La juventud construye un mejor país: Ney González

El Encuentro de la Juventud Trabajadora, en la que participan representantes de la mayoría de los estados del país, así como de Venezuela y Cuba, se realiza en la Riviera Nayarit
Por tal motivo, los 125 participantes, – encabezados por los jóvenes del Sindicato Único de Trabajadores la Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM)-, recibieron el saludo del Gobernador Ney González Sánchez.
El mandatario estatal asistió, acompañado de su esposa, señora Charo Mejía, a la reunión que tiene como sede el Hotel Marival de Nuevo Vallarta, en la Riviera Nayarit, y que concluirá este 31 de octubre.
Contándose con la presencia de la dirigente del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez, y del Presidente de la Universidad de Trabajadores de América Latina, Eduardo García Moure, el gobernante manifestó su deseo de que, con el esfuerzo de la juventud, se siembre una semilla para construir un mejor país a través del servicio público, “y México pueda encontrar el camino a eso que el Presidente de la República nos convoca: ser un México Triunfador”.
Manifestó que cuando el Presidente de la República dice: un México triunfador, cada Gobernador lo puede adaptar a su estado; “nosotros, en Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo dice: un Nayarit primer lugar, un Nayarit fuerte y sano”, pero no solamente en la salud de la gente, sino en la salud del campo, de los ríos, arroyos y el aire.
Ney González también exhortó a los trabajadores sindicalizados a capacitarse cada vez más para servir mejor a su estado y al país; e igualmente, a que aprendan inglés, para lo cual los invitó a que cuando se les convoque a un segundo encuentro, ya hablen ese idioma.
Para lograr eso, el Gobernador Ney González les informó que a través de Águeda Galicia, les va a hacer llegar un curso de ingles multimedia, autodidacta, que viene organizado en 14 discos DVD, anuncio por el cual recibió una cerrada ovación de parte de todos los presentes, en señal de aprobación.
No es un cursillo –aclaró-, sino un curso que se mandó producir para quienes aspiran a ser más de lo que son ahora, “para ganar más de lo que ganan ahora y, en el caso de nosotros, como servidores públicos, para ser mejores que lo que somos ahora; ese es mi mensaje”, les dijo el mandatario nayarita.
Por su parte, la dirigente del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, manifestó a los jóvenes que no se deben cansar de prepararse “porque en el futuro nuestras organizaciones necesitan gente que no sea improvisada, gente que ya esté preparada para asumir esa responsabilidad; los tiempos están cada vez mas difíciles, y se ocupa gente preparada, que sienta el sindicalismo, que lo ame, y que tenga la vocación para servir a los demás”.
“Esta crisis no ha pegado tanto en Nayarit gracias a que la gente viene a esta zona de la Riviera Nayarit y encuentra trabajo”, abundó, y agregó que la Riviera Nayarit le está proporcionando una extraordinaria proyección al estado, gracias a la promoción que realiza el Gobernador Ney González.
“En el estado de Nayarit, a diferencia de los demás estados, nos va bien, sobre todo por el gran optimismo que tiene el Gobernador Ney González para sacar adelante a nuestro estado”, abundó Águeda Galicia, quien reconoció el gran esfuerzo del Ejecutivo Estatal “por dar repuestas satisfactorias a nuestras demandas”.
Galicia Jiménez precisó que pese a que Nayarit es uno de los estados más chicos del país y que antes vivía solamente de la agricultura, gracias a la visión del mandatario estatal, Ney González, ahora ha alcanzado una posición muy importante en el ámbito nacional.

Chávez prepara una ‘ley mordaza’ para castigar a la prensa crítica

El Gobierno que preside Hugo Chávez prepara una nueva ley mordaza contra la prensa crítica. El proyecto, llamado Ley Especial de Delitos Mediáticos, prevé penas de cárcel para aquellos medios que atenten contra la “estabilidad” de las instituciones, la “paz social” o la “moral pública”.
Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra “la estabilidad de las instituciones del Estado”, “la paz social, la seguridad e independencia de la nación”, la “salud mental o moral pública” y el “orden público”, o que “generen sensación de impunidad o de inseguridad” entre la población.
Casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores nacionales independientes, los artistas o “cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza”, dice el artículo séptimo del proyecto de ley. También se incluyen en este artículo los propietarios y directivos de medios de comunicación.
El artículo 5 es particularmente severo al castigar el delito que define como “divulgación de noticias falsas” que ocasionen “una gran alteración a la tranquilidad pública” o “hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado”. Para las personas y los dueños de medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que “manipulen” o “tergiversen” una noticia, “generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad”,
La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia. Pero sólo en el último año el Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha señalado de “falsas”, “interesadas” o “manipuladas” noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico y de la corrupción en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.
Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla dos nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare en el anonimato podrían ser castigados con penas de seis meses a tres años de prisión, según el artículo 7 del proyecto de ley. Y aquellos que omitan de manera voluntaria o injustificada si podrían ir a la cárcel, por espacio de dos a cuatro años, según el artículo 10.
“¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?”, se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado difundido el jueves. “¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿La cifra sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso”. Para el gremio, dice el documento, este proyecto está enmarcado “dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio”. El cerco contra 285 emisoras de radio y televisión que, a finales de junio, fueron amenazadas por el Gobierno con el cierre; el anuncio de reformas a la Ley de Ejercicio del Periodismo; y la criminalización de la disidencia política, sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La organización francesa Reporteros Sin Fronteras también ha denunciado que modificaciones legislativas como ésta que hoy se promueven en Venezuela constituyen una “cruzada” del Gobierno de Hugo Chávez contra los medios de comunicación privados.
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela -varios de ellos periodistas, que proyectaron su carrera política a través de encendidas denuncias- no comparten la opinión del gremio. Este jueves, varios de ellos gritaron “vivas” y aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en señal inequívoca de su disposición a aprobar la ley antes de fin de año. Hace una semana, el presidente Hugo Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que antes de diciembre -y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la que el oficialismo tiene mayoría- debía aprobar un conjunto de leyes “revolucionarias” y derogar las “contrarrevolucionarias” que impiden que el socialismo del siglo XXI avance. “¡Leyes revolucionarias, inexorables!”, pidió Chávez, para “terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano”. La Ley Especial de Delitos Mediáticos es una de ellas.
La principal asociación de periodistas americana condena “el golpe a la democracia en Venezuela”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” en Venezuela, al calificarlo como un “devastador golpe contra lo que queda de democracia”. La SIP considera que es “un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural”.
“El gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa”, para lo cual, éstos ya están regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, ha dicho Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el “hostigamiento” contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico, se incluyen en las acciones oficialistas, según la SIP.
El País

Zelaya regresa a Nicaragua tras pisar suelo hondureño

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha regresado este viernes a Nicaragua después de pasar un par de horas en territorio hondureño, junto a la línea divisoria entre ambos países en el paso de Las Manos, a unos 100 kilómetros al sureste de Tegucigalpa.
Simpatizantes del mandatario derrocado formaron una cadena humana para protegerlo de las fuerzas de seguridad hondureñas que esperaban apostadas en las carreteras que dan acceso a los puestos fronterizos. Rodeado de cámaras de televisión, hablando por teléfono móvil y acompañado de decenas de seguidores, Manuel Zelaya pasó bajo la cadena que marca la línea fronteriza entre los dos países, sujetándola en señal de triunfo, y tras dar un par de pasos en territorio hondureño se detuvo por “respeto a los principios” de los militares, según afirmó a la prensa.
Mientras cruzaba la frontera, el mandatario declaró que sólo estaba defendiendo sus derechos y que “los señores que están en esta actitud deben bajar sus fusiles y dialogar”. “Yo creo que en el mundo está en riesgo el sistema democrático y no debemos ceder en este campo”, aseguró Zelaya.
Centenares de militares esperaban al ex presidente en la frontera para ejecutar las órdenes del presidente de facto, Roberto Micheletti, quien había amenazado a Zelaya con detenerlo si regresaba a Honduras. Micheletti pidió al mandatario depuesto que desistiese de su propósito porque ocasionaría más violencia en el país, y este jueves ordenó el toque de queda en las inmediaciones de la frontera para impedir que los simpatizantes de Zelaya acudiesen a su encuentro.
Zelaya llegó al paso de Las Manos procedente de Managua con una caravana de 30 vehículos. A su lado viajaba el ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata del segundo intento de entrada tras el del pasado 5 de julio cuando la Aviación civil hondureña impidió que su avión aterrizase en el aeropuerto de Tegucigalpa.
Un herido de bala
Los choques entre el Ejército hondureño y las decenas de simpatizantes de Zelaya que le acompañaban provocaron, según algunas informaciones, al menos un herido de bala. Uno de los manifestantes, citado por la cadena Venezolana de Televisión, afirma que estos fueron “desalojados con bombas lacrimógenas, motos y represiones por parte la policía militar”, que empezó a disparar “sin motivo alguno, ocasionando un herido de bala en la oreja”.
Marchas contrarias a Zelaya
Mientras el presidente depuesto se encontraba en el puesto de Las Manos, miles de hondureños contrarios a él celebraban este viernes una masiva marcha en la ciudad norteña de San Pedro Sula para rechazar su regreso al país y en defensa de “la paz y la democracia”.
“No queremos la imposición de un ex presidente que está inhabilitado políticamente y que violó la Constitución”, declararon sus organizadores. Las cifras oficiales facilitadas por la gobernadora del norteño departamento de Cortés, Sandra Hernández, calculan que en la manifestación participaron “más de 40.000 personas”.
Diálogo roto
El viaje de Zelaya se ha producido después de que sus representantes dieran el miércoles por fracasadas las negociaciones auspiciadas por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que había presentado un plan que incluía la reposición de Zelaya como presidente de un Gobierno de unidad y la celebración de elecciones en octubre. Micheletti ha asegurado en una entrevista publicada este viernes por el diario chileno La Tercera que está dispuesto a abandonar el Gobierno para facilitar uno de unidad, pero rechaza de plano a que sea Zelaya quien lo dirija.
El País

Chávez apunta a la propiedad privada

La publicidad consume cada vez más segundos del programa televisivo dominical del presidente venezolano, Hugo Chávez, desde que se ha propuesto hacerse con el control de los medios de producción del país, bien creando “empresas de producción social” o confiscando empresas privadas “capitalistas”. “Tome refresco de Uvita para ser padre a los 100 años”. “El que no tenga un Vergatario [teléfono móvil fabricado por la telefónica estatal, nacionalizada hace dos años] es un cero a la izquierda”. “Use el Guayuquito [un pañal desechable fabricado por el Estado] para que se vea el carajito [niño] más bonito”.
El Gobierno venezolano ha emprendido un viraje hacia la economía socialista y el último paso ha desatado todas las alarmas: se trata del proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada.
En el último año, Chávez ha convertido a más de 12.000 firmas contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela en “empresas de producción social”, gracias a la entrada en vigor de una nueva Ley de Contrataciones Públicas y a la aprobación, en mayo de este año, de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos. Por decreto o mediante expropiaciones, el presidente venezolano también ha ordenado la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y la ganadería. Su última gran compra fue la de la filial venezolana del Banco Santander, que otorga al Estado el dominio del 25% de las captaciones de la banca nacional.
Si bien la Constitución establece la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública y expropie una propiedad, la revolución desea ir más allá en los supuestos que justifican la medida. El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta al Gobierno a “declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población”. El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo “podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización”, de los bienes “cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo”.
El proyecto ha despertado una gran inquietud. Las encuestas recientes, incluso las encargadas por el Gobierno, reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.
Ante la presión de la opinión pública, la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, que está a cargo de la redacción de la ley, ha elaborado decenas de proyectos: un total exacto de 42, según el diputado chavista Ulises Daal, coordinador del equipo técnico que trabaja esta materia. Pero en todos hay un espíritu que se mantiene: “En la medida que empresas no cumplan su verdadero objetivo de participar activamente en el proceso económico, (…) claro que el Estado estará en la obligación de tomar los correctivos para encauzarlas, por cualquier vía, para que respondan a los intereses de la población venezolana”, dijo el 28 de junio el diputado Daal, en una entrevista al diario caraqueño El Universal. “Vamos a transitar un largo trecho con la propiedad privada capitalista y en el transcurrir del tiempo la idea es que todos los medios de producción sean socializados”, agregó. En lugar de burócratas burgueses, serían los propios trabajadores -agrupados en “unidades de producción socialista” y dirigidos y financiados por el Ejecutivo- los que se harían cargo de la dirección de las fábricas.
Los redactores del proyecto también han hecho una lectura bastante literal de la idea de crear “ejércitos industriales”, planteada por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Además de “asumir el compromiso del trabajo productivo por la patria” y de “formarse técnicamente para el manejo de las empresas socialistas”, el proyecto de ley establece que será deber de los trabajadores “formarse militarmente para la defensa de la soberanía nacional”.
La nómina petrolera debería ir a la vanguardia de este ejército, en caso de que a los marines estadounidenses se les ocurra desembarcar en puertos venezolanos. Lo ha dicho el presidente de Petróleos de Venezuela y, a su vez, ministro de Energía, Rafael Ramírez. “El comandante Chávez ha hecho un llamado a que los trabajadores se incorporen en la milicia nacional. Tienen que estar los trabajadores porque es importante que sepan los enemigos de la revolución, el imperialismo norteamericano, que la industria petrolera está al servicio de nuestro pueblo. No vamos a permitir que nos la quiten”, arengó el ministro a sus empleados, durante el primer encuentro nacional de Comités Socialistas de Trabajadores de la industria petrolera, que se realizó el martes en el Estado de Zulia.
Pero esa clase obrera “revolucionaria” llamada a conducir las industrias no ha crecido al mismo ritmo que el capital de este Estado petrolero. A pesar de los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución no ha logrado, en 10 años, hacerse con una base sindical sólida, y las reivindicaciones laborales en el sector público, desde el magisterio hasta los petroleros, están a la orden del día.
Por eso, para cerrar el círculo, el Gobierno también se ha planteado sustituir a los sindicatos por “comités socialistas de trabajadores” con los que el Estado-patrón sí estaría en disposición de negociar contratos y salarios. Una figura a la que también se refirió el martes el ministro Ramírez: “Los comités socialistas son una línea del comandante Chávez, son una línea de nuestro partido. No puede haber ninguna empresa bajo control estatal que no tenga comité socialista. Quien no tenga comité socialista es sospechoso de estar conspirando contra esta revolución”.
El País

Chávez expropia los terrenos de la papelera irlandesa Smurfit Kappa

La “revolución agraria” y socialista de Hugo Chávez se ha cobrado ya su segunda víctima. Sólo un día después de que el presidente venezolano anunciara la expropiación de la empresa arrocera estadounidense Cargill y amenazara con hacer lo propio con Polar, la principal firma de alimentación del país, Chávez ha anunciado esta madrugada (hora española) la intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la productora de papel irlandesa Smurfit Kappa Group.
La filial que la trasnacional mantiene en el país está en el punto de mira del presidente, quien ha anunciado la nacionalización de la finca El Piñal, donde ésta cultiva eucalipto, además una segunda de 2.237 hectáreas, ambas ubicadas en el municipio Simón Planas, perteneciente al estado occidental de Lara.
“Vamos a explotar de manera racional esa madera y vamos a sembrar otras cosas allí: caraotas, maíz, sorgo, yuca, ñame..”, ha asegurado el presidente venezolano.
Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, S.A. es un grupo manufacturero que opera en el país desde 1954, donde posee una docena de instalaciones.
El País

Saramago advierte a Hugo Chávez sobre el poder

El portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura 1988, expresó hoy su congratulación con la victoria del presidente venezolano Hugo Chávez en el referendo del pasado domingo, pero le dijo “¡ojo! con el poder”.
“El poder tiene sus riesgos y la posibilidad de una gobernación larga puede hacer que se constituya una casta del poder que pierde comunicación con el pueblo”, precisó Saramago en diálogo con Radio Cadena Nacional (RCN) de Colombia.
Aunque admitió que no tiene la información suficiente sobre Venezuela, el novelista precisó que “le diría al presidente (Hugo) Chávez que ¡ojo! con el poder, porque hay que usarlo para la mejoría de las condiciones sociales del pueblo de venezolano”.
El autor de La caverna y El viaje del elefante explicó que no cree “que le pueda ocurrir al presidente Chávez, ojo. Pero el presidente no está solo al frente de la política de Venezuela; tiene sus colaboradores, ministros y sus asesores”.
“Ahí es donde digo, ojo, ojo, que el poder no necesita ser absoluto para corromper”, matizó el autor de El evangelio según Jesucristo, Cuadernos de lanzarote y Todos los nombres, entre otras obras.
Un 54.36 por ciento de los venezolanos votaron el domingo pasado en favor de una enmienda constitucional sobre la reelección ilimitada, lo que permitirá al presidente Hugo Chávez Frías ser candidato a un tercer mandato a partir de 2012, mientras que el 45.63 por ciento votó en contra de esa iniciativa.
El Universal