Ejecutivo no podrá decidir concesiones

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiraron al Poder Ejecutivo, por mayoría de votos, la facultad de otorgar concesiones y permisos en materia de radio y televisión.
El máximo tribunal determinó ayer que el secretario de Comunicaciones no tiene atribuciones para dar concesiones o permisos en materia de radiodifusión, para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones ni para declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.
Durante la revisión del juicio de controversia constitucional que promovió en febrero la Cámara de Diputados, los ministros concluyeron que las facultades que el presidente Felipe Calderón otorgó al secretario de Comunicaciones corresponden única y exclusivamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), organismo regulador del sector.
La Corte continuará hoy con la revisión del juicio. En la sesión se tiene previsto revisar las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y a la Cofetel.
Las decisiones no tienen efectos retroactivos.
Gonzalo Martínez Pous, integrante de la Cofetel, consideró que la decisión de la Corte fortalece al organismo, pero “sería bueno que los legisladores analicen que si ahora la comisión tiene todas las facultades en materia de radiodifusión, deba tener todas en materia de telecomunicaciones”.
En la Cámara de Diputados, el PRI anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas,
El legislador Fernando Morales Martínez comentó que debido a la opacidad que existe en el tema se solicitará al funcionario una lista sobre los beneficiarios en materia de concesiones en los últimos meses. “Es un revés para el gobierno federal y el deber de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al tema”.
El investigador Gabriel Sosa Plata mencionó que la decisión debe abrir la puerta para darle autonomía plena a la Cofetel, como la tiene el Banco de México. (Con información de Angelina Mejía)

Ministro Cossío atenderá caso de LyFC

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, será el encargado de atender el juicio de controversia constitucional que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el viernes pasado, en contra del decreto que emitió el presidente Felipe Calderón para desaparecer a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Cossío tendrá que decidir si admite o no la demanda que promovieron los asambleístas. Para hacerlo no tiene un plazo establecido, pero normalmente este tipo decisiones las adoptan los ministros en uno o dos días.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, se enteró de que el caso le había tocado al ministro Cossío, por riguroso turno, al salir de la Corte y revisar las listas de notificaciones.
Esto último después de dejar, en la Oficialía de Partes y la oficina de la presidencia del máximo tribunal del país, la petición del sindicato para que la Corte ejerza la facultad que tiene para investigar violaciones graves de garantías en el caso de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, no pudo recibir al líder de los electricistas, porque al momento de su arribo al alto tribunal se encontraba en una sesión pública en la que los ministros estaban resolviendo un juicio vinculado con una reforma electoral en Aguascalientes.
No obstante, después de dejar las instalaciones de la Corte y al dirigirse a los cientos de trabajadores que lo acompañaban, el líder sindical expresó su confianza en las decisiones que adoptará el máximo tribunal y, en general, el Poder Judicial.
En particular Esparza criticó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, por considerar “una aventura” el juicio de amparo promovido por el sindicato, y firmado por alrededor de 26 mil electricistas.
“Se está metiendo con los jueces y se le olvida que en este país hay tres poderes”, dijo, luego de recordar que la jueza Guillermina Coutiño Mata les había concedido, el viernes pasado, una suspensión definitiva para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no resolviera todavía sobre la terminación o no de la relación laboral entre el gobierno y el sindicato.
Durante la manifestación fueron notorias las cartulinas dirigidas a los ministros de la Corte y, en especial, a la juez, como la que decía:
“Guillermina Coutiño Mata eres la esperanza de México (como juez y mujer) contra la violación de la Constitución del decreto de Calderón. 66 mil familias te lo agradeceremos toda la vida. El SME te apoya hasta la victoria”.
Después de informar sobre sus actividades en la Corte, Martín Esparza convocó a sus compañeros para que se dirigieran a manifestarse, ahora, frente a las instalaciones del Senado.( El Universal)

G-20 acuerda aumentar recursos al FMI ante la crisis económica

Los ministros de Finanzas del G20 llegaron hoy a un acuerdo para reforzar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aparcaron sus diferencias en torno a nuevos programas de estímulo económico, según declararon tras reunirse con banqueros centrales en Horsham, en las cercanías de Londres.
El G20 incrementará los medios financieros del FMI a fin de fortalecer la institución y mejorar su capacidad de intervenir con mayor rapidez y eficacia en países con dificultades financieras.
Los ministros de Finanzas del grupo de los 20 principales países industrializados y emergentes consideraron que la decisión de ampliar las inyecciones financieras para reactivar la economía corresponde a cada Estado.
Estados Unidos sugirió esta semana que la capacidad de dar préstamos del FMI tendría que aumentar hasta los 750 mil millones de dólares, mientras que los países europeos del G-20 pretenden menos, doblarla para que alcance los 500 mil millones de dólares.
“Estamos de acuerdo en dar todos los pasos necesarios durante el tiempo que sea preciso para poner fin a la crisis”, afirmó el anfitrión del encuentro, el ministro de Finanzas británico, Alistair Darling.
Los participantes apuntaron a la necesidad de revisar la estructura financiera global a fin de sanear el sistema bancario y financiero internacional, incluidos los fondos especulativos, y de evitar futuras crisis. La prioridad ahora es volver a restablecer el flujo crediticio, aseguraron.
Los titulares de Finanzas del G20 se reunieron en la tarde del viernes para preparar la cumbre programada para el 2 de abril en Londres. Paralelamente se reunieron la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Gordon Brown, para abordar cuestiones relativas a la cumbre.
La Jornada

INAH niega permiso a empresa para rastrear restos de galeón

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó las dos solicitudes que presentó la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, con sede en Tampa, Florida, para rastrear los restos de un antiguo naufragio de 1631 en la sonda de Campeche.
Las solicitudes las presentó esta empresa en 2006 y 2008 ante las secretarías de Marina (Semar) y de Educación Pública (SEP) y fueron turnadas al INAH, que las rechazó “en todo momento”, sostuvo María Villarreal, coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto.
“Los proyectos presentados por la compañía no cumplen con los requisitos que establecen las disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México”, expresó y reiteró el compromiso del INAH con la defensa del patrimonio cultural sumergido en el país.
Odyssey Marine Exploration pidió permiso para explorar la nave almiranta Nuestra Señora del Juncal, un galeón de la Flota de la Nueva España que naufragó en 1631 en la sonda de Campeche, “y que siempre ha estado en la mira de los cazadores de tesoros”.
El 14 de octubre de 1631 zarpó del puerto de la Villa Rica de la Veracruz la flota anual de Felipe IV rumbo a España, una de las más importantes de la colonia, y llevaba a bordo de sus 19 embarcaciones un preciado cargamento con los bienes obtenidos por los ministros del rey para alimentar al imperio español.
La mayor parte de los barcos y tripulantes de la flota novohispana de ese año jamás regresó a España; una poderosa tormenta cegó la vida de cientos de navegantes, en un suceso que dejó su huella en la historia como una de las más grandes tragedias ocurridas en aguas mexicanas.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del INAH dijo que el proyecto enviado por la empresa de Estados Unidos a la SEP para explorar ese naufragio no tiene propósitos de investigación, ni cuenta con el aval de arqueólogos o de una institución académica de reconocido prestigio, “condiciones sin las cuales es imposible autorizar este tipo de iniciativas”.
Pilar Luna Erreguerena, subdirectora de Arqueología Subacuática del INAH, dijo que México cuenta con un prestigio internacional en lo que respecta a la protección de su patrimonio cultural sumergido, además de contar con el amparo de diversos instrumentos legales en la materia.
Estas acciones de defensa por parte del INAH se remiten aproximadamente a finales de los años 70 del siglo pasado, “desde entonces el Instituto ha negado múltiples solicitudes (más de una treintena) de nacionales y extranjeros, para explotar estos barcos que se hallan sumergidos en aguas mexicanas”, indicó la especialista.
También dijo que “todas las peticiones, algunas descabelladas y otras muy bien formuladas, conllevan la intención de recuperar estas embarcaciones que tienen cargamentos importantes en términos económicos (oro, plata y piedras preciosas), alegando que eso no es histórico. Se trata de un error de concepción.”
Señaló que un navío es una cápsula de tiempo y todo lo que contiene es material histórico, arqueológico.
En este sentido, agregó, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, “define muy bien qué bienes entran dentro de esta categoría”.
El INAH recordó que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se encuentran las disposiciones reglamentarias para la realización de este tipo investigaciones en México, incluidas sus aguas que comprenden hasta las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva.
En 2006, México ratificó la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la cual se ha convertido en un instrumento legal de vital importancia que obliga a no negociar este legado. Este acuerdo internacional entró en vigor a principio de 2009.
Aunque la convención no la han firmado más allá de 22 países, más de 100 naciones aceptan el respeto de estas reglas que incluyen la protección in situ de cada naufragio o sitio, siempre que sea posible; y la prohibición del uso comercial del patrimonio cultural subacuático, agregaron los directivos del INAH.
“Este es uno de los principios básicos que impedirá que cualquier país negocie con buscadores de tesoros, postura que en el caso de México se ha mantenido desde 1980 al crearse el área del Arqueología Subacuática en el INAH”, concluyó Pilar Luna.
El instituto recordó que México cuenta con casi 11 mil kilómetros de litorales y hasta 200 millas náuticas mar adentro en las que se ejercen diferentes regímenes de jurisdicción.
Proyecto Flota de la Nueva España, 1630-1631
En 1995, con una ardua investigación en numerosos archivos de México, España y Cuba (puntos estratégicos en los sistemas de navegación de la época virreinal), el INAH inició el proyecto Flota de la Nueva España, 1630-1631; que entre sus resultados ha tenido la publicación de un libro homónimo, coordinado por la etnohistoriadora Flor Trejo.
La búsqueda de esta flota en el mar se ha llevado a cabo mediante un sistema de sensores remotos como el magnetómetro, la ecosonda, el sonar de barrido lateral y un Sistema de Posicionamiento Geográfico.
El Universal

Acuerda G7 reformar sistema financiero sin proteccionismo

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) concluyeron su cumbre en la capital italiana con el acuerdo de reformar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y estabilizar la economía mundial además de combatir toda forma de proteccionismo.
“Un FMI reformado, reforzado con recursos adicionales, es crucial para responder con eficacia y flexibilidad a la crisis actual”, señalaron.
“La excesiva volatilidad y los movimientos desordenados en los mercados monetarios tienen implicaciones negativas para la estabilidad económica y financiera”, dijo el G7 este sábado en un comunicado, tras finalizar su cumbre iniciada el viernes en Roma.
Las siete mayores economías del mundo se comprometieron a emplear todos los instrumentos a su alcance para apoyar el crecimiento y la ocupación, aunque reconocieron que el “grave estancamiento” de la economía global persistirá buena parte de 2009.
Según el texto, los ministros del G-7 se comprometieron a garantizar “un estrecho monitoreo de las tasas de cambio” y a continuar la vía hacia una tasa de cambio más flexible.
Ello “debería llevar a un continuo apreciamiento del yuan (la moneda china) en términos efectivos, y debería contribuir a promover un crecimiento más equilibrado en China y en la economía mundial”, señalaron.
Hicieron énfasis en su compromiso a combatir el proteccionismo “que tendría únicamente el efecto de alimentar la recesión y exacerbar la fase negativa”.
Por ello, las siete mayores economías del mundo dijeron que favorecerán “un sistema de inversiones y de comercio global y abierto indispensable para la prosperidad mundial”.
Asimismo, los ministros del G-7, que incluye a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se comprometieron a evitar que nuevas barreras creen obstáculos al comercio mundial.
Además trabajarán por “una rápida y ambiciosa conclusión de la ronda de Doha”.
Reiteraron su determinación a “restablecer la plena confianza” en el sistema financiero, pues “el grave deterioro de la economía global ha implicado significativas pérdidas de puestos de trabajo”.
Los ministros de Finanzas del G-7 acordaron que antes de junio próximo será emitido un “legal standard”, o reporte sobre un conjunto de reglas universalmente compartidas sobre propiedad, integridad y transparencia de la actividad económica y financiera internacional.
“El trabajo del G-7 parte de la constatación de que existe en el mundo un déficit de confianza y que entre las principales causas de la crisis hay sobre todo un déficit de reglas”, dijo el ministro italiano de Economía, Giulio Tremonti, al presentar a la prensa las conclusiones de la cumbre.
“Creo que el punto fundamental es el compromiso fuertísimo para alcanzar nuevas reglas para un nuevo orden económico coherente con la estructura del capitalismo y del mercado global”, añadió.
En la cumbre, iniciada el viernes en la capital italiana, también participaron los gobernadores de los bancos centrales del G-7, representantes del FMI, del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.
La Jornada

Ministros: hubo violaciones graves a garantías en Atenco

Al continuar este martes con el análisis del dictamen sobre el caso de San Salvador Atenco, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron un posicionamiento “personal” y coincidieron -en su mayoría- en que sí se incurrió en violaciones graves a las garantías de individuales de pobladores en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Para el ministro David Góngora Pimentel desde el momento en que las instancias no aceptaron la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se violentaron “gravemente” los derechos humanos en conjunto, lo que implica un “total desprecio a la dignidad humana”.
Agregó que su postura se basa en el hecho no solamente en el hecho de que los mandos y la autoridad superior hayan incurrido en omisión, sino por tratarse “de una acción pensada”, lo que podría sugerir, dijo, la existencia de autores intelectuales. Y es que, abundó, el operativo para dispersar a los floristas que se manifestaron el día de 3 mayo siguió un modus operandi.
De igual manera, continuó Góngora Pimentel, en la violencia sexual ejercida hacia las mujeres se advierte un patrón de conducta ya que todos los abusos fueron cometidos con la mista técnica, “buscando no dejar evidencia incriminatoria” de los mismos.
La actuación de las autoridades, consideró, no muestra el cumplimiento de un operativo para despejar la circulación de una vía pública, sino un “mensaje claro para los que retan a la autoridad”. Asimismo, esto evidencia el uso de un método represivo el cual “no puede surgir por azar, sino con una planeación previa”.
En el mismo sentido de reconocer graves violaciones a las garantías individuales se pronunciaron en su turno los ministros José Cossío Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Juan Silva Mesa, Sergio A. Valls, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González, José de Jesús Gudiño Pelayo.
Solamente Sergio Salvador Aguirre disintió al considerar que no hay pruebas de violación al derecho a la vida, pese a las dos víctimas mortales que hubo a consecuencia de los operativos policiales. Asimismo, dijo que no existe un solo dictamen que acredite la violación a la libertad sexual para el caso de las mujeres que así lo denunciaron.
Para el ministro Cossío Díaz es importante precisar cuáles fueron las causas que generaron el estado de incertidumbre en el momento del operativo, y para ello es necesario estudiar la actuación de las autoridades e identificar sus nombres. Y es que, como ayer fue planteado, la responsabilidad no involucra a todos los participantes por igual.
Por su parte, Azuela Güitrón destacó la legitimidad e incluso la necesidad del operativo implementado por la autoridad con el fin de librar la vía pública que había sido tomada por los floristas que se manifestaban por haber sido reubicados.
Sin embargo, señaló, el uso de la fuerza para disolver la protesta fue “poco profesional” lo que derivó en acciones desproporcionadas. Incluso precisó: “el legítimo uso de la fuerza no exime las graves violaciones a las garantías individuales” tales como el derecho a la vida, a la libertad sexual, a la inviolabilidad de domicilio, entre otras.
Asimismo, puntualizó que la autoridad encargada de ejecutar acciones de control requiere una formación y preparación técnica y sicológica que evite tales resultados. Al respecto, el ministro Silva Mesa secundó que en el operativo “legítimo” hubo impericia, improvisación y falta de capacidad.
Expuso que de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución, lo principios que rigen el uso de fuerza pública son la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos considerados en la misma Carta Magna. Para el ministro, todos esos principios constitucionales se vieron violentados.
De igual modo sucedió con los derechos humanos -que son las garantías individuales- reconocidos en tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México: “Este principio de respeto a los derechos humanos también fue violado”.
Para las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, el uso de la fuerza pública fue justificada porque había facultades para hacerlo; no obstante, se llegó a un “exceso”.
“¿En el operativo hubo violación grave de garantías?, yo diría sí, (…) en cuanto al uso del uso excesivo de la fuerza en relación con las detenciones, en relación con las inviolabilidades de domicilio, en relación con, sobre todo, con los abusos sexuales cometidos contra las mujeres que fueron trasladadas”, afirmó Luna Ramos.
Respecto a los artículos constitucionales violados, subrayó que fueron el “16, 19 y 21″.
Por su parte, José Fernando Franco González señaló que su “opinión” es a favor del dictamen en lo relativo a los acontecimientos del día 4; sin embargo, indicó, en lo que se refiere a las muertes de dos personas coincide con el hecho de que “no pueden ser calificadas en este informe como violación grave de garantías”, puesto que hasta ahora no está acreditado y “sigue sin estar acreditado que fuese un miembro de la autoridad quien los privó de la vida”.
No obstante, afirmó que no puede pasarse por alto que pudiese existir dicha calificación si de las investigaciones resultase que efectivamente un integrante de los agentes que actuaron fue el que “causó la muerte de las personas o en el caso de Alexis Benhumea Hernández, a quien es imputable el retraso en la atención médica”.
Asimismo, mencionó que podría existir “una responsabilidad objetiva del Estado si se acreditara que no se tomaron las medidas necesarias durante los operativos para evitar esas muertes”.
Para la sesión de mañana se espera que el Pleno de la Corte comience a revisar qué autoridades estuvieron involucradas en estos hechos, de igual forma, dejaron pendiente para este miércoles informar cuáles son los derechos de los habitantes de San Salvador Atenco que se violaron.
La Jornada