Una colorada

Por: Lilia Cisneros Luján

Si la competencia se basa en la libertad de decisión de los participantes en el mercado, con reglas de juego claras para todos, tanto el consumidor como el productor deberían tener incentivos para obtener una ventaja, sobre los participantes en el comercio, mediante la reducción de costos y la superioridad técnica, a fin de que un mayor número de consumidores tenga acceso a los productos y servicios que necesita. En este tenor, la globalización impone retos a las empresas para adecuarse a cambios tecnológicos –incluso de información- y de producción que les den mejores oportunidades en un escenario donde el consumo parece estar por encima de los valores. El rol del estado, en tal contexto debe estar encaminado a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y, la asignación de recursos por parte de éste, será transitoria, pues en los términos de dicha corriente, la falta de liquidez u otras imperfecciones del mercado -altos costos de transacción, posiciones monopólicas, prácticas restrictivas de la libre competencia etc.- pueden ocasionar “imperfecciones”. En la búsqueda de protección al consumidor el Estado debe garantizar que la competencia además de libre, sea sana y justa, reprimiendo por ejemplo la piratería, la competencia desleal o regulando prácticas nocivas.

En esta lógica, el gobierno mexicano, decidió concesionar el manejo de los aeropuertos a diversos grupos como es el caso de ASUR (Grupo aeroportuario del sureste con nueve aeródromos entre ellos Cancún) OMA (grupo de centro Norte, con Acapulco, Monterrey y Zacatecas por citar algunos) AMP (aeropuertos mexicanos del pacífico, que tiene accionistas como FENOSA empresa española involucrada en negocios de energéticos principalmente gas y, que negoció con AUNA, también española pero principalmente de telecomunicaciones, la venta de sus activos), dejando a ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares, organismo descentralizado del gobierno, fundado hace más de 40 años) con solo 19 de los 85 que se manejan en el país, más 5 operados de forma mixta entre privados, locales y la propia ASA. Así las cosas de la competencia privada, en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, donde todas las líneas le ofrecen el servicio de “requerimientos especiales” como sería silla de ruedas para persona mayores o con algún tipo de limitación, esto servicio se ha contratado con la empresa GUZZAI.

Debemos entender que dicha compañía, que se anuncia como “corporativo de apoyo empresarial GUZZAI” y ofrece servicios complementarios aeroportuarios y aduanales, debió haber ganado la licitación por ofrecer menor precio a: ¿las compañías aeronáuticas o a las empresas administradoras de los aeropuertos? Buscando respuestas encontré que dicha empresa se anuncia en el Internet, con un domicilio en la delegación Gustavo a Madero, los teléfonos que señala son diversos de los que me ofreció uno de sus operadores y el dueño, según saben éstos- es un “señor Guzmán aunque el administrador de nombre Pedro, tiene a sus favoritos en el segundo turno” –que inicia a las 6 de la mañana- aunque de hecho entran a las 6.30 o 7 AM. Esta misma empresa, GUZZAI S.A. de CV. que también ofrece servicios de mensajería, fue incluida en el informe anual de operaciones del AICM, con un contrato de agosto del 2008 a la misma fecha del 2009 y, por lo que se nota, ha sido renovado; resolvió satisfactoriamente –despidiendo, el laudo dice mediante renuncia- a quienes pretendieron acción laboral tendiente a sindicalizarse. Los operadores de las sillas de ruedas, informan que deben pagar a la empresa una cuota de 15 pesos diarios por la utilización de dicha “herramienta tecnológica” durante su turno y que sus ingresos “por propina voluntaria” del usuario oscila entre 70 a 200 pesos por día, según el flujo de viajeros que lo requieran. Las personas entrevistadas –que por razones obvias han pedido discreción por cuanto su identidad- algunas con más de 20 años de servicios en diversas áreas del aeropuerto- explican que a la empresa que antes ofrecía estos servicios se le canceló el contrato “porque le cobraban a los viajeros” ¿se da cuenta del uso del lenguaje? ahora no se les cobra sino se les “invita a dar propina” y si Usted expresa esto a la aerolínea que le ofertó el servicio, la respuesta es –con amable sonrisa de por medio- que con la pena pero eso es un manejo del aeropuerto.

Cabe agregar -a esta “técnica de libre mercado” muy similar a la que usan los “criollos oaxaqueños” que reciben migrantes indígenas para entrar al negocio de la caridad a los que se les renta por día el acordeón reteniendo a sus hijos para que no se lo roben- la denuncia penal ampliamente documentada en los medios impresos el año pasado por un consejero de la Comisión de derechos humanos de DF, por haber sido tratado con discriminación y atentado contra su seguridad por la empresa GUZZAI S.A. de C.V. “Imperfección del mercado” dirían los teóricos, “influencias” es la explicación de los trabajadores –hoy comisionistas- que no tienen prestaciones ni seguridad en el empleo, al igual que los taxistas, o los del SAE y tantas otras ofertadoras de malos servicios sin control. ¿Podrá esto resolverse con “prácticas comerciales regulatorias”? ¿Quién responde si el viajero muere, después de haber recorrido a pie con su 85 años, marcapaso y bastón, 500 metros entre la puerta de acceso al aeropuerto y la oficina para pasajeros de necesidades especiales, buscando a la persona autorizada para solicitar la silla de ruedas? ¿Es más prudente que el acompañante lo deje esperando solo, en la acera, cuidando el equipaje, para hacer la gestión? No sabemos si la anterior empresa está o estuvo en la posibilidad de demandar a GUZZAI, por “competencia desleal” -porque obviamente los costos de ésta son menores si no tiene empleados ni paga seguro social, ni otras prestaciones- lo obvio, es la corrupción, la ausencia de un marco legal efectivo y la de organismos encargados de hacer cumplir el comportamiento de los agentes del mercado. Como este ejemplo, podemos citar miles y es ahí, donde está el verdadero fracaso de los programas de empleo y la imposibilidad de recuperar nuestra viabilidad económica.