Plantean prisión vitalicia para secuestradores

El pleno del Senado de la República dio entrada este mediodía la reforma que refuerza la lucha contra el secuestro enviada por el presidente Felipe Calderón.
La reforma fue turnada al inicio de la sesión al documento a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera.
En el texto enviado por el Ejecutivo se impulsa un programa para resarcir el daño a las víctimas, poder grabar conversaciones telefónicas e introducir agentes “infiltrados” a las bandas criminales.
La reforma también pide prisión “vitalicia” para los secuestradores en ciertos casos, y la posibilidad de poner dispositivos electrónicos de vigilancia a quienes hayan purgado una condena por ese delito.
Se endurecen penas a los policías, o servidores públicos, que hayan cometido el delito, y se tipifican formas como el secuestro exprés, el autosecuestro, entre otros. (EL UNIVERSAL)

Denuncian secuestro de 15 niños en Haití

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció hoy el secuestro de 15 niños de varios hospitales en Haití y teme que muchos hayan sido sacados ilegalmente del país caribeño por avión.
El asesor para protección de la infancia de UNICEF, Jean Claude Legrand, alertó en rueda de prensa que ‘lamentablemente el organismo ha constatado el secuestro de 15 niños y se teme que los responsables son redes de trata con ligas en Santo Domingo’.
‘Hemos documentado 15 desapariciones de niños que estaban solos en hospitales’, dijo y añadió que ‘la evidencia viene de la organización Save the Children, personal médico y trabajadores sociales’.
Asimismo el organismo teme que muchos niños han sido sacados del país, y aseguró que incluso hubo evidencia de tráfico de niños desde antes del terremoto de 7.0 grados Richter que azotó Haití la semana pasada.
Legrand recordó que la mayor preocupación de UNICEF es identificar a niños que están solos, ya sea porque el sismo los separó de sus familias o quedaron huérfanos.
‘No se declara a un niño huérfano de inmediato, se debe investigar que tengan familiares cercanos antes de que se declare como huérfano’, aclaró.
UNICEF hizo un llamado a la comunidad internacional para proteger y respetar los derechos de niños solos que diversos países han recibido y ‘les recordamos sus obligaciones y su responsabilidad hacia ellos’, agregó Legrand.
Pidió sobre todo protección a las niñas puesto que están en peligro de ser explotadas. (EL UNIVERSAL)

El secuestro exprés ahora también viaja en el Metro

El reforzamiento de las medidas de seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha logrado abatir la incidencia de secuestros exprés. En los últimos 22 meses se han registrado 390 casos de este delito, que conjunta extorsión y privación ilegal de la libertad.
En el Metro operan 3 mil cámaras de vigilancia, detectores de metales y más 3 mil 600 elementos de seguridad recorren andenes y vagones.
No obstante, se registran en promedio 1.6 secuestros al día, sin considerar la cifra negra que representa la suma de los casos que simplemente no son denunciados en ninguna instancia oficial u organismo no gubernamental.
Según información del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDHAC), actualmente en el Metro operan 11 bandas dedicadas al plagio exprés, nueve en los andenes y paraderos, así como en las inmediaciones de las estaciones, y dos más en el interior de los vagones.
Fernando Ruiz, presidente del CLDHAC, dijo que de los 390 casos, 67 ocurrieron desde que se redobló la vigilancia por la balacera en la estación Balderas, el 18 de septiembre. (EL UNIVERSAL)

El secuestro imposible de doña Jacinta

¿Pudo doña Jacinta, una mujer indígena de 1,50 de estatura y 80 kilos de peso, secuestrar sin armas a seis policías mexicanos de élite? Todo el mundo en su sano juicio respondería que no, menos un juez de Querétaro que la condenó sin escucharla a 21 años de prisión y la mantuvo entre rejas tres años y un mes. Hasta ahora. La Fiscalía General de la República, abrumada por la presión mediática, no tuvo más remedio que confesar que no tenía pruebas contra doña Jacinta Francisco Marcial, vendedora de nieves (helados) y aguas frescas.
-¿Cómo se siente?
-Contenta.
Fue lo único que acertó a declarar doña Jacinta tras salir de prisión. “Contenta”. Porque durante los últimos tres años, primero en otomí y luego en el español precario que aprendió en prisión, la palabra que más repitió sin que ni la policía, ni el fiscal ni el juez le hicieran caso fue: “Inocente”. Sólo cuando una organización de Derechos Humanos, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, decidió tomar su defensa y airear el caso en la prensa, la justicia mexicana empezó a moverse incómoda. Pero no por la suerte de la mujer indígena, que aún tuvo que pasar una buena temporada más en prisión, sino por la imposibilidad de mantener la acusación a la luz del día. Este periódico visitó a Doña Jacinta a finales del pasado mes de junio en la prisión de Querétaro. Y en medio del patio, a veces entre lágrimas, esto fue lo que contó.
Que todo empezó el 26 de marzo de 2006. Que aquel domingo, seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas que los acreditasen como tales, llegaron al mercado ambulante de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán y que arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Que los comerciantes se enfadaron, los rodearon y les pidieron la identificación. Que los policías se negaron. Que la tensión creció. Que la situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a uno de los jefes policiales se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos causados y aquí paz y después gloria. Que a los comerciantes les pareció bien siempre que uno de los policías se quedara con ellos mientras el resto iba a por el dinero.
También contó doña Jacinta que de aquello no se enteró hasta después de la misa de once. Se acercó a ver el alboroto y fue entonces cuando un fotógrafo de prensa la retrató, en tercera o cuarta fila, en actitud pacífica, mirando. Pero fue esa fotografía, sólo esa fotografía, la que utilizó la policía para detenerla, y el fiscal para acusarla de secuestro, y el juez para condenarla a 21 años sin siquiera escucharla. Ahora que por fin doña Jacinta está libre y “contenta”, queda otra pregunta más difícil de responder que la que abre esta crónica: ¿cuántas Jacintas más, mujeres indígenas y pobres, dormirán esta noche injustamente en alguna prisión mexicana?
El País

Demanda México Unido mayor coordinación contra el secuestro

La asociación civil México Unido contra la Delincuencia exigió a los estados del país visualizar al secuestro como un delito que no reconoce fronteras ni competencias territoriales, en donde el rehén es el ciudadano común.
Ante ello, demandó a las autoridades mayor coordinación interinstitucional para combatir y erradicar este delito, que ha posicionado a México a nivel mundial como el primero en secuestro. Por ello, “exigimos a las autoridades mayores resultados y mayor coordinación entre las distintas corporaciones, que permitan a los ciudadanos tener certeza sobre los procesos contra aquellos que infringen la ley”.
En un comunicado, la organización indicó que a un año de la tragedia ocurrida a Fernando Martí no se puede decir que la inseguridad y la delincuencia organizada hayan disminuido, específicamente en el delito de secuestro. Aseguró que de acuerdo con cifras oficiales, en los últimos
cinco años el secuestro pasó de 323 a 820 de esos ilícitos, y de agosto de 2008 a abril de 2009 se elevó nueve por ciento.
En el documento manifestó su preocupación de que en este tipo de delitos de alto impacto social han sido públicas y expuestas las deficiencias en la coordinación entre las distintas corporaciones, la cual debe existir para combatir al crimen organizado.
México Unido contra la Delincuencia confió en ese sentido en que la creación de la Cédula de Identifación Biométrica sea una herramienta efectiva que permita a las autoridades el reconocimiento pleno de los delincuentes.
Notimex

Caen cuatro por el secuestro de Silvia Vargas

La policía federal capturó este martes en Veracruz a cuatro presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Rojos, entre ellos el jefe de la banda, Cándido Ortiz González, autores del secuestro y muerte de Silvia Vargas Escalera, hija de ex titular de la CONADE, Nelson Vargas.
Los cuatro detenidos fueron presentados en conferencia de prensa en el centro de mando de la Policía Federal, en la delegación Iztapalapa de la ciudad de México.
Ortiz González, quien también usaba los alias de Arturo Cisneros Marín, Leonardo Huerta López o Comandante Blanco, se encargaba de negociar y cobrar los rescates, informó Luis Cárdenas Palomino, coordinador de inteligencia para la prevención de la Policía Federal.
Además, el funcionario detalló que Miguel Ortiz González o Comandante Tigre, hermano del líder de la banda, participaba en la logística para ejecutar los secuestros.
Los otros capturados son Luis Antonio Ricalde Murcia o Gerardo Salazar Lagunes El Chabelo y José Antonio Estrada El queso de puerco, quienes tenían como función el cuidado de las víctimas.
Cárdenas Palomino destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de pesos por los integrantes de la banda, luego de la fuga de Miguel Ortiz, del hospital de Xoco, donde estaba bajo custodia policial.
Las organización está relacionada con al menos 11 casos de secuestro denunciados a escala federal, pero de acuerdo con investigaciones de la Policía Federal ha realizado al menos 25 plagios en diferentes estados del país.
Su captura es el resultado de investigaciones iniciadas en 2005, tras el secuestro de un comerciante de la comunidad judía.
La banda de Los Rojos, integrada por los hermanos Cándido, Miguel, Raúl y Óscar Ortiz González se caracterizaba por su crueldad, pues como medios de presión mutilaban a las víctimas y las asesinaban si la familia no cumplía sus exigencias.
“Esta organización, para realizar los secuestros, robaba la identidad de otras personas para no dejar rastros”, destacó Cárdenas Palomino.
Señaló que la voz de Cándido Ortiz está identificada en las llamadas de negociación del rescate de Silvia Vargas Escalera.
El Universal

Candidato de Acción Nacional admite un pacto con el narcotráfico

Dice el dicho que todo lo que se critica cae encima. El partido del presidente mexicano Felipe Calderón está basando su campaña electoral en el ataque furibundo a sus adversarios políticos, acusándolos, nada más y nada menos, de hacerle el caldo gordo al narcotráfico. Pues bien, la revista digital Reporte Índigo difundió ayer unas grabaciones en las que Mauricio Fernández Garza, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Pedro, en el Estado norteño de Nuevo León, comenta sus relaciones con el poderoso cartel de los Beltrán Leyva. Dice que sus capos viven en la próspera localidad y da a entender que hasta llegó a pactar con ellos la política de seguridad.
Según las grabaciones, el candidato Fernández atribuye la tranquilidad que goza el municipio de San Pedro, gobernado desde hace años por el PAN, a un pacto con los narcos. La paz de sus calles no es mérito de “su buena policía, sino a que está bajo la custodia de los Beltrán Leyva; San Pedro lo han cuidado, pero lo han cuidado ellos, no nuestras policías”. El candidato de la derecha admitió ayer que la voz que sale en las grabaciones es efectivamente la suya, pero que “están sacadas de contexto”.
Una parte de las grabaciones “sacadas de contexto” es ésta: “Arturo Beltrán Leyva [el máximo dirigente del cártel] vivió siete años en San Pedro… y viven varios ahorita aquí, sus familias, digo. Si quieres con toda la discreción y ocultando su identidad, pero aquí viven, que no te quepa la menor duda. Cuando yo les comenté esto [el plan de seguridad de San Pedro], le dan más importancia a vivir seguros, que a la cantidad de drogas que puedan vender aquí”. El candidato del PAN admite que tal vez la decisión de sentarse con los narcotraficantes fuese temeraria, pero luego matiza la peligrosidad de los Beltrán Leyva en comparación con otras mafias del narcotráfico: “A estos no les da por el secuestro”.
Al cierre de esta edición, el presidente del PAN, Germán Martínez, aún no se había pronunciado sobre el asunto. Tan espinoso para el PAN por cuanto ha basado su campaña para la renovación parcial del Congreso -el próximo 5 de julio- en plantear un dilema al elector: tú decides, o el PAN o el PRI. O la limpieza del PAN y la valentía de Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico, o el pasado del PRI, turbio de complicidades con los cárteles de la droga.
El periodista Ramón Alberto Garza, uno de los responsables de Reporte Índigo, escribió ayer en el periódico El Universal: “Quien deberá pintar muy clara su raya será el presidente Calderón. Lo confesado por el candidato panista de San Pedro es un acto de lesa traición a la lucha que su administración libra contra el narcotráfico, buscando recuperar la seguridad nacional. ¿Cómo explicar a los mandos del Ejército mexicano que mientras nuestros soldados pagan con su vida la terrible guerra contra el crimen organizado, un candidato panista de elevado perfil se sienta a la mesa a pactar con el enemigo y a entregarle la plaza?”.
El País

Diputados nayaritas se suman a la lucha contra el secuestro

En los últimos años, el secuestro se ha convertido en uno de los más grandes temores de los habitantes de algunas regiones del país; se trata de un delito cruel y devastador que, además de generar detrimento económico, deja secuelas físicas y psicológicas permanentes en victimas y familiares.
Este delito se ha convertido en una industria de la que cientos de personas han sido trastocadas en su dignidad, privadas de su libertad y, algunas veces más, mutiladas o privadas de la vida.
Ante esta situación, que cada vez mas afecta a las familias, los diputados integrantes de la XXIX Legislatura -en Sesión Pública Ordinaria- dieron su voto afirmativo a diversas reformas en materia de secuestro, enviadas por la Cámara de Senadores.
Esta reforma señalada en el artículo 75 fracción XXI de la Constitución General de la República, faculta e impone -en el marco constitucional, como obligación al Congreso de la Unión-, a expedir una Ley General en materia de secuestro, la cual permitirá que tanto autoridades locales como federales, investiguen, persigan y sancionen la delincuencia organizada y sus delitos determinantes; ello con un marco normativo uniforme que permita coincidencia en los tipos penales y penas, acordes a las distintas conductas delictivas.
Así mismo, tendrá las herramientas para su investigación, persecución y ejecución de penas; busca abatir esta conducta delictiva en forma armónica con la intervención de los tres órdenes de gobierno, con la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios.
Al respecto, los diputados Roberto Contreras Cantabrana y Marco Antonio Cambero Gómez, hicieron uso de la tribuna, para manifestar su voto afirmativo, argumentando que es urgente se establezcan normas legales en ese sentido.
Los legisladores dieron su voto afirmativo a la reforma a los artículos 4º y 73 fracciones XXV y XXIX-Ñ de la Constitución General de la Republica, en materia de cultura y derechos de autor, enmienda legislativa que consagra el derecho de todo individuo de acceder a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que el Estado presta en la materia, mismo que promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultura en todas las manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
Además, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionada en esta materia.
En la fracción XXIX-Ñ, deposita la facultad del Congreso de la Unión para legislar las bases generales a las cuales se deberán sujetar la federación, estados y municipios en el tema cultural y todo lo que tenga que ver en esta materia.
De esta manera, los representantes populares integrantes de la XXIX Legislatura se suman una vez más a la protección de las familias del país y los nayaritas.