobre todo a perseguir y atacar barcos cargados de droga en aguas del océano Pacífico, en un enclave del que procede una gran parte de la cocaína que se consume en el continente.
Washington le pagará a Bogotá unos 40 millones de dólares (28 millones de euros), además de ofrecer asistencia militar a su Ejército para operaciones contra los narcotraficantes y terroristas que operan en la zona.
“Creo que podemos mejorar nuestro trabajo a la hora de explicarles por qué hacemos lo que hacemos y hacer este proceso lo más transparente posible, porque las preocupaciones son comprensibles”, declaró ayer el vicepresidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el general James Cartwright, en una conferencia de prensa.
El Pentágono ha aclarado que el acuerdo no es exclusivo y que ambos países buscan la colaboración de otras naciones en la zona. “La finalidad estratégica es, de hecho, poder ofrecer a los colombianos lo que necesitan para poder mantener sus esfuerzos contra las amenazas internas que tienen”, añadió.
Hasta la fecha, EE UU había utilizado una base aérea en la ciudad de Manta, en el oeste de Ecuador, en un acuerdo al que ambos países llegaron en 1999 y según el cual aviones norteamericanos podían despegar de su aeropuerto para labores de control de barcos utilizados para el narcotráfico. El actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que accedió al poder en 2007, anunció a Washington que no renovaría el acuerdo de colaboración, que caducará en noviembre de este año. Frente a la creciente hostilidad hacia EE UU, liderada por Chávez, que se ha ido propagando por la región, Washington ha decidido pedir la colaboración de su más firme aliado en Suramérica, el Gobierno colombiano, al que ha concedido 5.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) en ayudas, sobre todo militar, en la pasada década.
El jueves, en una conferencia ante empresarios en Medellín, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se mostró conciliador y reiteró su disposición a firmar acuerdos similares con otros países vecinos. “Quisiéramos tenerlos con Brasil y con el continente americano” dijo. “El primer mensaje a Ecuador y Venezuela es que son nuestros hermanos”.
Ecuador y Venezuela han sido, de hecho, los grandes oponentes de este acuerdo, que Colombia anunció el pasado 15 de julio. El pasado fin de semana, en una cumbre en Quito, Chávez advirtió que, con este pacto militar, “vientos de guerra comienzan a soplar” en Suramérica.
En marzo de 2008, un destacamento de tropas colombianas cruzó la frontera con Ecuador para atacar un campamento de la guerrilla de las FARC localizado en la zona selvática ecuatoriana de Angostura. En la operación militar, que Colombia ha defendido como legítima, murió el número dos de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes. Días después, la Organización de Estados Americanos emitió una condena casi unánime a la incursión.
El viernes, Uribe volvió a mostrar un tono conciliador con Quito, pidiendo a Correa disculpas por aquella incursión. “Nos han pedido nuevamente disculpas, las aceptamos de corazón”, dijo Correa en su programa semanal. “Ojalá que no le tenga que pedir perdón a Suramérica aceptando bases militares extranjeras en Colombia”.
Las claves
- Estados Unidos pagará a Colombia unos 28 millones de euros por el uso de siete bases militares durante 10 años, además de ofrecer asistencia a su Ejército.
- En estos momentos, Estados Unidos dispone de unos 250 soldados en Colombia, una cifra que se espera que aumente hasta 400 a finales de año.
- Washington ha concedido a Bogotá en la última década 3.500 millones de euros para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla.
El País

Avanzan acuerdos para seguridad fronteriza México-EU

El procurador general de la República Eduardo Medina Mora, y el titular de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, John T. Morton, destacaron el avance de los acuerdos para garantizar la seguridad en la zona fronteriza.
En su segunda visita al país, el funcionario estadunidense anunció que la DEA, la ICE y la ATF firmaron memorandos de entendimiento para trabajar de manera coordinada y mantener una mejor colaboración con las autoridades mexicanas en el combate al crimen organizado.
Se trata de las agencias de Combate a las Drogas (DEA), de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que compartirán información e integrarán investigaciones conjuntas para combatir el crimen organizado en los más de tres mil kilómetros de frontera común.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que el tráfico de marihuana sigue representando la mitad de los ingresos de las bandas de narcotraficantes, y ello simboliza un reto para ambos gobiernos que deben enfrentarlo de manera conjunta.
Explicó que ya hay acciones de cooperación y que el objetivo principal es evitar que hayan flujos de drogas de sur a norte, y flujos de armas y dinero en efectivo de norte a sur, para evitar que el crimen organizado mantenga sus operaciones ilegales a través de la frontera.
Por su parte, Morton afirmó que la relación de Estados Unidos y México en materia de combate al crimen organizado alcanza niveles muy importantes, y expresó a nombre del gobierno de su país su confianza en que México se mantendrá en estricto apego al Estado de derecho.
En ese sentido, explicó que la Iniciativa Mérida seguirá siendo el marco de cooperación de ambos dos países en esa materia, por lo que confió en que el intercambio de información y las acciones conjuntas permanecerán hasta ganar la batalla contra el crimen organizado.
Notimex

Cercanos a Bours y Zavala, entre los detenidos por PGR en caso ABC

Políticos cercanos al gobernador Eduardo Bours y a la esposa del Presidente, Margarita Zavala, se encuentran entre las nueve personas contra las cuales la PGR solicitó órdenes de aprehensión por homicidio culposo, derivado del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio, en el que fallecieron 48 menores.
Autoridades judiciales confirmaron que las órdenes de aprehensión solicitadas por la representación social federal al juez primero de distrito de Sonora son Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en la entidad hasta hace un mes; Norma Cecilia Mendoza Bermúdez, propietaria del predio donde se encontraba la estancia, así como una bodega estatal en la cual comenzó el incendio; Marcelo Meouchi, María Fernanda Camou Guillot y José Manuel Matiella Urquides, representantes de la guardería en diversos momentos; Gildardo Urquides Serrano, Sandra Téllex Nievez, Marcia Gómez del Campo Tonela y Antonio Salido, socios.
Por la mañana del martes, en conferencia de prensa, el procurador Eduardo Medina Mora anunció la solicitud el ejercicio de la acción penal contra nueve implicados en la tragedia, entre servidores públicos y particulares.
Milenio

Consigna PGR a 27 funcionarios de Michoacán

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó que 27 servidores públicos de Michoacán fueron consignados a un penal federal de Nayarit y quedaron arraigados los alcaldes de Aquila, Buenavista y Coahuayana.
En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que se trata de los presidentes municipales Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
El 26 de mayo pasado el Ejército y la Policía Federal efectuaron un operativo en Michoacán donde detuvieron a funcionarios estatales, ex funcionarios, jefe policiacos y 10 alcaldes, a quienes se les acusa de mantener presuntos vínculos con el cártel de “La Familia Michoacana”.
Medina Mora señaló que la víspera la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ejercitó acción penal contra los munícipes de Apatzingán, Genaro Huízar Valencia; Tepaltepec, Uriel Farías Alvarez; Arteaga, Jairo Germán Rivas Páramo, y de Uruapan, Antonio González Rodríguez.
Además del de Ciudad Hidalgo, José Luis Avila Franco; Tumbiscatío, Adán Tafolla Ortiz, y de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.
También contra el coordinador de asesores del procurador del estado, Ramón Ponce Ponce; de la asesora del gobernador de Michoacán, Citlalli Fernández González, así como del director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez.
De igual forma, contra el director de Fomento Industrial de Michoacán, Ricardo Rubí Bustamante; del jefe de Agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, Juan Gaona Gómez; del director de Seguridad Publica Municipal en Arteaga, Victorino Jacobo Párez, y del director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, Roberto Rubio Vázquez.
Completan la lista la jefa de Grupo de la Policía Ministerial de Morelia, Gabriela Mata Chávez; la jefa de Grupo de la Policía Ministerial de Morelia, Irlanda Sánchez Román, y el encargado de la Comandancia de Lázaro Cárdenas, José Lino Zamora Hernández.
También el primer comandante en Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia, Noé Medina Martínez; el primer comandante regional de Zitácuaro, Faraón Martínez Molina; el ex síndico de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar Gómez, y el director de Obras Públicas de Arteaga, Dionisio Salvador Valencia Palomares.
Además los policías municipales de Lázaro Cárdenas, Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera; el juez de primera instancia en La Piedad, Jaime Liera Alvarez; el procurador general de Justicia estatal, Miguel García Hurtado, y el subprocurador de Justicia en esa entidad, Ignacio Mendoza Jiménez.
El titular de la PGR indicó que estas personas están acusadas de los ilícitos de delincuencia organizada, contra la salud agravado por su calidad de servidores públicos, así como por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar su comisión.
De acuerdo con las investigaciones, los 24 inculpados se aprovechaban de sus cargos y funciones para realizar acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de la organización criminal autodenominada “La Familia Michoacana”.
Recordó que el 29 de mayo el juez 6 federal Penal Especializado arraigó por 40 días a esos 30 servidores públicos, y hoy el Juzgado de Distrito en Procesos Federles de Nayarit libró las órdenes de aprehensión contra los inculpados por considerar su probable responsabilidad.
Medina Mora externó que se solicitó a la autoridad judicial ordene levantar el arraigo a las 27 personas señaladas a fin de que sean ejecutadas las órdenes de aprehensión correspondientes y sean trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social número cuatro, ubicado en Nayarit.
Indicó que continuarán bajo arraigo, en los términos ordenados por la autoridad judicial, Audel Méndez Chávez, José Cortez Ramos y Osvaldo Esquivel Lucatero, a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver su situación jurídica.
Notimex

Seguridad no se pospone ni se pacta, afirma Gómez Mont

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont ante procuradores de justicia de todo el país y funcionarios federales del sector, aseguró que la seguridad nacional no se puede posponer, ni decretar, tampoco se puede pactar y aseguró que el Estado mexicano ganará la guerra contra el crimen organizado.
Dijo que frente al los criminales ninguna autoridad debe tener miedo. “en esta lucha se debe de responder al adversario de la misma manera”, expresó al inaugurar en esta ciudad la XXI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Los enemigos del Estado “no pueden contar con nuestro apoyo para que difundamos sus pírricas victorias ni pueden convencernos de que la situación que se vivía antes era mejor”, expresó en claro matiz político.
Dijo que en el gobierno “enfrentamos a un enemigo del Estado que usa todos los medios a su alcance para intimidar a la autoridades. Debemos contestarles con el mismo tenor”, expresó.
Pidió a la sociedad mexicana tener claro que la violencia que vive el país no es resultado de la lucha contra la delincuencia que realiza el gobierno federal, sino su causa principal.
Exhortó a los procuradores todos los estados, reunidos aquí, a trabajar unidos para que la reunión permita encontrar mejores herramientas de combate a inseguridad y crimen organizado que abaten a la sociedad. Por eso temas fundamentales de este encuentro son secuestro y narcomenudeo.
Gómez Mont definió al narcomenudeo: es herramienta de infiltración horizontal del narcotráfico a la sociedad, el tráfico de drogas se ha transformado en los últimos años. México ha pasado de ser ruta de tránsito a mercado de consumo.
Dirigió un llamado de alerta. Mientras haya más participantes en el narcomenudeo, será más difícil erradicarlo, dijo y pidió a autoridades de los tres niveles del gobierno a hacer eficiente esta lucha de manera corresponsable.
Al tomar la palabra el procurador Eduardo Medina Mora, admitió que el secuestro registra gran incidencia y refrendó un compromiso asumido por autoridades federales, estatales y municipales para recuperar la seguridad, pero señaló que es indispensable un marco de certeza jurídica.
El procurador general aseguró que las bandas delictivas han visto minada su capacidad debido a detenciones de líderes y decomisos de droga, lo cual ha provocado se susciten enfrentamientos en la búsqueda de apoderarse de espacios para realizar actividades ilícitas.
Señaló que el Estado mexicano va a salir vencedor de la lucha contra la delincuencia y no claudicará en su empeño de perseguir a quienes atentan contra la seguridad.
La reunión se desarrolla a puerta cerrada en el hotel Aqua, –usualmente frecuentado por estrellas de cine y socialités– los procuradores debaten sin acceso a la prensa propuestas de estrategia contra narcomenudeo y secuestro, reformas al sistema de justicia y al Código penal, nuevos esquemas contra la corrupción en las policías y la burocracia del aparato de justicia.
El fiscal Medina Mora anunció que 16 congresos estatales aprobaron una nueva ley contra secuestro, lo que permite avanzar en la instauración de un nuevo sistema de justicia penal.
Admitió también la necesidad prioritaria de atacar la corrupción en corporaciones policiacas y dijo que hay nuevas estrategias para combatir ese fenómeno.
El procurador general Medina Mora se refirió a la “gran importancia” de garantizar mejores condiciones de seguridad a la sociedad mexicana y dijo que con este objetivo autoridades intercambian información para recuperar espacios perdidos y erradicar la violencia de puntos vitales.
Uno de los puntos fundamentales de la reunión fue abordado por el procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez quién señaló que las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo creadas el gobierno pasado se convirtieron en focos de corrupción.
El procurador Bello Melchor propuso crear una figura jurídica y crear un solo Código Penal, para que las procuradurías estatales tengan facultades para intervenir en la lucha contra el narcomenudeo.
En la inauguración participaron el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el gobernador Félix González Canto y el alcalde Cancún, Gregorio Sánchez.
Otros temas que se analizan son Estrategia Nacional contra Secuestro, operación de Centros de Control de Confianza, Sistemas de Justicia Efectiva y Estrategia Nacional contra Narcomenudeo.
Milenio