Obama, a los ex directores de la CIA: ‘Nadie está por encima de la ley’

“Nadie está por encima de la ley”, con estas palabras, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha rechazado este domingo la petición de siete antiguos directores de la CIA de finalizar la investigación sobre los presuntos malos tratos a prisioneros.
El Ministro de Justicia estadounidense, Eric Holder, nombró el mes pasado a un fiscal especial, John Durham, para examinar si se presentarán cargos criminales contra los interrogadores de la CIA por haber sobrepasado la línea de los métodos de interrogación autorizados.
El viernes, los ex directores de la CIA enviaron una carta a Obama argumentando que la investigación del Departamento de Justicia perjudicaría a sus operaciones y dañaría la disposición de los funcionarios de inteligencia para adoptar riesgos en aras de proteger a su país.
“Agradezco la disposición de los antiguos dirigentes de la CIA por velar por una institución que ellos han ayudado a construir”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con el programa de la CBS ‘Face the Nation’. “Pero sigo creyendo que nadie está por encima de la ley. Y quiero asegurarme de que, como presidente de EEUU, no estoy haciendo en cierto modo que mis decisiones anulen las decisiones de fiscales que están ahí para hacer cumplir la ley”, declaró.
En otra entrevista en la CNN, Obama dijo: “No quiero empezar a meterme a interrumpir investigaciones que están en marcha”.
Las torturas de la era Bush
El dirigente estadounidense subrayó que sistemáticamente ha dicho que quiere mirar hacia delante, no hacia atrás, en problemas que sucedieron en la administración Bush, como el empleo de métodos de interrogación como la asfixia simulada y la privación de sueño y comida.
Los dirigentes de la era Bush, como el ex vicepresidente Dick Cheney, han defendido sus acciones y han dicho que los interrogatorios arrojaron valiosa información. Mientras, los grupos defensores de los derechos humanos han acusado a la era Bush de emplear la tortura para conseguir información de sospechosos de terrorismo, violando las leyes estadounidenses e internacionales.
En la entrevista de la CBS, Obama explicó que Holder tiene que hacer un juicio sobre lo que sucedió. “Entiendo que en este momento no es una investigación criminal. Simplemente están investigando qué sucedió. No quiero que haya cazas de brujas. Sin embargo, también he dicho que el fiscal general [el equivalente a Ministro de Justicia en EEUU] tiene el deber de hacer cumplir la ley”.
La carta dirigida a Obama estaba firmada por los tres directores de la agencia durante la presidencia de George W. Bush Michael Hayden, Porter Goss and George Tenet así como por John Deutch, James Woolsey, William Webster y James Schlesinger, quienes ejercieron el cargo en la época del presidente Richard Nixon.
El Mundo

Obama, a los ex directores de la CIA: ‘Nadie está por encima de la ley’

“Nadie está por encima de la ley”, con estas palabras, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha rechazado este domingo la petición de siete antiguos directores de la CIA de finalizar la investigación sobre los presuntos malos tratos a prisioneros.
El Ministro de Justicia estadounidense, Eric Holder, nombró el mes pasado a un fiscal especial, John Durham, para examinar si se presentarán cargos criminales contra los interrogadores de la CIA por haber sobrepasado la línea de los métodos de interrogación autorizados.
El viernes, los ex directores de la CIA enviaron una carta a Obama argumentando que la investigación del Departamento de Justicia perjudicaría a sus operaciones y dañaría la disposición de los funcionarios de inteligencia para adoptar riesgos en aras de proteger a su país.
“Agradezco la disposición de los antiguos dirigentes de la CIA por velar por una institución que ellos han ayudado a construir”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con el programa de la CBS ‘Face the Nation’. “Pero sigo creyendo que nadie está por encima de la ley. Y quiero asegurarme de que, como presidente de EEUU, no estoy haciendo en cierto modo que mis decisiones anulen las decisiones de fiscales que están ahí para hacer cumplir la ley”, declaró.
En otra entrevista en la CNN, Obama dijo: “No quiero empezar a meterme a interrumpir investigaciones que están en marcha”.
Las torturas de la era Bush
El dirigente estadounidense subrayó que sistemáticamente ha dicho que quiere mirar hacia delante, no hacia atrás, en problemas que sucedieron en la administración Bush, como el empleo de métodos de interrogación como la asfixia simulada y la privación de sueño y comida.
Los dirigentes de la era Bush, como el ex vicepresidente Dick Cheney, han defendido sus acciones y han dicho que los interrogatorios arrojaron valiosa información. Mientras, los grupos defensores de los derechos humanos han acusado a la era Bush de emplear la tortura para conseguir información de sospechosos de terrorismo, violando las leyes estadounidenses e internacionales.
En la entrevista de la CBS, Obama explicó que Holder tiene que hacer un juicio sobre lo que sucedió. “Entiendo que en este momento no es una investigación criminal. Simplemente están investigando qué sucedió. No quiero que haya cazas de brujas. Sin embargo, también he dicho que el fiscal general [el equivalente a Ministro de Justicia en EEUU] tiene el deber de hacer cumplir la ley”.
La carta dirigida a Obama estaba firmada por los tres directores de la agencia durante la presidencia de George W. Bush Michael Hayden, Porter Goss and George Tenet así como por John Deutch, James Woolsey, William Webster y James Schlesinger, quienes ejercieron el cargo en la época del presidente Richard Nixon.
El Mundo

Fuerte presión sobre Obama para investigar la ‘era Bush’

Aunque Barack Obama ha manifestado reiteradamente su deseo de no echar la vista la atrás, la revelación de que el propio ex vicepresidente Dick Cheney ordenó a la CIA matar a Bin Laden sin comunicarle previamente sus planes al Congreso, puede ser la última prueba de que los abusos de poder cometidos durante la anterior Administración exceden los limites de lo que puede ser ignorado sin perjudicar gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas y del propio sistema.
Obama tiene que hacer frente a una presión creciente tras este último episodio. La CIA había puesto en marcha después del atentado del 11-S un plan secreto contra Al Qaeda. Ese plan se fue desarrollando -la verdad es que bastante lenta y torpemente- sin que ninguno de quienes ocuparon el puesto de director de la CIA desde entonces se atreviese a discutir la orden de Cheney de hacerlo a espaldas de los representantes populares, como manda la ley. Tuvo que cambiar el color del Gobierno, para que el actual jefe de la agencia, Leon Panetta, después de recabar información sobre el asunto, lo transmitiese al Capitolio y le pusiera fin.
Fuentes oficiales han informado de que, en esencia, lo que el programa incluía era dinero y entrenamiento para formar un equipo de super agentes capaz de liquidar el problema de Al Qaeda por la vía rápida, es decir matando a sus principales dirigentes.
Al parecer, el proyecto fue aplicado tan penosamente que los profesionales de la CIA se avergonzaban de él. En realidad, ni pudo ser creado nunca un equipo tan extraordinario ni, que se sepa, mataron nunca a nadie de relevancia. Todo lo que ha quedado es un horrible caso de instrumentalización de un departamento oficial y un gran motivo de bochorno para el Gobierno anterior y de preocupación para el actual.
Varios senadores demócratas han advertido ya que esto no puede ser pasado por alto y que va a ser difícil satisfacer los deseos de Obama de mirar para adelante. “Siempre he dicho que lo mejor hubiera sido crear una comisión de investigación sobre todos esos asuntos”, ha manifestado el presidente del comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.
Otra senadora demócrata muy influyente, la presidenta del comité de Inteligencia, Dianne Feinstein, ha advertido que lo hecho por Cheney es algo muy grave, “algo que nunca debería de haber ocurrido y que nunca debería volver a ocurrir”. “Algo probablemente ilegal”, ha añadido el senador demócrata, Dick Durbin.
La oposición republicana, ya atormentada por multitud de problemas internos, ha optado de momento por guardar silencio o por disminuir la importancia del tema. Según, el máximo representante republicano en el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Pete Hoekstra, el Gobierno no gastó en el proyecto de Cheney más de 50 millones de dólares y “nunca llegó realmente a empezar”.
Ciertamente, lo más grave de este suceso no es el proyecto en sí, sino el desprecio demostrado por parte del anterior Ejecutivo al papel del Legislativo. Eso ya se puso recientemente en evidencia cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo públicamente que la CIA la había engañado sobre el uso del llamado waterboarding (el ahogamiento fingido). Aunque recibió duras críticas de la oposición, Panetta acabó reconociendo que Pelosi había dicho la verdad y que había documentos que lo demostraban.
Frente a pruebas tan contundentes, ¿cómo no hacer nada? Para Obama, desde luego, una investigación de ese tipo ahora podría representar una enorme distracción de su ambiciosa agenda política y, además, un riesgo de aparecer como revanchista a los ojos de la opinión pública.
Pero el fiscal general, pese a ser nombrado por el presidente, tiene independencia para actuar de acuerdo a su criterio, y hay señales de que está decidido a abrir algún tipo de investigación, si no mediante la fórmula de una ‘comisión de la verdad’, sí con la designación de un fiscal especial sobre el caso.
“Confío en que la decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente, pero eso no va a influir en mi decisión”, ha declarado el fiscal general, Eric Holder, al semanario Newsweek.
Obama tampoco se ha negado taxativamente a abrir una investigación. En varias declaraciones, en el pasado, el presidente ha dejado claro que nadie deber de estar por encima de la ley. Pero Obama, un pragmático impenitente, parece prestar más oídos, en relación con este asunto, a sus consejeros que le advierten sobre el daño que se puede causar a los servicios de inteligencia y sobre el perjuicio que se puede ocasionar a funcionarios que, en última instancia, todo lo que hicieron fue cumplir órdenes.
El País

Cheney ocultó al Congreso estadounidense un plan antiterrorista de la CIA

La CIA ha mantenido en secreto al Congreso norteamericano la existencia de un programa antiterrorista durante los últimos ocho años por orden directa del vicepresidente Dick Cheney. Así lo ha reconocido el director del servicio de inteligencia estadounidense, Leon Panetta, a los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, según informa The New York Times citando dos fuentes anónimas.
En dos comparecencias diferentes celebradas a puerta cerrada el mes pasado ante ambos comités, Panetta, designado en el cargo el pasado mes de enero por el presidente, Barack Obama, ha asegurado que había ordenado la suspensión de ese programa el pasado 23 de junio, cuando conoció su existencia a través de uno sus subordinados.
Miembros de los servicios de inteligencia y del Congreso han asegurado al diario neoyorquino que el programa, cuyos detalles permanecen aún sin conocerse, se inició tras los atentados del 11-S pero nunca llegó a estar completamente operativo; sólo se realizaron labores de planificación y entrenamientos desde 2001 hasta 2009. Además, han señalado que ese plan antiterrorista no está relacionado con el controvertido programa de interrogatorios.
El rotativo recuerda que en los meses siguientes a los atentados contra las torres gemelas, ante el temor a un nuevo atentado de Al Qaeda, los dirigentes de los servicios de inteligencia norteamericanos propusieron medidas radicales para evitar ataques.
De los principales dirigentes de la Administración del ex presidente George W. Bush, Cheney ha sido siempre uno de los mayores defensores de las técnicas de interrogatorios utilizadas por la CIA en la lucha contra el terror y posiblemente el más crítico con el Ejecutivo de Obama por revelar algunos de los métodos utilizados, como el waterboarding o ahogamiento simulado. Hasta ahora siempre ha defendido que la revelación de estas técnicas de interrogatorios podría poner en peligro la seguridad nacional.
El periódico neoyorquino asegura que trató de ponerse en contacto con Cheney a través de sus familiares para preguntarle al respecto, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Un portavoz de la CIA, Paul Gimigliano, no quiso hablar sobre la posible implicación de Cheney y se limitó a señalar que “cuando un agente de la CIA trasladó esa información a Panetta, lo hizo recomendando que fuese compartida apropiadamente con el Congreso”.
Las leyes estadounidenses exigen al presidente de Estados Unidos que se asegure de que los comités de inteligencia de la Cámara de representantes y del Senado están “plenamente informados” sobre las actividades realizadas por los servicios de inteligencia. Que las autoridades desconociesen la existencia de este programa durante ocho años por deseo expreso de Cheney, señala The New York Times, aumenta el misterio que gira en torno a él y sugiere que la Administración Bush habría dado alta prioridad al programa y a mantenerlo en secreto.
El Pais