México anula las condenas por la matanza de indígenas en Chiapas

La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México anuló este miércoles por deficiencias en el proceso las penas de cárcel impuestas a una veintena de condenados por la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida en Acteal, en el sureño estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
La decisión implica que los reos, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y a unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
“No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad”, dijo el magistrado Juan Silva Meza.
La Sala Primera de la SCJN celebró el miércoles una sesión en la que, por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, optó por declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas.
La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que “de manera inmediata se ponga en libertad” a los hasta hoy condenados por delitos relacionados con la masacre.
Repetición de juicios
Pese al anuncio, el Supremo deja aún en el aire el destino de otros 32 encarcelados, cuyos recursos dependen del magistrado, y obliga a la repetición del juicio de 9 sentenciados más, dijo Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.
La matanza en Acteal de 45 indígenas pertenecientes a la comunidad religiosa ‘Las Abejas’ cuando estaban orando, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, conmovió en su momento a México y a la opinión pública internacional por la forma en que fue realizada y porque ocurrió en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con grupos paramilitares.
Críticas a la instrucción penal
Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso que fue considerado endeble en su investigación e instrucción penal.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un “crimen de Estado” del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y al ex presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, dijo el martes que los condenados por la matanza de Acteal “fueron injustamente acusados” y pidió su puesta en libertad.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró sobre la base de los testimonios aportados que los condenados eran culpables, y sostuvo que liberarlos dejaba “en la impunidad” un “crimen de lesa humanidad”.
El Mundo

La policía carga contra los partidarios de Zelaya en Tegucigalpa

Desde que el presidente Manuel Zelaya fuese detenido y sacado de Honduras por los militares golpistas, decenas de ciudadanos habían permanecido frente a la Casa Presidencial, como guardándole la ausencia, impidiendo que el nuevo presidente ocupara su lugar. Los soldados, bien pertrechados tras las rejas, observaban y esperaban, escuchando sin inmutarse los gritos que los llamaban traidores, las invitaciones a desertar, a unirse al pueblo. Pero anoche, ese tenso equilibrio se rompió. Los militares, ayudados por la policía antidisturbios, salieron para cargar con violencia contra los ciudadanos. Sobre las calles de Tegucigalpa ya cayeron las primeras gotas de sangre.
No hubo muertos, aunque durante todo el día corrió el rumor de que Rosel Ulises Peña, un joven trabajador de la empresa de telecomunicaciones Hondutel había muerto tras ser arrollado por un camión militar. Ulises, de 30 años, estaba en la puerta de la empresa cuando los soldados acudieron para tomarla y bloquear, aún más, las ya pésimas comunicaciones en el país. Después de que algunas agencias internacionales incluso lo dieran por muerto, un portavoz del hospital desmintió categóricamente que el joven herido hubiese fallecido. Pero el atropello del trabajador fue un mal presagio que pronto se confirmó.
Las calles adyacentes a la Casa Presidencial fueron escenario de violentas cargas policiales. El objetivo del despliegue era despejar la avenida Juan Pablo II para permitir que el nuevo presidente, Roberto Micheletti, pudiera acceder a su nuevo despacho oficial. Y para ello, los policías y los soldados no tuvieron inconveniente para utilizar de gases lacrimógenos, porras de madera y proyectiles de goma. Los escarceos se sucedieron, porque los manifestantes intentaron mantenerlos a raya con palos y piedras, pero casi nunca gana David frente a Goliat. La Cruz Roja tuvo que atender a decenas de personas contusionadas, algunas de ellas con heridas abiertas en la cara, pero finalmente la avenida quedo expedita.
El País