Reportan movimiento inusual de olas en Hawai

Las costas de Hawai y las islas aledañas comenzaron a registrar movimiento inusual en su oleaje, luego del sismo de 8.8 grados Richter que azotó a Chile y levantó alertas de tsunami a lo largo del Pacífico.
Reportes de medios estadounidenses informan que los primeros oleajes se aprecian ya en la Bahía de Hilo, donde la comunidad se ha trasladado a las zonas más altas como medida de prevención.
Las autoridades de Hawai desde temprano comenzaron con la evacuación de alrededor de 100 mil residentes y turistas de las zonas más bajas de las costas de la isla, pues con base a los estimado un tsunami con olas de entre tres y ocho pies de altura podría golpear esa zona.
Hace unos momentos el presidente Barack Obama pidió a los residentes de Hawai, Samoa estadounidense y Guam que sigan las instrucciones de las autoridades locales, y los exhortó a estar pendientes de grande oleaje y corrientes peligrosas.
Desde las 6am hora local comenzaron a zonas las alarmas de evacuación en las zonas más vulnerables de Hawai. Por su parte, los reportes televisivos han mostrado las playas completamente vacías. (EL UNIVERSAL)

Suramérica refuerza sus arsenales

El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el uso de siete bases militares colombianas disparó los nervios de muchos mandatarios suramericanos que hoy se verán las caras en la cumbre de Unasur, en Bariloche (Argentina). El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vislumbró “vientos de guerra” en la operación. Sin embargo, es un movimiento más en el tablero militar de la región. Mientras Bogotá y Washington ultimaban el acuerdo, Venezuela seguía apilando sus pedidos a Rusia, el Ejército ecuatoriano adquiría material en Pekín… Y Brasil confirmaba que pondrá en marcha nuevas tácticas militares para, dicen, preservar el Amazonas.
Un lustro de bonanza económica ha propiciado que los presupuestos para defensa se disparasen. Dos informes de prestigiosos centros internacionales disipan cualquier duda. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés) señaló que el gasto militar de América Latina y el Caribe aumentó un 91% entre 2003 y 2008, pasando de 24.700 millones de dólares (17.300 millones de euros) a 47.200 millones. Recientemente, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) indicó que el dinero destinado a armamento el año pasado sólo en Suramérica fue de 48.000 millones de dólares, un 6% más que en 2007, un aumento del 50% en la última década.
Tomando las cifras totales, es comprensible que las alarmas salten. El porcentaje en relación al producto interior bruto (PIB) de los países, sin embargo, no es excesivo. Los analistas advierten de la informalidad de las economías latinoamericanas a la hora de hacer cálculos. La duda está servida: ¿Existe una carrera armamentista? “En cierta medida la había hasta finales del año pasado. La crisis lo ha enfriado todo y ha ajustado las compras”, explica Diego Fleitas, director de la Asociación de Políticas Públicas argentina, quien puntualiza que una compra de armas no genera una carrera armamentista, una opinión que comparte Armen Kouyoumdjian, analista de defensa radicado en Chile. “El grueso de los presupuestos de defensa, en la gran mayoría de países, está destinado a sueldos, comida, pensiones… y si queda algo, para equipamiento, aunque no siempre bélico”.
Nadie duda de que la renovación es necesaria. Algunos ejércitos habían dejado deteriorarse su material hasta tal punto que se caía a pedazos. Pero, si sólo México y Colombia libran una guerra interna contra el narcotráfico y la guerrilla, ¿cómo se justifica que Chile tenga cientos de tanques Leopard 2, los más poderosos del sur del continente? ¿O que Venezuela haya adquirido material enormemente sofisticado?
Las tensiones regionales subyacen tras esa renovación del material bélico. Cada vez que un país se arma, el vecino anuncia nuevas adquisiciones.
El principal foco de tensión abarca una delgada línea de miles de kilómetros, la que separa Venezuela de Colombia. Caracas ha adquirido mayor cantidad de armamento y más sofisticado; Bogotá, el segundo Ejército tras Brasil, ha incrementado su gasto militar en un 142% en los últimos 10 años. El presupuesto colombiano de defensa el pasado año fue de 5.500 millones de dólares, un 13,5% mayor que en 2007.
Frente a los obuses más potentes de la región, en poder del Gobierno de Álvaro Uribe, el Ejército de Hugo Chávez no ha hecho más que comprar armamento. Una de las adquisiciones que más polémica causó fue la de 100.000 fusiles AK-103, cuyo calibre es compatible con los que utilizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las compras a Rusia, Bielorrusia, China y España han sobrepasado en apenas tres años los 4.600 millones de euros, una cifra que mañana puede quedarse corta, ya que los anuncios de nuevas adquisiciones son constantes, siempre con Rusia como principal suministrador. Los analistas no sólo dudan que vayan a concretarse; también cuestionan la utilidad que Venezuela pueda dar a, por ejemplo, 24 aviones caza Sukhoi Su-30MKV. “Es una opción muy arriesgada. Las adquisiciones van a ser tan caras de mantener que, dentro de poco, tendrá unas fuerzas armadas irrelevantes”, opina el brasileño Salvador Raza, experto en temas de seguridad.
Al margen de cualquier foco de tensión está Brasil. El Ejército más poderoso de América Latina es también quien más invierte. El año pasado desembolsó 15.500 millones de dólares, un 5% más que en 2007, según datos del SIPRI. Tomando sólo los años de mandato del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el incremento del gasto militar fue del 50%.
Según el centro de Estocolmo, los motivos que llevan a los brasileños a mejorar e incrementar su arsenal no tienen que ver con fines bélicos. Una mejora del sistema de control aéreo, preservar el Amazonas y fomentar los recursos para la extracción de petróleo son los tres principales factores que apuntan. Este último motivo propició que, con el apoyo de Francia, Brasilia vaya a construir un submarino nuclear, que estará listo dentro de 20 años. Mientras, sigue firme en su camino de consolidarse como potencia mundial. Y como argumenta Fleitas: “Para ser potencia hay que tener con qué demostrarlo”.
El País

La guerra al ‘narco’ multiplica las denuncias contra el Ejército mexicano

Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: “Pinches putas, al final es lo que les gusta…”. Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: “Ni la Virgencita te va a salvar”. En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron…
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 “crímenes atroces” cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
“Una de las principales causas”, señala el informe, “de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente”.
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?…
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. “El Gobierno federal”, explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (…) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos”. Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados… Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: “Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares”.
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: “Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas”.
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?
El País