México, sin plan para Ley Arizona, acusan

GLa entrada en vigor de la Ley SB1070 puede traducirse en un desastre humanitario. En Arizona imperaría el racismo y violaciones a derechos humanos, en un estado que no tiene la capacidad de confinar a cientos de detenidos para su deportación; las familias serían separadas y el extranjero que sea forzado a regresar a su país de origen perdería todos sus bienes, advierten organizaciones civiles de Estados Unidos, líderes migrantes y grupos defensores.
Coinciden con expertos en que el gobierno de México no está preparado para enfrentar esta situación, y ni siquiera, se conoce un plan de contingencia diseñado en caso de que se aplique la norma el 29 de julio próximo. Al respecto, se consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y sus autoridades fijaron la postura: “No anticipar escenarios sobre lo que podría o no suceder”.
Otros especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares, pero no anticipan un panorama de catástrofe y creen que el gobierno mexicano tiene la capacidad para hacer frente al problema, incluyendo ofrecer trabajo a deportados.
El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración indocumentada, lo que derivó en que organizaciones civiles de Estados Unidos presentaran una demanda ante la Corte Federal y una decena de países de América Latina se sumaran con México, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, para presentar argumentos contra su aplicación ante la juez.
También el gobierno de Barack Obama la impugnó el 6 de julio, por ser anticonstitucional, ya que el tema migratorio es facultad exclusiva del gobierno federal. Aunque el riesgo de aplicarse es latente.
Demandantes: Arizona no está lista
Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), una de las que demandó al estado de Arizona con el fin de frenar la aplicación de la SB1070, explica que nada obliga a la juez de la causa a emitir su fallo antes del 29 de julio, y existe el riesgo de que entre en vigor, aunque hay confianza en que la resolución permitirá pararla, porque “jurídicamente hay un caso sólido”.
Sin embargo, advierte que si la juez falla a favor de la norma “Arizona será un estado trágico ante las acciones de discriminación contra cualquier extranjero, lo que importará en un primer momento será la apariencia, no el estatus migratorio, como motivo de detención”. El impacto es difícil de cuantificar. La ley afectará a millones de personas y no sólo al más de medio millón de indocumentados que el gobierno de Arizona asegura que están en su territorio, al aplicar el perfil racial todo el que es diferente estará bajo sospecha.
El escenario se agrava, apunta, ante posibles capturas y deportaciones masivas, pues no se sabe cuánto tiempo estarán detenidos —un día o un año—. Además, los condados y el estado no tienen la capacidad para mantener a cientos de detenidos en instalaciones antes de repatriarlos.
“Autoridades de Tucson presentaron una declaración ante la Corte de que no cuentan con la infraestructura para tener en sus centros de detención o prisiones a cientos de personas por horas o semanas, y esto también elimina las mínimas garantías de defensa de los detenidos”.
Es preocupante, dice, que “en el transcurso habrá familias separadas, los migrantes tendrán miedo de enviar a sus hijos a la escuela, no querrán ir a los hospitales ni buscar otros servicios, se interrumpirá el comercio ante el temor de la población a acudir a un negocio ante el riesgo de ser detenido, en tanto se demuestra el estatus migratorio”.
En este escenario, Espinoza-Madrigal, consideró que “ningún país está preparado para absorver el volumen de deportados y darles empleos”.
Maldef representa a 14 organizaciones, entre prestadores de servicios a la comunidad, comercios o negocios, iglesias, sindicatos laborales, defensores de derechos civiles, comunidades latinas y asiáticas, que serán afectadas por la ley. “Esperamos que la resolución salga a nuestro favor (…) uno de los argumentos jurídicos más sólidos es que la Ley Arizona no puede usurpar los poderes federales en materia de migración”, y en este sentido es similar a la que formuló ante la misma Corte Federal el Departamento de Justicia alegando la inconstitucionalidad de la ley, detalla.
La demanda de Maldef es más amplia: adiciona argumentos como el que la ley es discriminatoria y puede afectar las relaciones internacionales o exteriores, por lo que “ha sido muy importante para apoyar este litigio el que México se haya sumado a la demanda como tercera parte interesada bajo la figura de “Amigo de la Corte” y que una decena de países de la región también busquen sumarse”.
Los despojan de todo
Prisciliano Peraza, el sacerdote católico que dirige el Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, en Altar, Sonora, sostiene que el gobierno mexicano no podrá ofrecer la ayuda a todos los deportados si se aplica la SB1070, “eso no ocurre hoy, mucho menos si los regresan de forma masiva, tampoco veo que se les pueda dar trabajo y vivienda en sus lugares de origen, de los que salen por la falta de oportunidades”.
A diario su albergue atiende de 25 a 30 deportados de Nogales, Arizona. “Son los que la Patrulla Fronteriza ‘tira’ en la frontera, muchas veces golpeados, deshidratados por golpes de calor, o también dejan a menores solos y mujeres en plena madrugada, los botan sin un peso para sobrevivir, los despojan de todo”.
Ahí les dan alimentos, ropa y una tarjeta telefónica para pedir ayuda a sus familiares. Algunos se quedan tres días, pero hay quienes tardan hasta un mes y medio pues deben reunir dinero para regresar a sus lugares de origen o intentar regresar a Estados Unidos.
Micaela Saucedo, quien dirige la Casa Refugio Elvira —en Tijuana—, dice que la historia es la misma en toda la frontera. Los deportados “regresan peor que como se fueron, pues muchos así como los agarran, con lo que llevan puesto son enviados de regreso, los ahorros de su trabajo, sus propiedades, la familia se quedan del otro lado”. Eso ocurre sin que el gobierno les ofrezca protección eficiente; está convencida que mucho menos podrá hacerlo si entra en vigor la Ley Arizona.
Para Julie Contreras, comisionada de la League of United Latin American Citizens (Lulac), una de las redes de defensa de migrantes más grandes de Estados Unidos, no hay duda: “podríamos estar frente a un desastre humanitario”. El mayor riesgo es que las familias serán separadas, que los padres sean deportados y los menores queden en el desamparo, por lo que se prepara un plan de acción para darles refugio en iglesias, aunque sin duda el daño sería irreparable.
Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, indica que el mayor daño social lo resentirán los migrantes por el riesgo de ser separados de sus familias, “pero también porque perderán todo por lo que han trabajado” sus cuentas bancarias, propiedades, sin importar si tienes uno o 20 años en ese país.
Señala que podrían realizarse gestiones consulares —trámites que no son muy comunes— para hacer transferencias bancarias, cartas poder para la venta de inmuebles y que los deportados recuperaran parte de sus recursos, aunque eso requeriría de una estrategia del gobierno mexicano para enfrentar los posibles efectos de la ley SB1070, “aunque no vemos que exista un plan de contingencia”.
Urge plan de México
Elvira Arellano, quien luchó ante tribunales de EU en 2007 para impedir su deportación y fuera separada de su hijo, sabe que “el gobierno mexicano no está preparado para asistir a los paisanos que viven en Arizona, no es suficiente con saber que están los consulados, pues la experiencia nos hace no tener confianza en esas autoridades, al final cuando te botan en la frontera estás solo y sin nada”.
Enrique Morones dirigente de los Ángeles de la Frontera y José Luis Arzola, ex presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) de la Cancillería, coincidieron en que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de brindar la protección suficiente para las deportaciones que se registran actualmente sin ley SB1070, tampoco lo estará si llegan a ser masivas, por lo que se necesita diseñar una estrategia ante los posibles efectos de la ley.
El ex representante de México ante Naciones Unidas, Enrique Berruga, señala que no hay indicios de que el gobierno federal esté preparando o tenga listo “un plan B” ante el escenario planteado por los activistas. “No veo que el gobierno mexicano esté atendiendo alguno de estos temas, ni siquiera hay un pronunciamiento que diga en general: paisanos, si llegara a ponerse en vigor esta ley, sepan que tendrán la protección del Estado mexicano, que ponga un número de atención”.
Aunque José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch, reveló que el 12 de julio se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan —a petición del diplomático—, “con el propósito de conversar y prepararnos para una eventual entrada en vigor de la Ley Arizona”.
La impresión que le dejó la reunión fue que “es prioridad para México lo que esté ocurriendo en Arizona, se ha puesto las pilas y está preparado desde el punto de vista de recursos materiales y de personal de todos los consulados, que han sido reforzados, para estar muy atentos a cualquier reclamo o denuncia que se suscite y documentar casos de abuso, ante la eventual entrada en vigor de la ley”.
Reconoció que “dada la gravedad de lo que pueda ocurrir, ya que esta es una ley que no se puede implementar sin violar derechos humanos, pues se hará sobre la base de prácticas de discriminación racial, la ley no permite otro camino”, HRW analiza enviar observadores a Arizona para dar seguimiento puntual a lo que ocurra ante un problema que puede ser masivo.
Aunque René Martín Zenteno, secretario general académico del Colegio de la Frontera, indicó que no se conoce un plan de contingencia del gobierno mexicano, pero “no vislumbro un escenario catastrófico”, pues considera que la aplicación de la SB1070 será gradual y se podrán tomar medidas de protección para migrantes.
El ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño, indica que el riesgo grave de esta ley es que otros estados apliquen normas similares.
“Es factible que México sea de los pocos países que estaría en posibilidades de dar la asistencia necesaria a sus connacionales que tengan problemas, por su red de 50 consulados, y tiene una economía que es capaz de absorver un retorno que tampoco sería de cantidades industriales. Creo que México si tendría, en lo que sería el primer impacto de esta legislación, capacidad para responder. No hay que caer en el tremendismo”. (EL UNIVERSAL)

Obama delinea reforma migratoria

El presidente de EU, Barack Obama, dijo que su gobierno no ”dejará para más adelante” la tarea de reparar el sistema quebrantado de inmigración.
Obama delineó un poco más una propuesta de reforma migratoria que sería “buena para el gobierno, para los negocios y para las personas”. Para que una reforma migratoria se dieran, los ilegales deberán “cumplir con sus obligaciones, necesitan pagar impuestos y hablar inglés”, resumió el mandatario estadounidense.
En su primer discurso importante sobre el tema desde que asumió la presidencia, Obama dijo que la nueva ley antiinmigración de Arizona y las protestas que ha provocado han generado nuevas tensiones.
Obama sabe que “la reforma migratoria no pasará sin los votos de los seandores republicanos, a quienes invitó a votar por “la esperanza, por ideas superiores”.
Afirmó hoy que es necesario un sistema de inmigración para todo el país que “refleje nuestros valores como un Estado de Derecho y un país de inmigrantes” .
Obama hablaba así en un discurso para defender la necesidad de una reforma migratoria exhaustiva, que pronunció en la Facultad de Diplomacia de la Universidad Americana en Washington ante una audiencia de unas 250 personas.
Sin embargo, añadió, el palabrerío político y la intervención de intereses económicos han empantanado la reforma.
Sobre el problema de inseguridad en la frontera, dijo que ésta “es más segura hoy que hace 20 años”.
Obama había prometido que la reforma de la inmigración sería una de sus prioridades.
Con información de EFE y AP (EL UNIVERSAL)

Tropas de EU a frontera, por reclamo de FCH

El presidente Felipe Calderón confió que el envío de tropas estadounidenses a la frontera mexicana sea parte del compromiso asumido con su homólogo Barack Obama, la semana pasada durante su visita de Estado, de frenar el tráfico de armas a México y no usado para combatir la migración.
En conferencia de prensa conjunta con Stephen Harper, primer ministro de Canadá, en su primer día de visita oficial, tras una reunión bilateral, Calderón dijo que el envío de la Guardia Nacional tiene que ver, desde su perspectiva, con su exigencia de que Estados Unidos hiciera su parte para resguardar la ley del lado americano.
“Porque los problemas que tenemos de tráfico de armas, de tráfico de dinero ilegal, incluso de impunidad en la operación de los criminales desde el lado americano no estaba siendo debidamente abordado por las autoridades norteamericanas. Así que, ojalá que la presencia de la Guardia Nacional sea en los términos que convenimos con el Presidente Obama”, confió Calderón.
“Ellos se comprometieron a poner de su parte para hacer cumplir la ley del lado americano y para no utilizar, por cierto, la Guardia Nacional con fines de migración y menos de abuso, desde luego, respecto a inmigrantes”, añadió.
Calderón insistió en que “ojalá esto sea un signo de cumplimiento del compromiso del Gobierno norteamericano de detener el flujo ilegal de armas a México, de detener el tráfico de lavado de dinero hacia México y, desde luego, de frenar la impunidad con la que operan, desde el lado americano, algunos de los criminales más peligrosos que actúan y que agreden del lado mexicano”.
Para el mandatario mexicano “en la medida que se cumplan estas dos variantes, que, por un lado, la Guardia Nacional ayude al propósito común que tenemos de tener una frontera más segura, actuando desde el lado americano y, por otro lado, lo haga sin actuar y sin atentar o detener a migrantes mexicanos, me parece que podrá ser, incluso, hasta un resultado positivo si se cumplen esos objetivos tal como los hemos establecido”. (EL UNIVERSAL)

Obama envía a Guardia Nacional a la frontera

A una semana de la visita realizada por el presidente de México, Felipe Calderón, el presidente de EU, Barack Obama, ordenó ayer el despliegue de, al menos, mil 200 efectivos de la Guardia Nacional, y solicitó 500 millones de dólares en fondos adicionales para reforzar la seguridad fronteriza.
La decisión del presidente que es una forma de capitulación ante la presión del Partido Republicano de multiplicar la seguridad fronteriza, fue recibida en medio de opiniones encontradas.
Unos la califican como “la decisión más correcta”, y otros con una referencia de decepción por considerarla “insuficiente” para tratar de contener la violencia de los cárteles en la frontera.
“Aprecio el gesto del presidente, pero desde ahora adelanto que el número de tropas no van a ser suficientes”, aseguró el senador por Arizona, John McCain, al confirmar que se dispone a enviar una iniciativa para demandar el envío de 6 mil soldados para asegurar la frontera.
Apenas el 20 de abril, McCain presentó junto con su compañero de filas, el senador John Kyl, una iniciativa demandando al gobierno federal el envío de por lo menos tres mil tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a la escalada de la violencia de los cárteles de la droga en el sector fronterizo de Arizona.
McCain, quien ha radicalizado su postura sobre la inmigración indocumentada, busca restar impacto al anuncio de la Casa Blanca para no perder el momentum de su campaña a la reelección y mantener el ambiente de emergencia que ha permitido el surgimiento de iniciativas como la de Arizona, SB 1070.
Ayer trascendió que el presidente Obama ya tiene listo el recurso contra la SB 1070 y podría presentarla esta semana, según la versión ofrecida por el alcalde de Phoenix, Phil Gordon.
Pero el Departamento de Justicia de EU negó más tarde informes de que ya tiene lista una demanda para impugnar la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona, y evitó precisar cuándo haría el anuncio.
“No sé de dónde salió, y no lo puedo confirmar.
“Es la primera vez que lo escucho”, dijo a EFE una fuente del Departamento de Justicia.
La decisión de enviar a un contingente adicional de 1,200 tropas se ha conocido poco después de producirse un encuentro a puertas cerradas con el caucus del partido republicano en el Senado, donde se produjo un intenso forcejeo de pareceres y donde Obama habló de la necesidad de “seguir trabajando” para arreglar un sistema migratorio que está roto y consensuar un proyecto de reforma migratoria justo.
Los mil 200 efectivos de la Guardia Nacional se sumarán al contingente de 340 elementos que ya participan en labores de vigilancia y monitoreo de las rutas que utilizan los cárteles de la droga para ingresar a EU. (Con información de agencias) (EL UNIVERSAL)

Casa Blanca descarta pedir prohibición de armas

La Casa Blanca no se plantea impulsar un proyecto de ley en el Congreso para prohibir las armas de asalto, como pidió ayer el presidente de México, Felipe Calderón, pero considera que hay que “hacer más” para evitar que lleguen al país vecino, dijo hoy una fuente oficial.
En declaraciones a medios hispanos, el asesor principal para Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Dan Restrepo, indicó que esa prohibición “ha sido un tema que se ha hablado en todas las ocasiones en las que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido con el presidente Felipe Calderón”.Obama
“ha dejado bien claro que piensa que tenemos que hacer más para cortar el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México, y nosotros tomamos y vamos a seguir tomando pasos para hacer exactamente eso”, dijo.No obstante, subrayó el alto funcionario, la Casa Blanca “no tiene previsto impulsar un proyecto de ley en el Congreso sobre este tema”.
En su lugar, precisó, la Casa Blanca busca poner el énfasis en cortar el flujo de armas y de dinero en dirección norte-sur mediante pasos que adopten las agencias federales que tienen esa responsabilidad, como el Departamento de Seguridad Nacional.
También se pondrá el énfasis, dijo Restrepo, en “ir detrás de los que están violando las leyes actuales de Estados Unidos, que son parte del problema”.
“A eso es lo que se ha comprometido el presidente de Estados Unidos y eso es lo que estamos haciendo”, declaró el alto funcionario.
En su discurso ante el Congreso el jueves, en el segundo y último día de su visita de Estado a Washington, Calderón había pedido que se prohibieran las armas de asalto en Estados Unidos, como se hizo durante el mandato de Bill Clinton mediante una normativa que George W. Bush dejó expirar en 2004.
Calderón había indicado que esa medida era necesaria para “detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento letal a través de la frontera”.
Tan sólo en los últimos tres años, México ha incautado 75 mil pistolas y armas de alto poder, y el 80% de las que se han podido rastrear provienen de Estados Unidos.
Según apuntó entonces Calderón, el incremento de la violencia producto del narcotráfico en México ha coincidido con la derogación de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos. (EL UNIVERSAL)

Calderón llega a Washington

El presidente Felipe Calderón arribó esta noche a la capital estadounidense, para una visita de estado los días 19 y 20 mayo.
El mandatario mexicano fue recibido por el embajador de México en este país, Arturo Sarukhán, en la base militar Andrews, y al pie de la escalerilla del avión presidencial TP01 presidente Juárez, dos niños de ascendencia afroamericana entregaron un ramo de flores al presidente y a su esposa, Margarita Zavala.
Por parte de Estados Unidos estuvo presente la embajadora Capricia Penavic, jefa de protocolo.
La banda de la fuerza aérea de los Estados Unidos interpretó el himno nacional mexicano y el himno de Estados Unidos.
De acuerdo con la presidencia de la República, la cena de estado que ofrecerá mañana el presidente Barack Obama en la Casa Blanca así como el mensaje que pronunciará el presidente Felipe Calderón Hinojosa en una sesión conjunta de ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, el jueves, “son signos del reconocimiento a México como interlocutor privilegiado”.
Precisamente será en el congreso, también ante Obama donde Calderón expresará su protesta por la aprobación de ley SB1070 en el estado de Arizona, por criminalizar a los migrantes.
Otro de los principales asuntos en la agenda entre Calderón y Obama será el de la seguridad y el combate al crimen organizado. (EL UNIVERSAL)

No hay tensión por Ley Arizona: Pascual

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, negó que exista alguna tensión entre los gobiernos federales de México y su país con motivo de la ley SB 1070 promulgada en Arizona, que criminaliza a los migrantes.
No hay tensión sobre este asunto entre los dos gobiernos federales ni entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, ‘los dos creo que tenemos el mismo punto de vista’, sostuvo en una entrevista al término de la reinauguración de la planta Ford Cuautitlán.
El diplomático estadounidense recordó que la legislación SB 1070 ha sido considerada injusta por el presidente Obama, por lo que ‘tenemos que hacer lo que sea posible para analizar si se puede contestar en los medios legales’.
Insistió en que en este tema no existen diferencias entre los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, y que ‘los dos estamos trabajando por hacer lo que se debe hacer para tener una reforma de migración comprensiva en Estados Unidos’.
En cuestión de seguridad, Carlos Pascual reconoció los avances de México en el combate al crimen organizado, aunque hizo notar que no se cambia de un día para otro.
Sostuvo que en el proceso de crear capacidades y fortalecer instituciones hay que tomarse su tiempo, al igual que para construir una policía federal más capaz, fuerte, así como para mejorar los asuntos en el sistema judicial. (EL UNIVERSAL)

Ley Arizona tiene su primer demanda

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (CONLAMIC) presentó este jueves una demanda en contra de la ley estatal de Arizona SB1070, la primera referida a la polémica norma que criminaliza a los indocumentados.
“Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados” , dijo el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC.
La coalición, organización con base en Washington D.C. representa a más de 30 mil iglesias de Estados Unidos, de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe” , enfatizó Rivera, quien subrayó que el 38% de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.
La ley, promulgada el pasado viernes por la gobernadora Jan Brewe, del Partido Republicano, y cuya entrada en vigor está prevista para dentro de tres meses, ha despertado críticas e inquietud en gobiernos de países latinoamericanos, organismos internacionales y organizaciones de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos. Incluso, el presidente de EU, Barack Obama, ha dicho que está mal concebida.
“Esta es una ley estatal no sólo antiinmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos” , afirmó el reverendo.
La presentación de la primera demanda en contra de la controvertida ley estatal coincide con el anuncio hecho este miércoles por el alguacil del condado Maricopa (Arizona) , Joe Arpaio, famoso por su mano dura contra la inmigración ilegal, de que hoy iniciará un nuevo operativo en contra del crimen y la inmigración indocumentada.
“El Alguacil Arpaio es el cáncer, la mina, el centro de toda la problemática en Arizona” , afirmó Rivera.
El presidente de CONLAMIC dijo que se debe de seguir presionando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que frene las operaciones de Arpaio en Arizona. (EL UNIVERSAL)

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