Otro militar asume seguridad en García, NL

Luego de la muerte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de García, el general brigadier retirado, Arturo Esparza García, el pasado 4 de noviembre, hoy asumió otro militar la dependencia.
El alcalde del citado municipio, Jaime Rodríguez Calderón, tomo hoy protesta, durante una sesión de cabildo, al nuevo encargado de la seguridad, el general brigadier retirado, Manuel Martínez Olivares.
Destacaron que el ahora secretario de Seguridad Pública tiene una amplia experiencia en el servicio militar, ya que sirvió al Ejército Mexicano por 44 años ininterrumpidos, retirándose del servicio en 2006.
Martínez Olivares tendrá a su cargo unos 126 elementos, de los cuales 100 son oficiales de policía y 26 de Tránsito.
Rodríguez Calderón subrayó que en el municipio habrá cero tolerancia con aquellos elementos policiales que sean sorprendidos en actos de corrupción o violentando las garantías de los ciudadanos.
Asimismo, refirió que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá los ajustes necesarios que considere el nuevo titular de la corporación, en tanto que considera positivo que el Ejército mexicano continúe con los patrullajes en municipio.
Durante la toma de protesta de Martínez Olivares estuvieron presentes además los integrantes de la Comisión de Seguridad del cuerpo edilicio y los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de García.
El pasado 4 de noviembre de 2009, el secretario de Seguridad Pública de García, el general brigadier retirado del Estado Mayor Presidencial, Juan Arturo Esparza García y cuatro de sus escoltas fueron asesinados por un grupo armado, luego de un llamado del auxilio del alcalde, quien recibió amenazas en su domicilio. (EL UNIVERSAL)

Denunciar en México, una tarea peligrosa

La prensa mexicana revivió ayer las palabras que llevaron a la tumba a Benjamín Franklin Le Barón: “Aunque nos duele en el alma no vamos a pagar, preferimos ver a mi hermano muerto hoy, a que nos sigan matando a nuestros muchachos y en un año sean diez”. Así se pronunció el 3 de mayo pasado, horas después de que Érick Le Barón fuera secuestrado. Pedían un millón de dólares por él. En vez de ceder, Benjamín organizó a la comunidad mormona de la que era miembro activo, presionaron al Gobierno y, acorralados, los secuestradores cedieron… sólo para vengarse dos meses después de quien los desafió.
No pasa con cada secuestro. Pero de algunos de ellos surgen líderes que no pueden volver a su vida anterior. Tras el secuestro de su hermano, Benjamín encabezó dos luchas: la de no pagar los rescates y la de obligar a las autoridades a hacer su trabajo. Una foto en el periódico El Universal muestra a Benjamín, el pasado 1 de julio, reclamándole al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza (PRI), que el Estado proteja a quien denuncia. Quizá le pidió ayuda a la persona equivocada. Según datos del periódico Milenio, de 769 muertes violentas que hubo en México tan sólo en junio, 325 fueron en suelo chihuahuense, una extensión tan grande que podría ser un país aparte.
El mensaje de los criminales no pudo ser más explícito: la madrugada del martes derribaron las puertas y las ventanas de la casa de Benjamín Le Barón. Éste creía que eran soldados que lo iban a proteger de las amenazas que había recibido, porque iban vestidos como militares. Lo torturaron delante de sus hijos y tras llevárselo, junto con un cuñado que quiso ayudarle, dejaron una nota junto a los cuerpos asesinados: “Para que ora sí crean, va como venganza de los 25 jóvenes levantados y detenidos en Nicolás Bravo”. Firma: El General”. O sea, el narcotráfico. El crimen que ya no sólo trafica con estupefacientes sino que extorsiona y secuestra, en este caso en los alrededores de Galeana, Chihuahua, a 188 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Crímines ignorados
“El asesinato del señor Le Barón es terrible, ya que además implica que es una osadía que los ciudadanos salgamos a quejarnos de la inseguridad y a exigir que las autoridades actúen para que los criminales nos dejen de lastimar”, dice a EL PAÍS María Elena Morera, que en octubre de hace ocho años sufrió el secuestro de su esposo. Morera empezó desde entonces una cruzada para presionar a las autoridades.
Como Morera, Isabel Miranda de Wallace también vive una batalla que nunca pidió. El 11 de julio de 2005 secuestraron a su hijo Alberto. Las autoridades se desentendieron del caso, como pasa en el 99% de las ocasiones, ya que según las cifras sólo uno de cada 100 crímenes es debidamente castigado. Wallace no se conformó. En estos cuatro años ha logrado averiguar el paradero de los culpables en México y en Estados Unidos, al margen de los policías locales y federales que nunca quisieron investigar sobre el secuestro de su hijo. “El mensaje de la muerte del señor Le Barón es uno de impunidad de los criminales y de apatía e ineficacia por parte de los Gobiernos. Pero también uno de mucha valentía por parte de la sociedad”, explica por teléfono Wallace, quien reconoce que el asesinato del activista chihuahuense es un mensaje que busca generar miedo. “Pero yo ya crucé una frontera en la que ya no hay vuelta para atrás sino hasta que el país cambie”.
Wallace no volvió a ver a su hijo. Morera sí recuperó a su esposo. Sobre el mensaje que llega a los activistas con la muerte de Le Barón ella comenta: “No tengo miedo, mientras la sociedad se haga más fuerte las acciones de la criminalidad tendrán que bajar, aunque si el Estado no protege esto seguirá”.
Las noticias son que la comunidad mormona de Galeana tomará la justicia por su propia mano. Wallace y Morera, en cambio, son partidarias, a pesar de todo, de denunciar y exigir resultados. Por eso Pedro Galindo, el marido de la segunda, tras haber sido liberado grabó un anuncio de televisión en el que demanda acciones para esclarecer los al menos 500 secuestros que ocurren cada año en México. “Y si necesitan manos [ayuda])”, comenta el ex secuestrado, “les presto las mías”. Pedro Galindo muestra entonces las manos, a las que les falta cuatro dedos amputados por los secuestradores.
El País

“Si usted está viendo este mensaje, es que fui asesinado por el presidente”

“Lamentablemente, si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom, con ayuda de don Gustavo Alejos [secretario privado de la Presidencia], y del señor Gregorio Valdez [empresario vinculado al Gobierno]“. Son palabras que dejó grabadas en un vídeo el abogado muerto a tiros el pasado domingo en la capital guatemalteca, en el que responsabiliza de su fallecimiento al presidente de su país y sus más cercanos colaboradores.
La cinta, de 18 minutos de duración y supuestamente grabada por él mismo, que se reproduce en los portales de los diarios locales Prensa Libre y El Periódico, ha conmocionado a Guatemala, donde este lunes circularon cientos de copias en las exequias de Rosenberg. En ella se puede ver al abogado sentado en un escritorio explicando los motivos por los que fue ordenado su asesinato. “La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie Mussa”, ambos también asesinados a tiros el pasado 14 de abril por negarse a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural [Banco de Desarrollo Rural, de capital mixto], y que “van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente, Sandra de Colom, así como la financiación de empresas de papel utilizadas por el narcotráfico”, según una declaración escrita que dejó Rosenberg junto al vídeo.
Rosenberg, de 47 años, con una larga trayectoria en el mundo académico y asesor de varias empresas, fue asesinado el domingo en las cercanías de su residencia, en un barrio exclusivo del sur de la capital, por hombres que iban en dos vehículos no identificados. Al final del vídeo, Rosenberg hace un llamamiento al vicepresidente Rafael Espada para que sea “el primero en encabezar un movimiento para recuperar nuestra Guatemala, y hacer que se cumpla la ley con ayuda de todos los buenos guatemaltecos que le apoyan sin reservas”.
El Gobierno guatemalteco, que ha negado la implicación del presidente, habla de una “conspiración” para desestabilizar al país. “El Gobierno está dispuesto a pedir apoyo a cualquier país u otro organismo internacional para que se aclare el crimen”, ha declarado el portavoz de la Presidencia, Fernando Barillas.
El fiscal general, Amilcar Velásquez, que se ha negado a hacer comentarios sobre el testimonio de Rosenberg, ha ordenado una investigación para determinar su autenticidad.
El País

Irak inicia una nueva era en las urnas

Fronteras cerradas, dos días festivos, toque de queda de diez de la noche a cinco de la madrugada… Todo está preparado en Irak para evitar que la violencia altere las cruciales elecciones provinciales de hoy. Son las primeras desde 2005 en los que participan los suníes.

Las autoridades no quieren correr riesgos. “La seguridad aún es frágil y necesita mucho apoyo”, dice un embajador europeo. Pese a las precauciones, tres candidatos suníes fueron asesinados el jueves. Y justamente la participación de esa comunidad es clave para corregir los desequilibrios en el reparto de poder que causó su boicoteo a los comicios de 2005.
A diferencia de entonces, las calles de Bagdad aparecen festoneadas con carteles electorales y la mayoría de los candidatos han podido dar mítines. Pero las elecciones, que también van a medir la popularidad del primer ministro, Nuri al Maliki, ante las presidenciales de fin de año, ponen de relieve las dificultades que aún tiene por delante Irak. Sólo van a celebrarse en 14 de las 18 provincias. Las tres provincias kurdas, que gozan de un estatuto de autonomía especial, votarán más adelante. En una cuarta, Tamim, cuya capital es el rico centro petrolero de Kirkuk, se ha pospuesto el voto porque los kurdos, turcomanos y árabes que la habitan no han logrado acordar una fórmula de reparto del poder.
En total, 14.431 candidatos se disputan 444 escaños provinciales. Se espera que la participación de las formaciones que boicotearon las elecciones de 2005 reduzca el dominio de la coalición gubernamental (una mezcla de grupos religiosos chiíes y kurdos laicos). Entonces, la ausencia de la comunidad árabe suní (una quinta parte de la población), hizo que los resultados no reflejaran las demandas populares, en especial en provincias de población mixta como Nínive o Diyala. Luego, ese desequilibrio causó una acumulación de agravios, que han alentado la violencia sectaria que durante varios años ha mantenido a Irak al borde de la guerra civil.
La mejora de la seguridad en el último año y medio ha permitido canalizar el descontento por la vía política. El último informe del International Crisis Group (ICG), Elecciones Provinciales en Irak: Lo que está en juego, constata el surgimiento de “una nueva generación de políticos no corruptos, de formación más técnica, con una apariencia menos religiosa y una ideología más nacionalista”. De hecho, más de tres cuartas partes de los partidos y candidatos registrados son nuevos.
Un reciente artículo de dos investigadores del Washington Institute for Near East Policy destacaba que sólo 20 de las 400 listas que se presentan subrayan su carácter islámico. Incluso los candidatos del partido de Al Maliki, el islamista Al Dawa, han denominado su lista El Estado de la Ley. Y las palabras que más se repiten en las candidaturas son “independiente” (en 71 listas) o Irak y sus derivados (en 69). Aunque no está claro que se trate tanto de verdaderas alternativas como de cambios de etiqueta, la sola elección de éstas ya indica una tendencia.
La incapacidad de los consejos provinciales para proporcionar servicios básicos, como agua o electricidad, y la corrupción de muchos de sus miembros ha dejado a la población desencantada con los partidos religiosos. Aún así, “los partidos en el Gobierno se benefician de ventajas intrínsecas que harán difícil que ese severo desencanto popular se convierta en un claro repudio en las urnas”, advierte Joost Hilterman, vicedirector del programa de Oriente Próximo del ICG. “No esperamos que los resultados vayan a exigir un cambio de Gobierno”, confirma un viceministro que no esconde su deseo de ver un avance de los partidos laicos.
Pero las divisiones sectarias marcan especificidades regionales. En las provincias del sur, de mayoría árabe chií, el primer ministro intenta proyectar su reciente popularidad para lograr que los candidatos de Al Dawa ganen terreno al Consejo Supremo Islámico de Irak (CSII), que a su vez quisiera colocar a uno de los suyos al frente del Gobierno. Para ello, Al Maliki ha recurrido a las tribus, inspirado en el éxito de la experiencia estadounidense en las regiones suníes. Ese paso ha molestado tanto al partido de Abdulaziz al Hakim (que controla todos los consejos provinciales excepto Kerbala y Basora) como a sus socios kurdos, que temen una excesiva concentración de poder. Bajo esa rivalidad también subyacen dos formas distintas de entender el futuro político del país. Mientras el CSII favorece una región autónoma para el sur al estilo del Kurdistán, Al Maliki defiende un poder central fuerte.
En las provincias mayoritariamente suníes, como Al Anbar, los Consejos del Despertar creados por EE UU para hacer frente a Al Qaeda han abrazado con entusiasmo la posibilidad de reengancharse en el juego democrático. Sin embargo, los observadores han advertido un peligroso caciquismo por parte de algunas tribus.
Más preocupante parece la situación en Diyala, donde siguen dominando las divisiones sectarias y los insurgentes aún cuentan con simpatías. Allí, cada candidato sólo hace campaña en los barrios de su comunidad y los partidos laicos tienen muchas dificultades. Como en Diyala, en Mosul, la capital de Nínive y tercera ciudad del país, las elecciones no sólo decidirán la composición del consejo provincial, sino la influencia que los insurgentes van a tener en su último bastión urbano.
Las autoridades esperan una participación cercana al 70% de los 15 millones de potenciales votantes. Aún así, el entusiasmo electoral no alcanza a todos los iraquíes. Sólo 63.000 de los 2,8 millones de desplazados internos se han inscrito para ejercer el voto a distancia. “¿Qué podemos esperar de una comisión electoral etno-sectaria?”, afirma M. N., un profesor de inglés suní. Ni él ni su mujer van a votar en unas elecciones en las que no confían.

Ciudadanía llegó al límite, alertan

La muerte de Silvia Vargas, hija del ex titular de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas, a manos de sus secuestradores fue el detonante para que representantes de la sociedad civil exigieran acciones más drásticas contra la inseguridad.

Así fue como organizaciones que encabezan el movimiento Iluminemos México aceptaron la tarea de evaluar el trabajo de los jueces y fiscalizar sus sentencias mediante un Observatorio Ciudadano y coincideron en que ésa es la última oportunidad para combatir la corrupción y colusión del crimen organizado con el Estado.

La propuesta de crear el Observatorio Ciudadano fue hecha el viernes por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien reconoció que en el sector de la justicia “hay problemas de distinta magnitud” que requieren del apoyo de la sociedad para afrontarlos.

María Elena Moreira, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, afirmó que “los ciudadanos han llegado al tope y están indignados por la violencia, la corrupción y la impunidad que prevalece en el país, por lo que se supervisará con mayor contundencia el desempeño de jueces que estén a cargo de sentencias relacionadas con secuestradores, homicidas y violadores sexuales.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, comparó a México con una selva donde opera “la ley del más fuerte”, y destacó que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, 105 mexicanos han sido asesinados por sus secuestradores.