SSP-DF garantiza respetar derechos de conductores

La policía capitalina insistió en que los operativos de revisión para combatir el robo de automóviles no son retenes e invitó a que personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asista para verificar que se respetan las garantías individuales de todos los conductores.
Ante algunas opiniones que manifestaban su preocupación porque se establecieran retenes policíacos en la ciudad de México, la policía capitalina organizó ayer un recorrido con los medios de comunicación para demostrar que se trata de revisiones en movimiento, no en un punto estático como muchos creen, para detectar automóviles que circulan con irregularidades como son vidrios polarizados, placas sobrepuestas o sin ellas.
El director ejecutivo en Benito Juárez de la SSP-DF, Martín Manzo Estrada, explicó que esa demarcación ocupa el cuarto lugar entre las 16 delegaciones, en la incidencia de robo de automóviles, detrás de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y la Cuauhtémoc.
En su momento, el jefe de la policía capialina, Manuel Mondragón, dijo que al día se reporta el robo de entre 72 y 74 automóviles en la ciudad de México.
Durante el recorrido en el sector Nápoles de la tercera etapa de acción preventiva contra el robo de vehículos, la policía capitalina detuvo para una revisión a tres conductores.
Uno de ellos fue un taxi aparentemente con placas remarcadas, además de que no tenía tarjetón y con otras irregularidades que lo señalan como pirata.
En ese sentido, Manzo Estrada señaló la importancia de detectar esas inconsistencias pues se ha descubierto que el 80% de los asaltos en taxis de alquiler se da en los piratas.
María Elena Alegría, directora General de Derechos Humanos de la SSP-DF indicó que ante la preocupación acerca de que estas acciones sean violatorias de las garantías individuales, tiene instrucciones precisas del secretario Manuel Mondragón de invitar a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que constate que no existen violaciones en los derechos de los automovilistas.
Dentro del operativo de la policía capitalina contra del robo de vehículos, se contempla revisar a aquellos donde se sospeche que viaja gente armada, por ejemplo, los escoltas.
La SSP-DF asignó 743 elementos para este operativo, que también pueden marcar el alto a los conductores de motocicletas que no tengan placas; aquellos automovilistas que conduzcan a exceso de velocidad o que incumplan con cualquier norma de tránsito.
Además de aquellos vehículos que hayan sido reportados por los capitalinos a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal y que presuntamente hayan participado en ilícitos. (EL UNIVERSAL)

La Corte “cierra” los expedientes de PGR

La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo “porque avala el estado de opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la Comisión”.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “se trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más”.
Criticó a los ministros que se dicen defensores de las garantías individuales, pero “se achican a la primera sentencia”.
El especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las investigaciones a funcionarios.
Agregó que las solicitudes de la CNDH en ningún momento pueden poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la Comisión usa los datos sólo para determinar si algún funcionario de la PGR cometió o no violaciones de garantías.
“La CNDH en ningún momento difunde la información que le da la PGR, ya que la mantiene en reserva”, explicó.
Afirmar que la CNDH puede divulgarla es como atribuirle conductas criminales, consideró Carbonell.
La Comisión argumentó que la dependencia federal busca impedir que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por la PGR dentro de la lucha contra el crimen organizado.
Pero la mayoría de los ministros llegaron a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
Los ministros que no validaron el cambio legal (José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia) coincidieron en que se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos. “Quedarán indefensos quienes sufran maltratos en los que esté involucrada la PGR”, advirtieron. (EL UNIVERSAL)

México encubre violaciones de militares: HRW

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ante el consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su quinto informe sobre México, en el que acusa al estado de encubrir a militares presuntamente violadores de derechos humanos, pues sólo hay una condena por estos actos.
El informe de la Organización No Gubernamental (ONG) dice que “es decepcionante que México haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.
HRW señala que en la llamada lucha contra el narcotráfico “se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares”.
Dentro del documento publicado la noche del lunes por la organización se señala que entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió tres mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y que en al menos 38 de estos casos los responsables de los abusos fueron militares.
Y sólo tres elementos castrenses han sido condenados por violaciones a derechos humanos, a pesar de que el gobierno de México informó de seis. Pero HRW especifica que “sin embargo, una de estas condenas estuvo relacionada con un accidente automovilístico y otra fue revertida por un tribunal militar de apelación.
Por lo tanto, hay solamente un caso que constituye una condena por violaciones de derechos humanos”.
Este caso es el de un soldado que fue condenado a 9 meses de prisión por haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar.
La ONG señala que el “origen de la impunidad” viene de “el Secretario de la Defensa (Guillermo Galván) ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares” en el país.
Ante este panorama, HRW recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar para que “en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”. (EL UNIVERSAL)

Liberados, 674 indígenas recluidos: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 674 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas que estaban recluidas en penales del país fueron liberadas mediante el recurso de libertad anticipada.
De los mil 179 casos que el organismo presentó ante las autoridades judiciales en 2009 para obtener la libertad anticipada o condicionada, se obtuvieron resultados positivos para 72 hombres y 25 mujeres que cumplían sentencias del fuero federal, y para 18 mujeres y 559 varones que estaban sentenciados bajo el fuero común.
Los 674 indígenas liberados pertenecen a las etnias Cora, Chianteco, Chol, Maya, Mixteco, Mayo, Náhuatl y Huichol, entre otras, mismos que recibieron el certificado que tramitó ante las autoridades competentes el Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada de la CNDH.
La libertad anticipada o condicionada al cumplimiento de requisitos legales, entre ellos la acreditación de buena conducta durante la reclusión, es un recurso establecido por las leyes mexicanas en favor de quienes han delinquido por primer vez.
En el caso del fuero federal, los beneficios legales obtenidos, dijo la CNDH, son producto del convenio de colaboración que la CNDH firmó en 1999 con la ahora Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Defensoría Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (EL UNIVERSAL)

CNDH exige castigar a asesinos de periodista de Sinaloa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a las autoridades asumir la responsabilidad de hacer respetar el derecho a la libertad de expresión, luego de la muerte del periodista José Luis Romero, reportero del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa.
La CNDH señaló que con este asesinato se elevó a 59 a lista de comunicadores asesinados, crimen que la Comisión lamenta y deplora. Por lo que exige a las autoridades dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
En un comunicado difundió que mediante su Quinta Visitaduría General la CNDH investigaba desde el pasado 30 de diciembre el homicidio de José Luis Romero.
“Entrevistó a funcionarios de la procuraduría local, directivos de la estación radiofónica en que trabajaba y familiares del comunicador”, señala.
Del año 2000 a la fecha se tienen registradas 59 muertes, 8 desapariciones de comunicadores y 7 atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación.
El organismo también da seguimiento a casos recientes como el homicidio de Alberto Velázquez, del periódico Expresiones de Tulum, en Quintana Roo, y la presunta violación a la libertad de expresión mediante citatorio de la Procuraduría General del Estado de Guerrero al director general del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio. (EL UNIVERSAL)

La Arquidiócesis pide el retiro del Ejército

El gobierno federal debería valorar el retiro del Ejército de la lucha contra el crimen organizado y crear una policía más eficaz para combatir ese flagelo, dijo ayer el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
Mencionó que las autoridades no cuentan con los elementos para sustituir a las Fuerzas Armadas. “Y desgraciadamente se está incurriendo en violaciones a los derechos humanos”, agregó.
El religioso comentó que esta situación debe ser considerada por la actual administración: “Antes que todo están las garantías individuales de las personas”, afirmó el vocero.
Ayer en Durango se registraron dos ataques con granadas contra las oficinas de Seguridad Pública municipal y contra un inmueble que ocupaba la Procuraduría de Justicia del estado.
El comandante de la décima zona militar, Moisés Melo García, informó que tres sujetos a pie lanzaron ocho granadas contra los dos edificios.
Los atentados ocurrieron en la capital estatal alrededor de las 16:00 horas, con diferencia de 15 minutos. Las explosiones dejaron tres policías con heridas leves y daños materiales.
El sábado pasado, un comando armado también atacó las instalaciones de la Policía federal en Uruapan, Michoacán, lo que dejó tres policías heridos, uno de ellos de la corporación municipal. (EL UNIVERSAL)

Amnistía: militares violan derechos

Un informe de Amnistía Internacional (AI) que documenta niveles “escandalosos” de violaciones a derechos humanos cometidas por militares tuvo una pronta respuesta de la Secretaría de Gobernación que lo consideró únicamente “dichos y percepciones” sin sustento.
El informe del organismo dedicado a México menciona que los abusos del Ejército son “frecuentes”, y en algunas zonas “habituales” y “rutinarios”.
En un mensaje, la directora adjunta del programa América de AI, Kerrie Howard, afirma que hay “un preocupante patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operativos de seguridad, abusos que las autoridades de México niegan e ignoran”.
Al presentar el documento “México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, Alberto Herrera, representante de AI en el país, convocó a una movilización internacional de las secciones de ese organismo para manifestarse ante las representaciones mexicanas en 150 países para expresar su “consternación” por la violencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Sobre el tema, el presidente Felipe Calderón dijo que la criminalidad no se resolverá por “arte de magia” y, por ello, declinó escuchar “voces ingenuas” que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que se reunió con el secretario de la Defensa para garantizar que el combate a la delincuencia se realice dentro de la ley.
En entrevista, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comentó: “Frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos. Que donde haya evidencia se procederá en su contra porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente”.
Ayer y el lunes EL UNIVERSAL presentó investigaciones de organismos no gubernamentales y testimonios de víctimas que sufrieron abusos militares en Tijuana y en Ciudad Juárez. ( Tomado de El Universal)

Ciudad Juárez: el dolor por los abusos

Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.
“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.
El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.
Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.
La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.
En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.
El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.
“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.
Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.
La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.
De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.
“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.
Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.
En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.
Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.
El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.
La ciudad se ha nutrido durante dos años de este tipo de historias de “limpieza”. El desconsuelo ciudadano aumenta porque hasta ahora ningún funcionario ha sido castigado por los delitos que comete, dice Hugo Almada, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembro del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social AC.
“Cuando miles de ciudadanos son testigos de cómo se cometen excesos y no existe castigo ni voluntad siquiera de las autoridades para admitir tales ilegalidades, es muy difícil guardar algún tipo de esperanza”. Por el contrario, quienes señalan los excesos son acusados de ser cómplices de los narcotraficantes.
“Los señalamientos en su mayoría son ciertos y están documentados. Pero la posibilidad de que te acusen de trabajar para intereses de alguna organización criminal es grande; con ello descalifican o pretenden descalificar los señalamientos en contra”.
La política de rechazo a cualquier señalamiento en contra de la Operación Conjunta nace desde las más altas instancias de gobierno.
A mediados de noviembre, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, culpó a los juarenses de su situación. “La ola de violencia por la que atraviesa Juárez se debe atribuir a la apertura que algunos sectores sociales dieron a los negocios ‘lícitos’ del crimen organizado y a las relaciones de ‘cooperación’ con grupos delincuenciales que ahora se vuelven en contra de la ciudad”, declaró el 19 de noviembre.
Gómez Mont jamás hizo mención de excesos de las fuerzas federales, a pesar de las constantes denuncias, muchas presentadas ante el Ministerio Público.
En marzo, unos 50 agentes de la Policía Federal fueron acusados formalmente de extorsión por vendedores de autos usados y yonkeros de una zona comercial conocida como La Curva.
Los oficiales exigieron mil dólares a cada comerciante. La extorsión fue atestiguada por reporteros de un diario local que circunstancialmente entrevistaban a uno de los vendedores. Semanas después, sólo uno de los oficiales fue presentado ante el Ministerio Público.
Quienes han hecho señalamientos directos en contra de las fuerzas federales por lo regular son amedrentados mediante llamadas telefónicas, dice el visitador Gustavo de la Rosa. Esa es la causa predominante para que muchos de los afectados guarden silencio.
“Está cabrón, porque el mensaje es muy claro: si tú te atreves a denunciarme, te irá mal. ¿Qué se puede hacer cuando un sistema opera de tal forma para reprimir a una sociedad?”.
En julio, Javier González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL que jueces y ministerios públicos fabricaban juicios a inculpados presentados por los militares, así fueran inocentes.
Eran las tres de la madrugada del 11 de junio de 2008 cuando un comando de soldados irrumpió en la casa de Yolanda. “Estuvieron esculcando, vaciaron el refrigerador y encontraron mil 800 pesos en la mochila de mi hijo. En la casa no encontraron droga ni armas, pero de todas formas se llevaron a mi esposo”.
En el exterior, uno de sus hijos escuchó cuando un militar le decía al jefe del grupo: “No les encontramos nada, ¿para qué nos lo llevamos?”, a lo que el mando contestó: “Después vemos qué hacemos con él, algo ha de saber”.
Jesús fue presentado ante el Ministerio Público federal el 15 de junio. El parte militar reportó que el arresto se realizó el 14 de junio y que le decomisaron 3 kilos 200 gramos de mariguana.
En su denuncia Yolanda señala que su esposo estuvo incomunicado tres días en los que fue brutalmente golpeado. Sostiene que los vecinos del barrio fueron testigos de la detención militar. Sin embargo, a Jesús se le acusa de portación de drogas cuando en su casa no se encontró nada.
Hasta el 15 de septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Quejas documentaron mil 200 quejas por cateos ilegales del Ejército como parte del Operativo Conjunto Chihuahua.
Adicionalmente mantienen abiertas investigaciones por presunta participación de militares en la muerte y desaparición de 21 personas —20 hombres y una mujer—, todos menores de 35 años. Entre ellos están dos hombres que desaparecieron el 31 de enero de 2009.
En la última comunicación de Carlos con su novia, éste le comentó que iba a encontrarse con unos militares que tenían retenido a un hombre por portación de mariguana y que le estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, señala el expediente.
Carlos, en su calidad de gestor, intervendría legalmente en el caso. Pero su compañera sentimental, quien pide el anonimato por seguridad, señala que desde las 13:00 horas de ese día no ha vuelto a saber nada de él.
Un hombre, quien se identificó como Delta, denunció que en el cuartel militar, en la calle Barranco Azul, había dos detenidos muy golpeados quienes prácticamente no podían moverse. La descripción de estas dos personas coincide con la de Carlos y su amigo.
Mediante una llamada telefónica, Delta señaló que sentía lástima por las dos personas porque llevaban días sometidos a constantes interrogatorios y torturas. “Por favor traten de hacer algo por ellos”, dijo. Carlos y su amigo continúan desaparecidos. (El Universal)

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