PRI: el PAN rehúye costo de gobernar

El ambiente de las negociaciones para sacar la Ley de Ingresos se enrareció en las últimas horas, luego de que el PRI acusó ayer al gobierno federal de mantener un doble discurso, al PAN de rehuir su responsabilidad de gobernar y a la Secretaría de Hacienda de incumplir con su compromiso de entregar a los estados participaciones federales.
En el PRD, por un lado el senador y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Carlos Navarrete, propuso una alianza al PRI para dar un “golpe de timón”, “modificar” y desechar los nuevos impuestos planteados en la Ley de Ingresos que aprobó la Cámara de Diputados el miércoles anterior. Pero, por el otro, el presidente del partido, Jesús Ortega, acusó a los gobernadores del PRI Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Enrique Peña de haberse “confabulado” con el gobierno para presionar a senadores con el fin de no modificar el paquete fiscal.
Dijo que las negociaciones de esos mandatarios incluyen el asunto electoral y las alianzas, y principalmente reclaman dinero para ser utilizado en las campañas de 2010, el cual sólo pueden obtener a través del alza a los impuestos.
Los diputados, senadores, gobernadores y la dirigencia priístas mantuvieron sin éxito una reunión para discutir el plan fiscal. Los mandatarios exigen más recursos, sin embargo los legisladores se oponen a que su partido cargue con el costo político de aprobar, entre otras medidas, un incremento de IVA de 15% a 16%, aumento al ISR para que pase de 28% a 30% y un gravamen de 3% al sector telecomunicaciones.
Después del cónclave, el PRI informó que creó una comisión conformada por senadores, diputados y la dirigencia nacional, para dar seguimiento a las negociaciones en torno a la Ley de Ingresos 2010.

La guerra al ‘narco’ multiplica las denuncias contra el Ejército mexicano

Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: “Pinches putas, al final es lo que les gusta…”. Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: “Ni la Virgencita te va a salvar”. En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron…
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 “crímenes atroces” cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
“Una de las principales causas”, señala el informe, “de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente”.
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?…
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. “El Gobierno federal”, explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (…) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos”. Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados… Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: “Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares”.
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: “Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas”.
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?
El País

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