Amnistía: militares violan derechos

Un informe de Amnistía Internacional (AI) que documenta niveles “escandalosos” de violaciones a derechos humanos cometidas por militares tuvo una pronta respuesta de la Secretaría de Gobernación que lo consideró únicamente “dichos y percepciones” sin sustento.
El informe del organismo dedicado a México menciona que los abusos del Ejército son “frecuentes”, y en algunas zonas “habituales” y “rutinarios”.
En un mensaje, la directora adjunta del programa América de AI, Kerrie Howard, afirma que hay “un preocupante patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operativos de seguridad, abusos que las autoridades de México niegan e ignoran”.
Al presentar el documento “México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, Alberto Herrera, representante de AI en el país, convocó a una movilización internacional de las secciones de ese organismo para manifestarse ante las representaciones mexicanas en 150 países para expresar su “consternación” por la violencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Sobre el tema, el presidente Felipe Calderón dijo que la criminalidad no se resolverá por “arte de magia” y, por ello, declinó escuchar “voces ingenuas” que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que se reunió con el secretario de la Defensa para garantizar que el combate a la delincuencia se realice dentro de la ley.
En entrevista, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comentó: “Frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos. Que donde haya evidencia se procederá en su contra porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente”.
Ayer y el lunes EL UNIVERSAL presentó investigaciones de organismos no gubernamentales y testimonios de víctimas que sufrieron abusos militares en Tijuana y en Ciudad Juárez. ( Tomado de El Universal)

Sonora confirma ataques con granadas

Al menos seis personas lesionadas dejaron tres ataques con granadas de fragmentación ejecutados casi de manera simultanea en los municipios de Hermosillo, Navojoa y Cananea.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que los ataques se ejectaron anoche en establecimientos como restaurantes, bancos y gasolinerías.
El vocero de la PGJE, José Larrinaga Talamante, informó que elementos de las corporaciones policiacas estatal, municipal y federal, apoyados por el Ejército mexicano, resguardaron los lugares donde se reportaron los incidentes, e iniciaron con el trabajo de investigación correspondiente.
En Hermosillo, los elementos del escuadrón antibombas del Ejército acudieron a las instalaciones de la PGJE para retirar una de las granadas que no hizo explosión.
Dijo que en este ataque no se registraron personas lesionadas, únicamente se reporta el daño al acceso principal y cristalería en la fachada del edificio.
“En el caso de Navojoa, se lanzó una granada de fragmentación que hizo explosión al interior de un restaurante (Chiltepinos), ubicado en boulevard Pesqueira 720 norte, dejando 3 personas lesionadas, mismas que se reportan fuera de peligro”, indicó.
En la gasolinera ubicada en calle Rafael Cota esquina con Jalisco de la misma ciudad, ocurrió la explosión de un artefacto similar sin que se registraran lesionados.
En Cananea se reportaron tres explosiones, una en calle Cuarta entre Sonora y Pino Suarez sin lesionados, otra más en la gasolinera ubicada en Lázaro Gutiérrez y carretera a Agua Prieta donde se reportó la detonación de una granada al interior de un vehículo tipo Windstar sin placas de circulación que fue abandonado en el lugar también sin heridos.
“Por último, en una sucursal bancaria de dicha ciudad, se informó del hallazgo de una bolsa cuyo contenido sería revisado por elementos del Ejército ante la sospecha de encontrar un artefacto explosivo más”, apuntó.
Policías de diversas corporaciones y soldados del Ejército implementaron fuertes operativos de búsqueda por tierra y aire. No se tenía información respecto a personas detenidas relacionadas con estos ataques.
Hace más de dos años, el edificio de la Policía Estatal Investigadora fue escenario de una explosión causada por un granada, al igual que el desaparecido periódico Cambio-Sonora. (El Universal)

FCH pide suprimir la policía municipal

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear una comisión que revise el modelo de organización policial en el país, luego de que el presidente Felipe Calderón pidió examinar el esquema actual “para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados”.
El mandatario recordó que la sociedad civil y los gobiernos estatales han planteado la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, en muchos casos superadas por la delincuencia organizada. Calderón inauguró ayer la sesión 27 del Consejo.
Propuso analizar la posibilidad de tener cuerpos policiales “más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que los actuales”.
Calderón reconoció que las policías municipales enfrentan serias limitaciones ante el poder de intimidación del crimen, por lo que se requiere fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana.
Un diagnóstico preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública afirma que unas mil 200 corporaciones municipales no tienen más de 30 integrantes, por lo que las funciones de seguridad que cumplen podrían ser absorbidas por la policía estatal.
La dependencia estimó que el nuevo modelo, que plantea unir las aproximadamente 2 mil 100 corporaciones municipales en 32 grupos estatales, podría funcionar a más tardar en 18 meses.
El proyecto plantea la creación de policías estatales fuertes y sólidas, pero también prevé mantener en operación las corporaciones municipales sólo si cumplen esas características, pero bajo control de los cuerpos de los estados, y con la cobertura de la Policía Federal.
Los gobernadores de Tabasco, Andrés Granier; de Veracruz, Fidel Herrera, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyaron la propuesta. Recomendaron tomar en cuenta experiencias de policías unitarias exitosas, como la Montada de Canadá, los carabineros de Chile y la Nacional de España.

Demanda México Unido mayor coordinación contra el secuestro

La asociación civil México Unido contra la Delincuencia exigió a los estados del país visualizar al secuestro como un delito que no reconoce fronteras ni competencias territoriales, en donde el rehén es el ciudadano común.
Ante ello, demandó a las autoridades mayor coordinación interinstitucional para combatir y erradicar este delito, que ha posicionado a México a nivel mundial como el primero en secuestro. Por ello, “exigimos a las autoridades mayores resultados y mayor coordinación entre las distintas corporaciones, que permitan a los ciudadanos tener certeza sobre los procesos contra aquellos que infringen la ley”.
En un comunicado, la organización indicó que a un año de la tragedia ocurrida a Fernando Martí no se puede decir que la inseguridad y la delincuencia organizada hayan disminuido, específicamente en el delito de secuestro. Aseguró que de acuerdo con cifras oficiales, en los últimos
cinco años el secuestro pasó de 323 a 820 de esos ilícitos, y de agosto de 2008 a abril de 2009 se elevó nueve por ciento.
En el documento manifestó su preocupación de que en este tipo de delitos de alto impacto social han sido públicas y expuestas las deficiencias en la coordinación entre las distintas corporaciones, la cual debe existir para combatir al crimen organizado.
México Unido contra la Delincuencia confió en ese sentido en que la creación de la Cédula de Identifación Biométrica sea una herramienta efectiva que permita a las autoridades el reconocimiento pleno de los delincuentes.
Notimex

Levantan en Durango a reportero de periódico Milenio

El reportero Eliseo Barrón Hernández, especializado en la cobertura de información policíaca para Milenio La Opinion – Multimedios Laguna desde hace 11 años, fue víctima de un secuestro esta noche.
Barrón Hernández fue sustraído al término de su jornada laboral, cuando se encontraba descansando en su casa, ubicada en la Colonia Parque Hundido del municipio de Gómez Palacio, por un comando armado.
De acuerdo con las versiones de sus propios familiares, quienes acompañaban a Barrón Hernández, el grupo estaba compuesto por al menos ocho sujetos, siete de los cuales iban encapuchados.
Los sujetos levantaron al comunicador, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.
Fue la esposa del reportero quien vía telefónica informó primero a Multimedios Laguna sobre el plagio de su esposo e indicó que el comando ingresó a su vivienda a la fuerza, para luego tomar a Eliseo Barrón de los cabellos, darle varios golpes y enseguida llevárselo hasta los autos que estaban estacionados afuera de la vivienda.
Agregó que los encapuchados vestían de negro y uno de ellos la amenazó para que no los siguiera y le advirtió que no saliera de la casa.
Pese a sus gritos para que no se lo llevaran, no le hicieron caso y el grupo armado salió de la colonia sin saber qué rumbo tomaron los dos vehículos en los que viajaban.
Los hechos se registraron a las 20:05 horas y según informó la esposa de Eliseo Barrón, el grupo se transportaba al parecer en dos autos Tsuru Nissan, uno color blanco y otro color arena.
De inmediato se dio aviso a las diferentes corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, por lo cual se activó el Código Rojo y las principales entradas de Gómez Palacio a Torreón fueron blindadas.
Indicó la esposa que durante el “levantón”, uno de los sujetos encapuchados empezó a lanzar improperios en contra del reportero, a quien mientras empujaba, lo amenazaba con palabras altisonantes.
El reportero fue leantado en presencia de sus dos pequeñas hijas.
La búsqueda por la zona conurbada se llevó a cabo por policías estatales, municipales, elementos del Ejército Mexicano, así como de la Dirección Estatal de Investigación de Gómez Palacio y de la Fiscalía General de Torreón.
En los últimos días Eliseo Barrón cubrió la información del conflicto generado al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde fueron cesados por pérdida de la confianza más de 300 policías preventivos.
Milenio

La firma indeleble del crimen organizado

Hace menos de un mes, atemorizados por los secuestros y la impunidad, los habitantes de la localidad mexicana de Villanueva bloquearon caminos en protesta contra la violencia y crearon un cuerpo de vigilantes. Al municipio de Zacatecas (centro-norte) llegó el Ejército y tranquilizó a la gente, pero desde el lunes el miedo se disparó: a plena luz del día y con los militares patrullando, un comando de sicarios ejecutó al director de la policía municipal, Rómulo Madrid Olave.
Apenas unas horas antes del crimen, varios vecinos decían confiar en que los soldados impondrían el orden; incluso se mostraban dispuestos a alimentarlos, con tal de vivir en paz y seguros. Ahora, muchos de ellos se han encerrado en sus casas, porque no saben cuál será la siguiente acción de los criminales.
Prueba de que el temor entre los ciudadanos ha crecido es que un vecino de Villanueva que no se identificó dijo a un diario local: “Pareciera que es un mensaje a todo el pueblo que decidió protestar, o quizá va para las corporaciones y los militares. Con vigilancia o sin vigilancia, el crimen organizado sigue dando su firma”.
El asesinato se produjo a pesar de que los militares habían establecido una Base de Operaciones Mixtas y desarmado a la policía municipal, ante la sospecha de que algunos de sus integrantes formaban parte del problema. Menos de un mes después de la llegada de los soldados, Madrid Olave, de 41 años y sargento retirado del Ejército, cayó acribillado por 19 balas, mientras revisaba una camioneta en la puerta de su casa en Villanueva.
Los militares han sido el blanco de los sicarios en las últimas jornadas sangrientas. En el balneario de Cancún (sureste) fueron ejecutados tres militares, entre ellos el general de brigada Enrique Tello Quiñones. “Sin lugar a dudas se trató de una ejecución del crimen organizado. Se ve que los siguieron y luego los interceptaron. Los amarraron y los rafaguearon [acribillaron con ametralladora]“, dijo el procurador (fiscal) de Justicia del Estado mexicano de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez. El general Tello Quiñones fue jefe de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia (Michoacán), y un “personaje controvertido en las Fuerzas Armadas y la policía”, según Milenio Diario. El rotativo recuerda que en 1997, cuando era jefe de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, fue acusado con otros tres mandos de “la ejecución, tortura y secuestro de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires”, pero tras un proceso penal fue exonerado de las imputaciones.
Tanto en Zacatecas como en Quintana Roo se atribuyen los atentados al crimen organizado, perpetrados por sicarios de bandas de secuestradores y narcotraficantes, pero no hay detenidos ni pistas concretas.
Chihuahua, el estado más afectado
La violencia azota a México de norte a sur. En la población serrana de El Terrero, en Michoacán, un comando formado por unos 40 hombres, encapuchados y armados con rifles de asalto, pusó fin a balazos a una carrera de caballos que presenciaban unas 300 personas. Familias enteras, mujeres, hombres y niños quedaron atrapados en un enfrentamiento de bandas contrarias.
La batalla comenzó en el terreno de la pista, pero siguió en los caminos que rodean El Terrero, en los que quedaron los cuerpos sin vida de tres hombres. Hasta el momento se ignora a qué grupo pertenecen, pero se sabe que en la zona operan La Familia y Los Zetas, asesinos a sueldo de los carteles de la droga.
Según datos de la prensa mexicana, en el primer mes de 2009 han muerto ejecutados 480 mexicanos. El Estado de Chihuahua es el lugar en el que se han registrado más asesinatos de este tipo, 221. En dos años, las muertes atribuidas a sicarios o en choques de narcotraficantes con policías y militares suman 9.084.
El País