IFAI ordena a PGR revelar gasto en testigos

En tres años de 2004 a 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha destinado al menos 36 millones de pesos en la aplicación del Programa de Protección de Testigos.
Y ahora, por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia tendrá que dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009, así como el gasto ejercido para su seguridad.
El pleno del instituto revocó la clasificación de información de PGR, que argumentó que al revelarse esto representaría un “perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia… estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado”, como señala el artículo 16 del Código Federal Penal.
La ponencia de la comisionada Sigrid Arzt Colunga consideró que la información solicitada por un ciudadano, a través de la Ley Federal de Transparencia, era “estadística” que no impide las acciones para evitar la comisión de delitos, ni forma parte de averiguaciones previas.
En su análisis, la comisionada dijo que era inadmisible que la PGR haya clasificado la información cuando en ocasiones previas ha hecho público en boletines de prensa y en solicitudes de información el número de testigos protegidos y los gastos destinados para su seguridad.
Arzt Colunga aseguró que tras una búsqueda de información se confirmó que la “inexistencia” de datos que dio PGR sobre el número de testigos a quienes se les hubiera cambiado la identidad, así como del sueldo que perciben, pues tanto las remuneraciones económicas como los cambios de identidad no son figuras jurídicas que se contemplen en la Ley.
Así el órgano garante de la transparencia ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano administrativo de la Procuraduría, que debe tener la información estadística concentrada y la entregue al recurrente. (EL UNIVERSAL)

Pascual descarta operativos de agentes de EU en México

Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que ningún agente estadounidense realizará operativos en territorio mexicano, pero dejó en claro que su país seguirá colaborando con el presidente Felipe Calderón y su gobierno “para romper el poder de las organizaciones narcotraficantes, y para poner fin a la violencia que generan”.
Durante su visita al Consulado de Ciudad Juárez, el diplomático lamentó el asesinato de dos estadounidenses-una de ellas funcionaria de la representación y su esposo-, así como de un mexicano cónyuge de otra de las empleadas.
Indicó que la sociedad no puede perder la sensibilidad a estros hechos y acostumbrarse a la violencia.
“Nunca debemos perder nuestra indignación ante estas violentas, absurdas e injustas acciones de las organizaciones narcotraficantes y sus sicarios”, por lo que reiteró el apoyo de su gobierno a las autoridades mexicanas bajo la responsabilidad compartida.
Pascual reiteró que se trabajará con el gobierno mexicano para esclarecer los asesinatos.
Sin embargo, precisó que “ningún oficial de las agencias de la ley de los Estados Unidos llevará a cabo operativos en México. Oficiales de múltiples agencias de la ley a nivel federal y local, están concertando el apoyo a las investigaciones a través de una coordinación de agencias en el lado estadounidense de la frontera.
En México, las agencias estadounidenses están apoyando a las autoridades mexicanas, quienes tienen la jurisdicción en la investigación”.
El embajador indicó que “más que nada, continuaremos nuestra cooperación en un espíritu de comunidad compartida, especialmente en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, en las que los fuertes lazos de historia, cultura e intereses mutuos unen estrechamente a los
pueblos mexicano y estadounidense”.
Reiteró que “los asesinatos el fin de semana pasado de tres amigos y colegas en la comunidad de la representación de Estados Unidos son más que trágicos. Son insólitos. Todos los miembros de la representación en México y yo mantenemos en nuestros pensamientos y oraciones a nuestros colegas y amigos del Consulado General en Ciudad Juárez. Y estamos haciendo todo lo posible por apoyarlos en estos momentos de
necesidad”.
Señaló que “el dolor, la indignación que sentimos ante la pérdida de nuestros amigos y colegas, de México y de los Estados Unidos, es el mismo dolor e indignación que miles de mexicanos, en comunidades por todo el país, han sentido ante las pérdidas trágicas y absurdas de seres amados, familiares y amigos”.
Recordó casos en Ciudad Juárez “como las muertes sin sentido de los 15 estudiantes adolescentes en enero.
Este tipo de pérdida también se ha sentido intensamente en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Matamoros, y en otras comunidades a lo largo de la frontera. Miles más han sido impactados por ese dolor en comunidades lejos de ella, especialmente en Sinaloa, en Michoacán y en Guerrero”.
Pascual sostuvo que “al tiempo que lamentamos la pérdida de nuestros amigos y colegas, es importante que no nos permitamos volvernos insensibles ante estos actos de violencia.” (EL UNIVERSAL)

La Corte “cierra” los expedientes de PGR

La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo “porque avala el estado de opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la Comisión”.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “se trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más”.
Criticó a los ministros que se dicen defensores de las garantías individuales, pero “se achican a la primera sentencia”.
El especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las investigaciones a funcionarios.
Agregó que las solicitudes de la CNDH en ningún momento pueden poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la Comisión usa los datos sólo para determinar si algún funcionario de la PGR cometió o no violaciones de garantías.
“La CNDH en ningún momento difunde la información que le da la PGR, ya que la mantiene en reserva”, explicó.
Afirmar que la CNDH puede divulgarla es como atribuirle conductas criminales, consideró Carbonell.
La Comisión argumentó que la dependencia federal busca impedir que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por la PGR dentro de la lucha contra el crimen organizado.
Pero la mayoría de los ministros llegaron a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
Los ministros que no validaron el cambio legal (José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia) coincidieron en que se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos. “Quedarán indefensos quienes sufran maltratos en los que esté involucrada la PGR”, advirtieron. (EL UNIVERSAL)

Suscribe convenio el Consejo Estatal de Seguridad Pública

Autoridades en materia de Seguridad Pública Federal y del estado de Nayarit, así como los municipios, suscribieron el Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública Estatal y Municipal 2010.
Con ellos, se fortalece el desempeño de las funciones de los estados y municipios en materia de seguridad pública, y se mejorará la infraestructura de las corporaciones policíacas.
Asimismo, se informó, se suministrará el equipo que requieren los organismos policíacos para avanzar en la profesionalización de los encargados de preservar la seguridad pública de los nayaritas.
En el Convenio se establece un financiamiento conjunto Federación y Estado de 166 millones de pesos, los cuales serán aplicados a los diferentes ejes del Programa Nacional de Seguridad Pública, entre los que se encuentran Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Sistema Penitenciario, Combate a la Corrupción, Plataforma México y Alineación de la Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia.
En lo referente a los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, Santiago Ixcuintla y Tepic, el monto total será de 70 millones de pesos, resultado de los recursos presupuestarios federales del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal SUBSEMUN y la aportación municipal correspondiente.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a la suscripción de Convenios del Fondo de Aportación para Seguridad Pública, y al Artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el otorgamiento de subsidios a los Municipios y el Distrito Federal en materia de Seguridad Pública, así como al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, dentro de las políticas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del estado de Nayarit.
Por parte del gobierno estatal, participó el Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez, contándose con la presencia del Secretario de Hacienda, Gerardo Gangoiti Ruiz; del Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Florencio Román Messina; del Secretario de Planeación, Programación y Presupuestación, Felipe Prado Hopfner; el Procurador General de Justicia del Estado, Óscar Humberto Herrera López, y Fernando Alonso Carvajal Cazola, Secretario de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
También asistieron los presidentes municipales de Tepic, Compostela, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, con base al acuerdo de elegibilidad publicado el 15 de Enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
Por parte del Gobierno Federal, suscribió dicho convenio el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo representado por la Coordinadora Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, María Eugenia Ramos Francia.

Ni por ética renuncio a subsidio de Procampo: Mayorga

El secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, informó que no renunciará al subsidio que recibe del Procampo como productor, porque es legal ese beneficio.
A la pregunta de si declinaría el subsidio, mientras sea secretario de Agricultura, por una consideración ética de servidor público, confirmó que “ni por ética” lo hará.
Francisco Javier Mayorga asistió a la Cámara de Diputados a una reunión con la Comisión de Agricultura y después leyó una declaración escrita a los medios en la que expresa que al recibir subsidios no ha violado la ley.
Dijo que el Procampo es uno de los programas más auditados en México y a nivel internacional, lo cual le da “mucha transparencia”.
Este diario publicó el pasado lunes 15 que el secretario Mayorga y su familia son beneficiarios del Procampo, y en su edición de este día da cuenta de que la filial en México de una trasnacional, Cargill, ha recibido 500 millones de pesos, en un lustro, como impuestos a la exportación.
Dijo que se dan entregas de subisidio de Aserca en puntos estratégicos de la cadena productiva, donde los productores reciben el beneficio a través de los compradores. Y corroboró que el apoyo individual en ningún caso es mayor de 100 mil pesos.
Mayorga visitó durante casi cuatro horas el Palacio Legislativo, a donde llegó con antelación a la reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura, y su presencia se significó por el cerrado dispositivo de seguridad a su persona, casi cuerpo a cuerpo, incluso dentro de la sala de trabajo de los legisladores.
Sólo dijo “no”, a la pregunta de si la custodia especial se debe a que teme por su vida en el actual escenario de combate al narcotráfico. “No sé que instrucciones tengan”, los integrantes de su escolta, comentó.
Llevaba preparado un mentís al presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, quien sostiene en declaraciones que publica EL UNIVERSAL, en el sentido de que el narco es la principal fuente de financiamiento en el campo.
Ante los periodistas, el secretario expresó su solicitud para que García Villalobos “comparta la información que posee, sobre la ubicación de cultivos”, y recomendó al presidente del Tribunal Superior Agrario, “que denuncie los hechos ante la autoridad correspondiente”.
Sostuvo que el Procampo no financia a narcotraficantes, pues en cuanto se descubre un predio que se usa para el cultivo de enervantes, se da de baja del padrón del programa. Pero no supo la información de la superficie que se excluyó por prácticas ilegales.
Explicó que las superficies en las que se da el cultivo ilegal por regla están en zonas boscosas y en las montañas, y “prácticamente, no” en zonas agrícolas”. (EL UNIVERSAL)

AMPF Consigna a probables responsables de delitos de delincuencia organizada

El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado la averiguación previa AP/PGR/NAY/TEP-IV/042/2010, contra Fausto Javier Rivera Cantú, José Antonio Valdez Lugo, Álvaro Ramírez Carranza, José Carrillo de la Cruz y/o José Luis Ortega de la Cruz, y Norberto Garibay Betancourt, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con el expediente, estas personas se encuentran relacionadas con el enfrentamiento con armas de fuego registrado el pasado 31 de enero del año en curso, sobre la avenida Insurgentes y la calle Laureles y Góngora, en la ciudad de Tepic, donde autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron a los inculpados, así como diversas armas y cartuchos de grueso calibre, que quedaron a disposición del Representante Social de la Federación, quien luego de desahogar diversas diligencias consignó el expediente.
Cabe señalar que Carrillo de la Cruz, Garibay Betancourt y Valdéz Lugo fueron internados en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, en tanto que Rivera Cantú y Ramírez Carranza se encuentran hospitalizados, todos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

Cananea ofrece liquidaciones superiores a las de ley

La minera Mexicana de Cananea ofreció liquidaciones superiores a las de la ley a los trabajadores que así lo decidan, el reparto de utilidades pendiente, en un promedio de 170 mil pesos por persona, y considerarlos para la recontratación.
En un comunicado fechado en Cananea, Sonora, la minera indicó que los trabajadores que decidan cobrar su liquidación serán considerados para su contratación, una vez que la empresa reanude sus operaciones productivas, en cuanto las circunstancias judiciales lo permitan.
Mexicana de Cananea, en paro de labores desde el 30 de julio de 2007, refrendó el compromiso de que tan pronto lo permitan las condiciones, reabrirá la mina y seguirá haciendo las inversiones necesarias para contribuir a su desarrollo.
Precisó que los trabajadores que voluntariamente así lo decidan, recibirán una liquidación conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, ‘la que se traduce en un pago varias veces superior al de la liquidación de ley’.
El corporativo indicó que también recibirán el pago de la participación de utilidades pendiente de liquidarse, equivalente a una cantidad de 170 mil pesos en promedio por trabajador.
Puso como ejemplo que si un trabajador tiene una antiguedad de 32 años, recibiría una liquidación de un millón 557 mil 178 pesos, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y 55 mil 639 pesos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) .
En cambio, si un empleado tiene una antiguedad de 18 años, entonces la liquidación sería de 785 mil 279 pesos (CCT) y 41,172 pesos (LFT) , detalló.
Indicó que los trabajadores que así lo decidan pueden pasar por sus liquidaciones a partir de este lunes y hasta el 29 de enero a la Junta Especial Número 23 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada Prolongación Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calzada de los Angeles, colonia Las Quintas de Hermosillo, Sonora. (EL UNIVERSAL)

Ney González, siempre con la gente más necesitada: Griselda Esparza

La titular de la Comisión Técnica del Transporte, Griselda Esparza, manifestó que la posición del Gobernador Ney González Sánchez, es estar siempre del lado de la gente más necesitada.
Estableció que las decisiones de la Comisión Técnica del Transporte han sido a favor de la sociedad; “el trabajo del Gobierno del Estado siempre será a favor de la gente, de la población”.
En rueda de prensa, Griselda Esparza coincidió en señalar que este mismo lunes se definirá la situación del transporte público; “para ello, nos estaremos reuniendo los integrantes de la Comisión Técnica Ampliada, para poder asumir una determinación de cómo quedará el tema de las tarifas”.
Parte de lo que se ha definido es establecer contralorías sociales, “porque el usuario es el mejor elemento para saber si realmente está funcionando el servicio; será una supervisión constante y permanente para que se cumplen y se acaten las condiciones que se acuerden”.
Esparza Flores dijo que se está dando una tregua para que se cumpla con las condiciones que se vayan a establecer, y de no ser así, la autoridad procederá de manera puntual de acuerdo a lo que la ley establece.

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